El rector de la Universidad ORT, el doctor Jorge Grunberg, publicó este mes una columna de opinión en el diario El País titulada “La nueva agenda universitaria”. Allí plantea, entre otras cosas, su preocupación porque “miles de jóvenes no pueden graduarse, ni siquiera en las universidades públicas, ya que no tienen ingresos suficientes para financiar su alimentación, vivienda, transporte y materiales de estudio”. Preocupación que es compartida por las autoridades de la Universidad de la República (Udelar), que en cada pedido presupuestal han solicitado, sin éxito, incrementos para financiar un sistema de becas que atienda estas necesidades.1

Sin embargo, ante esta problemática, Grunberg propone “revisar nuestros sistemas de financiamiento educativo para que aquellos que lo necesiten puedan estudiar en la universidad que elijan”. ¿Qué se esconde, y ni tanto, en esta frase?: la falsa “libertad de elegir” que pregona el neoliberalismo desde sus inicios. Y se pone como ejemplo el actual sistema de financiamiento de la salud, aprobado en 2007, donde, según Grunberg, cada trabajador puede “acceder a la institución [de salud] de su mayor conveniencia, independientemente de sus ingresos económicos”. Sabemos que esto es una falacia, o de lo contrario no se comprende por qué no hay colas para afiliarse al exclusivo Hospital Británico. Es que en la lógica de la salud y la educación como un negocio, el verdadero “acceso” al sistema se mide con los ingresos económicos de cada uno.

Lo que se busca en el fondo, bajo la bandera de la “libertad de elegir”, es que las universidades privadas puedan apropiarse de buena parte de los más de 100.000 estudiantes que hoy asisten a la Udelar.

Lo que se busca en el fondo, bajo la bandera de la “libertad de elegir”, no es que más estudiantes de bajos recursos puedan acceder a la educación superior y graduarse. Lo que se busca es que las universidades privadas, en su objetivo de lucro con la educación, puedan apropiarse de buena parte de los más de 100.000 estudiantes que hoy asisten a la Udelar, y hacerlo mediante el traspaso de fondos públicos, que los estudiantes “elegirán” destinar a las instituciones privadas como parte de su cuota mensual. De esta forma se logra: 1) aumentar la demanda, y por lo tanto el crecimiento de las universidades privadas, y 2) consolidar a la educación superior como un negocio, una mercancía, apartándola de la gratuidad de la educación pública estatal.

La postura de Grunberg va en consonancia con el anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) del nuevo gobierno. Allí se realizan varias modificaciones a la Ley de Educación de 2008, con el objetivo de incrementar el protagonismo de la educación privada y eliminar trabas para incorporar la educación al mercado y su correspondiente lógica empresarial. En concreto la LUC:

  1. Habilita al Estado a firmar acuerdos que “signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización” (eliminando esta prohibición del artículo 14 de la actual Ley de Educación).
  2. Suprime el Sistema Nacional de Educación Pública y lo reemplaza con una Comisión Coordinadora de la Educación. Esta se integrará, entre otros, con tres delegados de la educación privada.
  3. Mantiene el Sistema Nacional de Educación Terciaria, pero elimina de su nombre la palabra “Pública”.

Grunberg plantea además su deseo de que “las universidades y los centros de investigación funcionen con el sistema empresarial”, nuevamente en consonancia con una visión de la educación como un negocio y con las modificaciones propuestas en la LUC. Esta última establece una lógica de incentivo salarial docente, basada en cumplir “metas de política pública”, y la posibilidad de que los directores de cada centro de estudio decidan qué docente trabaja allí con base en el “compromiso con una metodología de trabajo o proyecto de centro”.

