La crisis de la covid-19: ¿un antes y un después?

No nos damos cuenta todavía ni podemos imaginar con certeza los cambios que van a suceder después de esta pandemia. Una vez superada la situación crítica quedarán algunas huellas. Algunas convicciones serán confirmadas y otras descartadas; algunos temas se destacarán y otros quedarán en el olvido. Las decisiones que tomemos en estos meses serán evaluadas en el futuro. Hasta ahora, y en lo que va de la epidemia, se destacan algunas cuestiones. Dos decisiones clave para seguir adelante y al menos cuatro temas destacados en la agenda de derechos para el día después: la salud, el agua, la renta básica universal y la vivienda.

En un largo artículo publicado recientemente Yuval Harari¹ reflexiona sobre el mundo después del coronavirus, y hace foco en dos opciones importantes: entre “aislamiento nacionalista o solidaridad global” y entre “vigilancia totalitaria o empoderamiento de los ciudadanos”.

La tentación de levantar muros

En cuanto a la opción “aislamiento nacionalista o solidaridad global”, en términos de salud y ante la evidencia de los últimos días, la solidaridad global demuestra ser vital para gestionar la pandemia. La información sobre la efectividad de las medidas tomadas en otros países, la colaboración en investigación científica, provisión de insumos médicos, desarrollo de aplicaciones, planos 3D en código abierto, o protocolos de atención sanitaria compartidos, son realidades que suceden entre Uruguay y el mundo y entre muchos países. El enemigo común nos une, por lo cual estamos en “modo solidaridad” durante la emergencia sanitaria. ¿Qué pasará después? Si permanecemos en el marco de la solidaridad estaremos mejor preparados para la próxima pandemia.

La opción aislamiento nacionalista iría en contra de años de esfuerzos de integración en los continentes. ¿Los estados nacionales volverán a abrir sus fronteras, o sucumbirán a la tentación de cerrar las puertas a los extranjeros y a los virus que puedan portar? Algunos países tendrían una excusa perfecta para levantar aquellos muros, cuando los extranjeros son extranjeros y –además– una amenaza a la salud. Esta tentación al aislamiento también está latente en las comunidades, en las ciudades y en los barrios. El miedo al otro y el miedo a lo invisible pueden ganar la pulseada. El camino de la conquista de derechos, la senda de la integración y de la libre circulación de las personas está en riesgo.

Las alternativas están planteadas. Está en nosotros decidir cómo seguir.

El poder local

Haciendo referencia a la segunda disyuntiva planteada por Harari, sobre “vigilancia totalitaria o empoderamiento de los ciudadanos”, Uruguay parece optar por la segunda. Para garantizar la llegada de los insumos que se suministran a las familias durante la emergencia –productos de limpieza y alimentos–, los gobiernos locales y las organizaciones sociales unen esfuerzos. Son los gobiernos locales y las organizaciones barriales los que organizan la distribución, los que transmiten las medidas aconsejadas para combatir el virus, los que garantizan la llegada a todos y cada uno de los hogares.

Los centros coordinadores de emergencias departamentales (Cecoed) aportan, junto con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la posibilidad de disponer y movilizar recursos rápidamente ante situaciones de emergencia, lo cual implica una fortaleza en la puesta en marcha de dispositivos de respuesta.

Es necesaria la presencia del Estado –nacional y local– al lado de la sociedad organizada. La participación activa de los ciudadanos demuestra ser eficiente en la articulación de las medidas adoptadas por el gobierno. El empoderamiento ciudadano mantiene alejada la vigilancia totalitaria. Al menos por ahora.

La transparencia y la difusión de información

En lo nacional, quizás el acierto mayor o menor de las medidas adoptadas se entenderá luego de terminados los “experimentos” que suceden simultáneamente en el mundo entero.

Se han tomado medidas similares y diversas en distintos países. Algunos optaron por aislar a los grupos de riesgo, otros por aislar a toda la población, otros intentaron no hacer nada. En todo caso –y a favor de aprender de esta experiencia–, parecen relevantes la transparencia y la veracidad de la información que se maneja y publica.

En este escenario, la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, la prensa y los organismos internacionales está en el centro de la cuestión. La difusión de medidas de prevención y cuidados frente al contagio depende de esa confianza. El acatamiento o no de las indicaciones, también. La información y su veracidad son indispensables para implementar las medidas dispuestas por los gobiernos nacionales, y para el aprendizaje de todos.

Por último, y no menos importante, los organismos internacionales –tan devaluados en los años pasados– tienen la oportunidad de levantar la mirada y volverse referencias en la sistematización de la información y evaluar los resultados de las medidas que se están adoptando.

