La LUC y la ofensiva neoliberal en tiempos de crisis

En tiempos de crisis, lo importante se torna evidente. La centralidad de la sustentabilidad de la vida, el trabajo de cuidados y nuestros derechos adquieren una nueva dimensión, reclamando que quienes administran el Estado dediquen todos sus esfuerzos a dar respuestas a las necesidades de los pueblos y de las/os más afectadas/os, garantizando el ejercicio de derechos, fomentando la participación social en el diseño de políticas y absteniéndose de cualquier intento represivo. Asimismo, nos exige como sociedad comprometernos a desarrollar propuestas políticas sistémicas y apostar al diálogo social, atendiendo lo urgente desde un abordaje estructural. Porque detrás de las crisis que tanto nos afectan, como la de la covid-19, hay factores estructurales que responden a la centralidad que se le asigna a la acumulación de capital y la prevalencia de un sistema de explotación del trabajo, especialmente de las mujeres y de la naturaleza.

Una de las lecciones que hemos aprendido de crisis anteriores es la necesidad de una agenda política cuyo horizonte sea la justicia social, económica, de género y ambiental. Ello exige contar con una institucionalidad democrática fuerte y políticas públicas que posibiliten revertir los daños que las crisis provocan, principalmente en las clases populares y en las mujeres. Supone limitar la voracidad del capital, siempre dispuesto a lucrar con las crisis, ya sea mediante el control monopólico de medios esenciales para la vida, por medio del sistema de patentes, iniciando o amenazando con iniciar demandas en tribunales arbitrales internacionales, o especulando con el precio de los alimentos y otros productos de la canasta básica.

Como en otras situaciones críticas, lo que es urgente para las clases populares, como la justicia y la solidaridad, no lo es para la derecha y los promotores del neoliberalismo. Se imponen urgencias que responden a intereses de unos pocos, con mayor desigualdad, pobreza, desempleo, actos de autoritarismo y amenazas a la democracia. Hoy, la coalición multicolor que gobierna insiste en transitar un camino que va en dirección contraria a la que reclaman los movimientos sociales de nuestro país y el mundo.

Vemos con enorme preocupación cómo la ley de urgente consideración (LUC) viene a carcomer la institucionalidad democrática. No importan los llamados de alerta en todo el mundo sobre impedir la aplicación de una doctrina del shock,¹ ni las críticas de parlamentarias y parlamentarios. En un contexto de emergencia, crisis y aislamiento físico por la covid-19, se ingresa un proyecto de ley que nada tiene de urgente y que pretende modificar numerosas normas en un período de tiempo extremadamente breve, usando a tal efecto una herramienta concebida con otra finalidad. Los contenidos de la LUC no resisten el escrutinio público ni el debate democrático. La estrategia de volver a imponer la doctrina neoliberal y una agenda antiderechos sería imposible de implementar si se pudiera debatir en profundidad.

Un gobierno tiene el derecho a implementar su programa, aunque este debería haber sido presentado clara y explícitamente durante la campaña electoral. Pero en un orden democrático se tiene que respetar el marco normativo existente, permitiendo el análisis, el debate, la confrontación de ideas, involucrando al conjunto de la sociedad. Los tiempos para ello son importantes. No es democrático imponer un proyecto político mediante una LUC.

En Uruguay nos gusta pensar que la institucionalidad democrática es fuerte y no corre riesgos. Pero es importante ser conscientes de que eso es resultado de la construcción histórica de unidad de la clase obrera y su capacidad de lucha. Por eso, hoy más que nunca necesitamos recuperar nuestra memoria histórica y estar alertas, porque el avance de la derecha y la vuelta del neoliberalismo en América Latina se han impuesto mediante nuevos y diversos mecanismos. En ello han jugado un papel central las corporaciones de comunicación, concentradas y monopólicas, junto a nuevas empresas de la era digital, que sin escrúpulos manipulan nuestros datos personales.

