Más que un nuevo ministerio del ambiente: desarrollo y sustentabilidad en la LUC

En la ley de urgente consideración (LUC) hay varios temas ambientales superpuestos. La prensa ahora está enfocada en unos artículos agregados a último momento, que son muy negativos para las áreas de protección ambiental. Esto, a su vez, es parte de un asunto más amplio: la creación de un ministerio específico para el tema ambiental. Pero hay otra una novedad crucial, que no ha sido muy comentada.

En efecto, se propone crear un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No es solamente una cartera enfocada en el “ambiente”, sino que además atenderá el “desarrollo sostenible”. Ese propósito no estaba en el anterior borrador.

Este concepto por lo general alude a algún tipo de desarrollo que asegure un balance entre la protección del ambiente y ciertos fines sociales y económicos, tanto en el presente como hacia el futuro. Es una idea presente en muchos convenios internacionales, anima aportes académicos y militantes, y ha llegado al Estado. En América Latina hay antecedentes de ministerios con esa denominación en Colombia y Paraguay, mientras que en Argentina es una secretaria (aunque fue un ministerio en el anterior gobierno).

La intención de crear un ministerio que, además de las cuestiones ambientales, se enfoque en el desarrollo sostenible debe ser apoyada. El país cruje por todos sus costados por estrategias de desarrollo que son insostenibles por deteriorar el patrimonio natural, afectar la salud humana o destruir recursos que necesitaremos en el futuro. Por esas mismas razones, la propuesta debe ser examinada con rigurosidad.

Puede asumirse que Uruguay está en condiciones de dar este paso apoyándose en al menos dos dimensiones. Una externa, en tanto se han suscrito o ratificado múltiples convenios internacionales orientados a la sustentabilidad del desarrollo. Otra es interna, basándose en la normativa nacional. Por ejemplo, en nuestra ley marco en ambiente (Ley 17.283, de 2000) están esos términos y se indica que es de “interés general” la “formulación, instrumentación y aplicación de una política nacional ambiental y de desarrollo sostenible”.

Sin embargo, en el actual proyecto de ley hay problemas. El artículo específico para las competencias de la nueva cartera las enfoca en la “protección” del ambiente, pero nada se agrega sobre “desarrollo sostenible” (artículo 287). No se dan precisiones sobre atribuciones para abordar el desarrollo y para que este sea sostenible. Se podría asumir que ese componente estaría basado en la lista de leyes ambientales enumeradas en el proyecto de ley, y desde allí regresamos a la ley marco del ambiente, donde se lo define como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las propias necesidades”.

Esa formulación es propia de las concepciones clásicas indicada más arriba. Se entiende que cualquier variedad de desarrollo es imposible si no hay una conservación de su base ecológica, o ni siquiera tiene futuro. Hay muchas implicaciones evidentes en Uruguay, tales como advertir que si seguimos contaminando la cuenca del río Santa Lucía como hasta ahora, nuestros nietos tal vez no tengan agua potable.

Aunque no nos demos cuenta ni tengamos espacios institucionales específicos para abordarlos, una y otra vez se contraponen opciones sustentables, que aseguran la protección ambiental, y otras que son insostenibles por sus graves impactos. Esas opciones no pueden analizarse únicamente desde el punto de vista ecológico, sino que invaden los demás componentes del desarrollo, especialmente el económico.

Es sencillo encontrar casos en la cotidianidad. Por ejemplo, tomemos la oposición de varios productores forestales a la ampliación del área protegida de la Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres). Sus monocultivos de árboles exóticos tienen impactos ecológicos que hacen que esa práctica sea obviamente incompatible con un sitio para proteger el monte nativo y su fauna. Ante ese tipo de situaciones, donde los fines privados son restringidos por intereses generales, estarán los que reclamen por un supuesto lucro cesante. Son actores que condicionan su aporte a la calidad ambiental a cambio de recibir dinero; reclaman una compensación por la imposibilidad de plantar y vender eucaliptos a cambio de preservar la fauna y flora criolla.

Un planteo de ese tipo está repleto de problemas, tales como determinar cuál sería ese lucro cesante si es que realmente existe. ¿Se deben tomar cotizaciones actuales o futuras de los eucaliptos? Si son futuras, ¿cómo se estiman?; ¿las más altas, las más bajas?; ¿en cuál escala de tiempo: diez años, 50 años, 100 años?; ¿es posible calcular una equivalencia de valor monetario entre eucaliptos enviados a una planta de celulosa y coronillas sobrevivientes? Y así sucesivamente. Como puede verse, estas son cuestiones ambientales inmersas en consideraciones económicas y productivas, y eso es justamente el campo del desarrollo sostenible, lo que muestra la importancia de una cartera que permita ese abordaje.

Del mismo modo, si se subvenciona a los productores rurales que protegen el ambiente, habría que asegurarse de que aquellos que lo contaminan sean los que paguen por los costos que generan. Pero lo que observamos más frecuentemente es lo opuesto, donde los afectados por el daño ambiental o la sociedad son los que cubren esa carga económica. Eso sucede, en parte, porque no hay dónde discutir apropiadamente esas cuestiones.

Eso está muy claro con la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía. Sabemos que aproximadamente tres cuartas partes de la contaminación en esa área se debe a prácticas agropecuarias inadecuadas, pero sus responsables no asumen esos costos, sino que los transfirieron y terminaron en las facturas de OSE. Se llega así a otro caso de insustentabilidad, donde los que consumimos agua pagamos por la contaminación que generan otros. Es además otro problema urgente que debería abordar el nuevo ministerio.

Este tipo de contradicciones no se instalaron ayer. Son herencias directas de los anteriores gobiernos, que por un lado apoyaron prácticas de alto impacto ecológico y por el otro no lograban imponer una adecuada respuesta ambiental. Aunque en los últimos meses del gobierno de Tabaré Vázquez se intentó abordar el asunto lanzando dos ambiciosos documentos (Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, y Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050), en realidad dejaron más en evidencia los problemas de fondo en asumir el desarrollo sostenible. Persistieron las dificultades en ofrecer definiciones claras y en vincularlas a acciones concretas.

En el plano político-partidario la confusión es similar. Meses atrás los voceros ambientales del Frente Amplio criticaban la idea de crear un ministerio del ambiente, calificándola de demagógica, pero ahora la apoyan. Nunca se resolvieran trabas muy conocidas, como la insustentabilidad en prácticas agropecuarias o el manejo de la basura urbana.

En Uruguay prevalecen estrategias de desarrollo que son insustentables. Nos rodean los que transfieren los daños y costos ambientales a sus vecinos o los lanzan al futuro. A la vez, somos testigos de notables experiencias ambientales que marcan el camino hacia la sustentabilidad pero que no reciben ni visibilidad ni apoyo. Cuestiones como estas no pueden ser tratadas de manera integral porque no hay una institucionalidad para sopesar la sustentabilidad del desarrollo.

Esto podría cambiar si se creara un ministerio que, además de la temática ambiental, abordara de lleno el desarrollo sostenible. El desafío es mayúsculo, pero merece intentarse. Aunque, si se desea ir más allá de contar con un nombre bonito para un nuevo ministerio, será necesario darle mucho más contenido al proyecto de ley.

Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social.