La salud es lo primero

De esta corta pero intensa experiencia que estamos viviendo, un asunto se destaca sobre los demás: la relevancia de los sistemas de salud universales que puedan dar respuesta a esta –y a futuras– epidemias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó claramente que “la salud gratuita, así como el Estado de bienestar, son ‘bienes preciosos’ que deben estar fuera de las leyes del mercado”.

La constatación de este enunciado se encuentra en Estados Unidos, donde el sistema de salud está efectivamente dentro de las leyes del mercado y la epidemia muestra signos preocupantes. La distribución de los fallecidos en ese país no responde solamente a su edad, sino a tener o no cobertura de salud, o sea, a la capacidad de comprarla.

Está demostrado que el mercado simplemente deja morir a las personas. Ningún dispositivo o sistema de emergencia debe quedar en manos del mercado, porque el mercado se aparta del riesgo.

Las medidas recomendadas por los gobiernos

Hay una medida sencilla para evitar la propagación del virus, que parece ser universal: lavarse las manos. Los países han adoptado esta consigna sin distinción. Sin embargo, surgen desigualdades evidentes frente a este consejo.

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay 884 millones de personas sin acceso a agua potable segura en el mundo. Las inequidades son evidentes entre continentes, dentro de los continentes, y en lo interno de cada país. En Uruguay, 3,8% de hogares no tienen acceso al agua potable en el hogar. En el contexto internacional, es una situación privilegiada que menos de 4% de los hogares tengan esa necesidad insatisfecha. En lo interno, tenemos, como Estado, una deuda con 43.000 hogares. Mientras tanto, en otros países las urgencias pasarán por recuperar el agua potable de las manos de privados. Lo anterior reafirma que la decisión del plebiscito de 2004 fue acertada.

La segunda medida que ha sido ampliamente difundida en muchos países es la consigna “quedarse en casa”. Pero no todos podemos cumplirlo. Existen al menos tres requisitos para poder quedarse en casa: tener una vivienda, tener trabajo o renta para subsistir y tener un hogar libre de violencia.

La primera condición que esta consigna plantea es una casa donde quedarse. Supone considerar el derecho a la vivienda como derecho básico. En Uruguay, las desigualdades en la vivienda son importantes y evidentes. Las desigualdades del territorio son también determinantes. La vivienda como derecho humano y el derecho a servicios básicos se han puesto en relieve durante esta crisis. No tenemos elementos de análisis para contrastar los porcentajes de personas contagiadas o fallecidas según barrios, aunque casi con certeza la segregación socioterritorial tenga alguna correlación con la propagación y los efectos del virus.

La segunda condición para cumplir con la recomendación es tener una actividad que permita el teletrabajo, renta, o una solución alternativa que lo permita. La renta básica universal como soporte mínimo, planteada como solución de emergencia, podrá ser evaluada como medida para el funcionamiento de la economía en el día después.

La distribución del ingreso en Uruguay es de las mejores en América Latina. No sabemos cuál será la situación al terminar la crisis y retomadas las actividades. Las solicitudes de seguro de desempleo suman más de 80.000. La asistencia que está planteada a familias que no tienen ingresos sería una solución insuficiente para sobrellevar la crisis. La renta básica universal se ha propuesto tanto en la academia como desde el sector político, y parece perfilarse como una solución para la salida de la crisis económica en que seguramente quedaremos inmersos.

El tercer requisito para quedarse en casa es que la vivienda albergue un hogar seguro. Que todos tengamos un hogar libre de violencia basada en género o generaciones. No todos los hogares son seguros, y menos aún en convivencia forzada y prolongada. Hubo cuatro feminicidios en Uruguay entre el 4 y el 14 de marzo, ya iniciada la epidemia. La violencia puertas adentro no sólo se manifiesta en los crímenes, sino en daños permanentes no visibles. Quedarse en casa no parece la mejor opción para evitarlos.

Cuando la ausencia de los tres requisitos mencionados se superpone, las consecuencias se multiplican en forma dramática.

La situación de aislamiento deja en evidencia –una vez más– las desigualdades de género. Las mujeres todas, las jefas de hogar, las que carecen de “ayuda”, las encargadas del cuidado de personas mayores, niños o dependientes, estarían de acuerdo: en las tareas de cuidado y de mantenimiento de la higiene del hogar aparecen las mayores desigualdades.

Esas tareas, tradicionalmente femeninas, tienden a recaer sobre nosotras. Muchas mujeres trabajan la jornada laboral habitual –con teletrabajo o no–, se encargan de las tareas del hogar tradicionales, y cuidan a los familiares dependientes –en presencia o a distancia–. Agreguemos además la nueva tarea extra de limpiar con lavandina y rociar con alcohol todo lo que entra a la casa, se mueva o no.

