Hacia el retorno del modelo liberal, concentrador y excluyente

En la campaña electoral dijimos que el debate era entre dos modelos en pugna. Es claro que la ley de urgente consideración (LUC) pone en marcha un nuevo modelo de desarrollo cuyos ejes centrales son la liberalización de la economía, la desregulación de las instituciones públicas y el proceso de concentración económica y de poder, así como su consecuencia, que es su carácter excluyente. La LUC es una pieza clave de este retorno. Y los aspectos económicos son centrales, en particular la regla fiscal, la desinclusión financiera y las normas sobre empresas públicas.

La regla fiscal

En primer lugar, la regla fiscal es innecesaria. Nos preguntamos por qué se impulsa si ya hay una regla que es el tope de deuda consagrado en la Ley 17.947. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el eje central de la regla fiscal es la relación entre resultado y deuda, y eso es justamente lo que hace la norma del tope.

Se propone una regla sobre gasto y resultado fiscal que tiene una meta sin sanciones, elaborada por el Poder Ejecutivo y, por ende, con mayor discrecionalidad que la actual. La regla propuesta es además restrictiva, porque el análisis del gasto público no puede congelarse en una relación entre el gasto y el producto interno bruto (PIB), en especial en una economía con heterogeneidades estructurales productivas y sociales que debe continuar su mejora, y para lo que el gasto público es clave. La principal evaluación del gasto público no es sólo el resultado fiscal, sino el impacto sobre la igualdad, y es notoria la evidencia empírica de ello.

¿Qué habría pasado si en los 15 años pasados hubiéramos congelado el gasto público sobre el PIB en el orden de 19%, como era en 2004? Resolver los graves problemas sociales y productivos heredados fue posible no sólo por el aumento del propio PIB, sino porque el gasto, en particular el gasto social, aumentó más que el producto. Llegamos a 26% de gasto sobre el PIB y el gasto social pasó de 66% a 80% del total. Afirmamos que esto fue posible sin restricciones de deuda, ya que en ese mismo período la reducción de deuda neta fue de un orden de 50% a 30% sobre el PIB.

Finalmente, la regla propuesta está fuera de la realidad. Cuando se pensó esta propuesta no estábamos frente a la crisis actual, que tendrá impactos relevantes, algunos de ellos permanentes, en la estructura social y económica. Mientras aquí se propone una regla fiscal, la Comisión Europea decidió, el 20 de marzo, suspender transitoriamente sus reglas fiscales, para permitir a todos los países que gasten lo que consideren necesario para aplacar el impacto presente y futuro de la covid-19.

En síntesis, esta regla tendrá efectos recesivos sobre la producción y el empleo, concentradores en la base productiva, en la riqueza y en los ingresos, y generará exclusión económica y social.

La desinclusión financiera

Las normas en este sentido incluidas en la LUC, restauradoras de los 90, significan un retroceso importante en materia de combate a la informalidad, lavado de activos y seguridad.

Por un lado, hay una notoria reducción de derechos ciudadanos, al restringir la posibilidad de acceder de manera gratuita a una cuenta bancaria y con ello a servicios financieros básicos. Pero lo más grave es que el trabajador “debe acordar” con su empleador el medio de pago a utilizar, lo que en muchos casos equivaldrá a que sea el empleador el que decida cómo pagar, dado su mayor poder en la negociación. Quienes lean esta nota tendrán, igual que yo, decenas de ejemplos, sobre todo en pequeñas empresas, en el medio rural, en el comercio, etcétera, de decisiones más allá de las normas, que tienen que aceptar los trabajadores. Y así será aquí. O acepta la forma de pago propuesta, o no le darán el trabajo. Es claro que el enorme esfuerzo de caída de la informalidad (de 42% a 24%) en los 15 años anteriores está en riesgo.

Por otro lado, los cambios implican un retroceso en materia de transparencia, debilitando herramientas fundamentales para mejorar la prevención y el combate al lavado de activos. En este sentido, se flexibiliza la restricción al uso de efectivo, aumentando el tope máximo de aproximadamente 4.000 dólares a 100.000, y todos sabemos que el efectivo es el principal vehículo utilizado para concretar las operaciones de lavado de activos. Además, como dijo la mayor parte de los expertos que expusieron en el Senado, existe el riesgo de que las transacciones mayores a 100.000 dólares se fraccionen para evitar su inclusión financiera.

En tercer lugar, la flexibilización del uso del efectivo alcanza también las compras del Estado, el pago de honorarios profesionales y los arrendamientos, lo que es un retroceso importante en el objetivo de formalizar y genera un riesgo de evasión muy alto.

Las empresas públicas

Tanto en las normas relacionadas con las empresas públicas como en algunos aspectos del análisis de las unidades reguladoras surge con claridad una lógica de que las empresas públicas deben ser esencialmente proveedoras de servicios y que debe primar el objetivo comercial de maximizar la rentabilidad sobre cualquier otro tipo de consideración. Nuestra visión y nuestra práctica en estos 15 años han sido que, además de su carácter de empresa, hemos tenido en cuenta su carácter público con temas tales como contribuir al acceso universal a los servicios, generar subsidios cruzados (como veremos más adelante en el caso del supergás) y consolidar las funciones de apoyo productivo y social que tienen por ser empresas, pero también públicas.

Respecto de ANCAP, lo grave es el artículo 230, referido a la derogación de su monopolio en la refinación, importación y exportación de petróleo crudo y sus derivados. Los fundamentos son dos: la competencia en el mercado y la baja del precio de los combustibles. ¿Será así?

Primero, en todas partes del mundo los mercados de combustible son oligopólicos y más aún en Uruguay, por la escala de refinación. Lo que seguramente pasará es que se instalará una multinacional con estrategias predatorias de precios para ganar mercado, eliminará la capacidad de refinar de ANCAP y luego, cuando se quede con el mercado, volverá a subir los precios. O sea, nada de competencia ni de bajar precios.

Sumemos una consideración relevante más, que se refiere al rol de ANCAP como eje de transformaciones sociales por medio de sus políticas públicas. Sólo tres ejemplos. El primero se refiere al subsidio al flete. Uruguay es uno de los pocos países en los que la nafta cuesta igual en Montevideo, a la salida de la refinería, que en Tacuarembó o en Treinta y Tres. Y ello es porque está incluido un subsidio al flete que financia la empresa pública. El segundo se refiere al ya mencionado subsidio al supergás, en el marco de una estrategia de ampliar y abaratar ese consumo, que incide notoriamente en los hogares de menores ingresos. El tercero se refiere al proyecto agroindustrial de Alur, que genera 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que devolvió la dignidad a una zona del país y a sus trabajadores postergados durante muchos años.

Por todo ello es que decimos que los capítulos económicos son sustantivos para consolidar el nuevo modelo de desarrollo desregulador, concentrador y excluyente.

Daniel Olesker es senador del Partido Socialista.