La democracia se ve también comprometida por campañas soslayadas, manipuladoras y tramposas contra las organizaciones históricas de las clases populares, que son la más férrea garantía de un orden democrático más profundo y justo. Aquí y en América Latina, lamentablemente, se ha impuesto una ofensiva contra quienes sustentan el imaginario de la solidaridad y la justicia. La posibilidad de ocultarse detrás de las redes sociales y ampararse en el anonimato ha abierto camino a una campaña que intenta desprestigiar al PIT-CNT, cuya tradición de compromiso, unidad y lucha junto a otras organizaciones sociales ha sido vital para la construcción democrática. Las estrategias que intentan deslegitimar a los movimientos sociales son funcionales a quienes desde posiciones de poder no pueden aceptar la expresión de una diversidad de voces, menos aún la participación social. Así se normaliza un juego sucio. En lugar de resolver las diferencias mediante el debate político público en profundidad, se busca excluir o silenciar las voces de quienes no detentan el poder económico, aun cuando expresan las aspiraciones de las grandes mayorías.

La institucionalidad que tenemos y que ha permitido enfrentar hasta el momento el coronavirus, que incluye entre otros el Sistema Nacional Integrado de Salud, es producto del proyecto de país que se construyó desde las clases populares y se comenzó a plasmar con los gobiernos del Frente Amplio. Queda mucho por hacer en un marco de justicia, pero el proyecto que se consolida en el articulado de la LUC implica un grave retroceso.

Lo que urge es el fortalecimiento de lo público

Muchas de las políticas públicas diseñadas y aplicadas en los últimos 15 años dieron respuesta a necesidades reales y demostraron que el fortalecimiento de lo público es fundamental para garantizar derechos y que el mercado no sólo no los garantiza, sino que atenta contra su realización. Es deseable que esto se profundice, no que se recorte.

La prédica de austeridad que atraviesa el discurso del gobierno y es retomada en varios artículos de la LUC refuerza la idea de lo público como ineficiente. La orientación de achicar el Estado, los topes al gasto público, los límites establecidos en la forma de reglas fiscales, contradice la promesa del gobierno de ser un “gobierno para todos”. La restricción del gasto público afecta claramente a las clases populares y a quienes sufren el racismo y otras formas de opresión y violencia, especialmente las mujeres y la primera infancia.

Lo que necesitamos en Uruguay es avanzar con una reforma tributaria progresista basada en la justicia fiscal que grave a quien más posee, como los grandes grupos económicos y el capital transnacional, y favorezca la redistribución de la riqueza. Esta urgencia no ha sido contemplada ni siquiera en atención a la pandemia.

Empresas y servicios públicos como columna vertebral para el ejercicio de derechos

El ataque a las empresas y servicios públicos retomado en la LUC está orientado a trasladar estas actividades productivas, sociales o esenciales a la esfera del mercado. La liberalización de estas actividades jamás ha cumplido con la promesa de eficiencia y de reducción de gastos. La década de los 90 es un ejemplo claro del saldo que dejó la mercantilización, la desregulación y la privatización de empresas y servicios públicos en la región. Hoy, en el contexto de la pandemia, se hace más evidente la importancia de contar con empresas y servicios públicos robustos. Uruguayos y uruguayas supimos defender con gran valentía nuestras empresas, y subrayar su carácter social por encima de su orientación comercial o mercantil, cuando podíamos expresarnos de forma masiva y colectiva en las calles. Impulsar en una LUC y en tiempos de confinamiento la liberalización, mercantilización y desregulación de servicios y empresas públicos, introduciendo, por ejemplo, nuevas normas referidas al uso de las redes de telecomunicaciones y la portabilidad numérica que debilitarían a Antel en su función social y como herramienta de desarrollo endógeno en la era digital, o la derogación del monopolio de ANCAP y la libre importación de combustibles, es cobarde, además de antidemocrático.

La soberanía alimentaria amenazada

Con la crisis de la covid-19 ha quedado clara la importancia de la soberanía alimentaria, o sea, el derecho del pueblo a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos, obtenidos de semillas criollas y plantas nativas, con base en la producción familiar y cooperativa/asociativa, urbana, suburbana y rural. Sistemas que reconozcan y fomenten el papel central de las mujeres en la producción de alimentos y como sujeto político de la soberanía alimentaria, así como el derecho de las/los productoras/es familiares que abastecen el mercado con alimentos frescos, a continuar produciendo en condiciones de vida digna y recibiendo una retribución justa, y el derecho de las clases populares a acceder a alimentos saludables en cantidades suficientes y a precios justos.