Según datos de 2013, dos tercios del tiempo del trabajo de las mujeres son dedicados al trabajo no remunerado y el tercio restante al remunerado. Para los varones estas proporciones se invierten. Por otra parte, la mayor parte de los cuidadores de personas dependientes son mujeres. Las condiciones de doble –y triple– jornada laboral están presentes en Uruguay, sumadas a otras desigualdades.

Desde otro punto de vista, el “distanciamiento social” reduce las actividades económicas y la propia subsistencia del empleo femenino. El desempleo en sectores de actividad feminizados afecta a las trabajadoras en general, a las empleadas domésticas y a las trabajadoras informales en particular.

La vivienda y la ciudad del futuro

Las huellas que dejarán estos meses en la arquitectura se verán en las viviendas y ciudades que diseñemos en los próximos años. Los espacios internos de la vivienda no parecen estar diseñados para el confinamiento, y no deberían estarlo. En todo caso se destacan algunos elementos a incorporar en el diseño de los edificios. La situación de encierro nos recuerda la importancia de la ventilación y el asoleamiento, y la necesidad de integrar espacios exteriores, balcones o terrazas a las áreas de la vivienda.

En cuanto a los locales necesarios para la vida cotidiana, algunas actividades emergen como requerimientos de nuevos espacios o espacios más flexibles. El teletrabajo que muchos incorporaron en estos días –cuando es posible– aparece como una oportunidad de implementar la modalidad en el futuro para muchas empresas e instituciones. El teletrabajo llegó para quedarse y se viralizó con la pandemia. Lo mismo podría decirse de las clases a distancia, aunque de distinta naturaleza según el ciclo de educación.

Las actividades dentro de la vivienda son variadas y requieren nuevos diseños y funcionalidad. Quizás cambien las tipologías de las viviendas en serie, quizás los espacios comunes para la familia tengan otras dimensiones y las oficinas o locales de estudio aparezcan como optativos en la distribución del espacio.

Por otra parte, el teletrabajo y las actividades a distancia tienen su impacto a escala urbana. Disminuyen los traslados –se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero–, adquieren mayor relevancia los servicios de cercanía, los espacios libres para esparcimiento, recreación y ocio. La menor dependencia del transporte en automóvil disminuye drásticamente la superficie destinada a estacionamientos y áreas pavimentadas, además de mejorar la calidad del aire.

Estos cambios van en el mismo sentido de una de las propuestas del urbanismo contemporáneo, la ciudad de los 15 minutos. Plantea una vida más sana, con hábitos de consumo más saludables, menos estrés y más lazos sociales. Si incorporamos el teletrabajo, las distancias cortas, los comercios de abastecimiento local, las oficinas virtuales, los trámites en línea y la reducción drástica de los traslados que eso implica, la configuración de las ciudades va a cambiar, y tal vez cambie para siempre.

La ciudad policéntrica se perfila como la ciudad más flexible para el acceso a servicios durante una emergencia, y también para la sustentabilidad a largo plazo, en la cual los ciudadanos puedan acceder a los servicios en el entorno inmediato.

Una vez terminado este período especial, el regreso a disfrutar del espacio público supondrá algunos cambios en los conceptos de higiene, un nuevo significado de las distancias personales en el espacio, y el reencuentro de la comunidad luego de un extraño período de individualismo y aislamiento. Los jóvenes y las mujeres, como colectivos que han conquistado los espacios públicos en las últimas décadas, podrán retomar sus lugares en la ciudad.

Todos los ciudadanos saldrán de sus casas y transitarán, con apuro o sin él, por ese espacio público que es de todos.

Sin embargo, en la ciudad recuperada de la amenaza del virus, las asimetrías persistirán. La integración de una ciudad segregada social y espacialmente seguirá siendo uno de los más importantes desafíos para el urbanismo de este siglo.

En resumen –y siendo optimistas– la actual crisis sanitaria nos va a dejar dos grandes opciones: la solidaridad o el aislamiento, y la vigilancia o el empoderamiento; y al menos cuatro temas a priorizar en la actual agenda de derechos: la salud pública, el agua, la renta básica universal, y la vivienda-ciudad.

Dos encrucijadas y cuatro componentes que nos permitirán estar mejor organizados para la próxima crisis. Si estamos mejor preparados para una crisis, lo estaremos también para la prosperidad.

Alicia Artigas es arquitecta y máster en Ordenamiento Territorial.