Junto con estos cambios, la LUC incrementa el poder de decisión del gobierno central en la educación, a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Los cambios introducidos implican que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), un ente que debería ser autónomo, deba “desarrollar las políticas educativas en el marco de los lineamientos generales y metas establecidos” en un Plan de Política Educativa Nacional que elaborará el gobierno a través del MEC. Es decir, se pierde totalmente la poca autonomía que le pudiera quedar a la ANEP, que se somete explícitamente a los lineamientos del MEC. Y en la dirección del MEC estará Pablo da Silveira, profesor titular de la Universidad Católica del Uruguay desde 1995, vicerrector académico hasta 2006 en dicha institución y director de su Programa de Gobierno de la Educación. Fue, a su vez, representante del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de 2008 a 2011, consejo integrado, entre otros, por el doctor Grunberg. O sea que el futuro ministro es un actor político que ha sabido representar los intereses de las universidades privadas. Es, además, un estudioso de la educación, con una propuesta de reforma educativa que buscará impulsar desde el MEC.

Su otra faceta es la de emprendedor, ya que junto al también futuro ministro Ernesto Talvi ideó la creación de la Fundación Impulso. Esta es una institución educativa de carácter público, pero de gestión privada (no estatal). En los últimos años hemos visto el crecimiento de este tipo de instituciones, tanto laicas como confesionales, destacándose el Liceo Jubilar, Impulso, Francisco y el Centro Educativo Providencia. Mediante un sistema de selección, estas instituciones captan a una parte de los estudiantes de la educación pública estatal. Sin embargo, al no cobrar matrícula, su presupuesto resulta limitado y difícilmente puedan generalizarse. Aun así cumplen un objetivo relevante para algunos: demostrar que la gestión privada de la educación resulta más eficiente que la pública, y convencer a la población de la conveniencia de destinar fondos públicos a este tipo de emprendimientos. Nuevamente el objetivo es disputarle a la educación pública parte de su presupuesto para hacer crecer el negocio de la educación privada. Vale recordar que en las elecciones presidenciales de 2014, el entonces candidato por el Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, sugirió el uso de “vouchers educativos” para financiar con fondos públicos a la educación privada. En su momento, el futuro ministro Pablo da Silveira declaró que no era partidario de estos “vouchers”, sino de las “escuelas chárter”. Más allá de la forma, en el fondo ambos sistemas se traducen en la transferencia de fondos públicos hacia instituciones públicas de gestión privada.

No resulta extraño que los dirigentes políticos de los principales partidos coincidan en algunas de estas propuestas. Saben, sin embargo, que estas generan rechazo en la mayoría de las organizaciones sociales vinculadas a la educación pública. Así se expresó en las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Educación, Maestro Julio Castro, que tuvo lugar en 2006. Muchas de las propuestas de ese primer congreso, como la autonomía y el cogobierno en todos los niveles educativos, no fueron tenidas en cuenta por el primer gobierno del Frente Amplio al aprobar la Ley de Educación de 2008, confirmando así el carácter accesorio del congreso al momento de definir las políticas educativas. Aun así, el nuevo gobierno ni siquiera tiene interés en habilitar un espacio de participación social que recuerde al primer congreso, por lo que la LUC establece que la realización de este evento pase a ser opcional.

Esta es la agenda que propone el nuevo gobierno. Del otro lado encontrarán a quienes defendemos a la educación como un derecho humano fundamental, donde la formación para el trabajo se brinde poniendo el beneficio social por encima del lucro; una educación estatal pública, autónoma del poder político de turno, gratuita y con una dirección basada en la participación mediante el cogobierno; una educación con un presupuesto justo, que permita que cada vez sean más quienes puedan lograr una formación que les permita desarrollar sus plenas capacidades.

Matías Valdés es docente de la Universidad de la República.


  1. Las becas de alojamiento y apoyo económico del Servicio Central de Bienestar Universitario de la Udelar han tenido altibajos desde 2002, oscilando en el entorno de 500 becas al año. Las becas del Fondo de Solidaridad, que no forman parte del presupuesto de la Udelar, se han incrementado de 4.000 a 8.500 en el período 2002-2018. Estas últimas son compartidas entre los estudiantes de la Udelar, la Universidad Tecnológica y el Consejo de Educación Técnico Profesional. En todos los casos las becas son de 2 BPC mensuales (unos 9.000 pesos a 2020).