Uno de los grandes riesgos de esta y otras crisis sistémicas es perder la capacidad soberana de alimentarnos y pasar a una mayor dependencia de la industria agroalimentaria, que prioriza el lucro por encima de la salud, lo cual nos dejaría más expuestas a la especulación y el incremento de los precios de los alimentos.

Por ello, hoy más que nunca es necesario fomentar en Uruguay la soberanía alimentaria y garantizar el acceso a la tierra y a los medios de producción, particularmente para jóvenes y mujeres, contribuyendo al necesario recambio generacional, a la equidad de género, al uso sustentable de los bienes naturales, a la conservación de ecosistemas, de la biodiversidad, de la calidad y cantidad de agua, y a la conservación y uso de semillas criollas y plantas nativas.

Sin embargo, a contramarcha de esta aspiración de soberanía, el proyecto de la LUC en su artículo 353 propone introducir modificaciones al artículo 5 de la Ley 18.756 de 2011 que implicarían la desafectación de la Ley 11.029 de las fracciones que fueron enajenadas inicialmente por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Esto quitaría entre 100.000 y 140.000 hectáreas de la órbita del Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que provocaría una mayor concentración de la tierra y el debilitamiento del instituto, generando nuevos obstáculos para el acceso a la tierra de las/os asalariadas/os rurales y la producción familiar y asociativa.

El INC en los últimos años se fortaleció con la adquisición de 133.000 hectáreas y una excelente gestión que le permitió lograr su objetivo de contribuir significativamente a la realización del derecho a la tierra y la cotitularidad de mujeres y hombres, permitiendo también el acceso a jóvenes que hoy producen alimentos agroecológicos saludables para la población de nuestro país, muchas/os de ellas/os en proyectos cooperativos.

Otra clara muestra de quiénes son los grandes beneficiarios de las políticas que se pretenden imponer es el artículo 368 de la LUC, que en caso de aprobarse liberalizaría por completo el mercado de tierras al permitir nuevamente que las sociedades anónimas cuyo paquete accionario sea de propiedad de personas jurídicas no nominadas puedan comprar libremente tierras para uso agropecuario. Ello contribuiría a una mayor concentración, extranjerización y especulación con la tierra a manos de grandes empresas y del capital financiero, así como al fortalecimiento del agronegocio, un sistema de producción industrial que no sólo no nos alimenta, sino que contribuye a la pérdida de biodiversidad, a la crisis climática, a la contaminación del agua y genera serios problemas de salud.

Cuando existe cada vez mayor evidencia científica de la relación existente entre la destrucción de la biodiversidad, el avance de la frontera agrícola, la agricultura industrial y la generación de pandemias,² la LUC atenta contra la soberanía alimentaria para beneficiar al agronegocio y además asesta un duro golpe al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que lo debilitará e incluso lo hará inviable. En los artículos 501 y 502 se introducen modificaciones a la normativa existente para hacer prevalecer el interés privado por sobre el interés público. De aprobarse, el ingreso de predios privados al SNAP quedará supeditado al consentimiento de los propietarios y, en caso de que no exista, el Estado podría proceder a la expropiación.

Esta iniciativa nos retrotrae al conflicto que tuvo lugar entre el anterior gobierno nacional y la Intendencia de Treinta y Tres en torno a la ampliación del área denominada Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos, que finalmente fue laudada por un decreto firmado en febrero por el entonces presidente Tabaré Vázquez. Esta iniciativa fue resultado del trabajo y los reclamos de organizaciones locales y de productoras/es de la zona, que permitiendo el desarrollo de la producción rural de la zona, excluyó los transgénicos y las actividades extractivas como la minería y las plantaciones forestales. Esta iniciativa enfrentó una campaña de presión y desinformación liderada por los intereses extractivos y forestales, con fuerte protagonismo de la Sociedad de Productores Forestales y de quien es hoy responsable de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Estos son apenas algunos de los reparos que desde nuestra esfera de actividad nos llevan a rechazar categóricamente el conjunto de la LUC. Quienes estamos comprometidas con la justicia social, ambiental, económica y de género, estamos convencidas de la importancia de alzar nuestras voces para hacer prevalecer los derechos y urgencias de las grandes mayorías y evitar la aprobación de un proyecto político, económico y social excluyente.

Karin Nansen es integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay y presidenta de Amigos de la Tierra Internacional.