La derrota electoral del progresismo y su materialización con la instalación del nuevo gobierno han venido generando un sinnúmero de malestares, algunos fundados y otros no tanto, entre los militantes de izquierda. Lo cierto es que los movimientos lógicos de caras y nombres son sólo el comienzo. El cambio estético en la iconografía de la Presidencia y las nuevas visibilidades mediáticas inquietan a propios y ajenos. Si bien los discursos de los nuevos jefes ministeriales mantienen una tónica conciliadora y con mínimo sesgo de reproches a las antiguas autoridades, lo que vendrá no será tan cordial.
En este sentido, la experiencia fernandina es esclarecedora: hay una clara estrategia de deslegitimación de las viejas autoridades por parte de las nuevas. El gobierno departamental de Enrique Antía, luego de haber contratado una empresa auditora sin experiencia previa (Phoenix Auditores),1 arribó a la conclusión de que habían existido hechos con apariencia delictiva en la administración del ex intendente Óscar de los Santos. Luego contrató a un estudio jurídico para la formulación de cuatro denuncias penales, las que para alcanzar un mayor efecto mediático y cobertura nacional se presentaron en el Juzgado de Crimen Organizado.23 Este, obviamente, de declaró incompetente en la materia y envió las denuncias a los juzgados con competencia penal de la ciudad de Maldonado. Pero el daño ya estaba consumado: la noticia fue cubierta por diferentes medios y se puso sobre la administración de Óscar de los Santos el mote de la corrupción. Desfilaron por el juzgado el ex intendente y varios cargos de dirección. Las denuncias fueron formuladas en 2016 y hasta hoy, de las cuatro presentadas, dos fueron archivadas sin ningún tipo de cobertura mediática sobre el archivo (léase sobre la declaración de inocencia).
La fortaleza mediática inicial de las denuncias no se compara en intensidad con la noticia del archivo. Para una gran parte de la ciudadanía fernandina, y creo que también para el ciudadano promedio uruguayo, no se ha logrado diferenciar las calidades de denunciado, de imputado (procesado) y de condenado. Esto no es ajeno a las dirigencias políticas partidarias, quienes han utilizado las denuncias como mecanismos de descrédito.
El presente para la izquierda fernandina se presenta bastante oscuro, con muy pocas chances de recuperar el sillón departamental. En la elección departamental de 2015, la diferencia a favor del Partido Nacional (PN) fue de 7.000 votos. En 2010, el Frente Amplio se impuso por más de 20.000 votos. ¿Qué sucedió de 2010 a este escenario que presenta como favorito al PN? Dos cuestiones significativas. La primera, la construcción de un relato por parte del gobierno nacionalista sobre el déficit de la administración del ex intendente De los Santos, situación que el Tribunal de Cuentas (TC) laudó a favor de la administración frenteamplista: el TC confirmó que para julio de 2015 el déficit departamental era de 43 millones de dólares, lejos de los 93 millones que denunciaba Antía, lo que no era ni más ni menos que el déficit que arrastraba la intendencia al asumir De los Santos. Sin embargo, esto último parece haber quedado en el olvido colectivo. En segundo lugar, las mencionadas denuncias penales contra De los Santos y su equipo.
El ejemplo fernandino no será ajeno al gobierno de Luis Lacalle Pou, quien sabe del daño que puede generar que los ex ministros o incluso el ex presidente o ex directores desfilen por los juzgados.
Por otra parte, la intendencia nacionalista tampoco concretó grandes obras; al contrario, inauguró obras que había encaminado la administración anterior (la ruta perimetral, el traslado del asentamiento El Placer), y más de una decisión del intendente fue criticada por clientelista, lo que permite colegir que el éxito en las encuestas radica en lo señalado anteriormente y en el fuerte blindaje mediático.
Cabe concluir que el ejemplo fernandino no será ajeno al gobierno de Luis Lacalle Pou, quien sabe del daño que puede generar que los ex ministros o incluso el ex presidente o ex directores desfilen por los juzgados. La instalación de un relato de este tipo posicionando al gobierno de izquierda frenteamplista con casos de corrupción que lo emparenten con otros progresismos regionales sería en última instancia una forma de autolegitimarse. Por ello es de esperar auditorías y denuncias. A lo que hay que agregar el polémico delito de abuso innominado de funciones (artículo 162 del Código Penal), que funciona como un cheque en blanco para el juzgador, y más aun para quien se ampare en él para denunciar.
La realidad no deja de ser una lucha de relatos: quien imponga el suyo será quien, en definitiva, corone su hegemonía. La sociedad uruguaya se encuentra dividida en dos mitades semejantes con una leve ventaja de apoyo al gobierno; el quiebre de este equilibrio podría darse por el lado de la ética pública y las denuncias podrían ser el camino. Lanzada la cacería de brujas, sólo quedaría la independencia del Poder Judicial, como resorte de las garantías individuales, pero no de la lucha por un relato hegemónico.
Gonzalo Peloche es abogado y docente universitario.