Han transcurrido ya tres meses de la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional, aislamiento social o cuarentena voluntaria. Personalmente han sido días de conmoción e introspección, cuando abruptamente se esfumaron los abrazos, los besos, el apretón de manos; gestualidades afectivas que casi mecánicamente realizábamos cotidianamente para expresar nuestros sentimientos.

Nuestra conexión interpersonal quedó reducida a la virtualidad a través de las redes sociales informáticas; herramienta fantástica de comunicación pero que jamás sustituirá la sensación del calor humano, el saludo de un abrazo pecho contra pecho, la caricia de un beso o el cálido apretón de manos. Demostraciones genuinas y únicas de la expresión humana del amor y la empatía por nuestros semejantes, en la imperiosa necesidad de construirnos en comunidad.

Este meteorito llamado covid-19, que impactó en nuestras vidas, nos conmocionó como nunca imaginamos. Aun viéndolo a lo lejos cómo se acercaba, nunca dimensionamos su devastador efecto. No estábamos preparados para tal impacto como sociedad ni como país; aun así, hizo visibles valores como la empatía y solidaridad del entramado social, pero también desnudó nuestras miserias y el oportunismo demagógico, evidenciando nuestras contradicciones en el enfrentamiento de concepciones antagónicas de cuáles son las prioridades para enfrentar la situación.

Desembarcamos a ritmo de vértigo en este siglo XXI, en una alocada carrera por la superautopista de la sociedad de consumo, alimentada con la complicidad de los medios masivos, en la prédica cotidiana de los modelos del éxito individual y de la meritocracia en un mundo ideal que nos proponen los adalides del capitalismo.

Tal precepto lleva intrínseco que quienes adopten el modelo y alcancen el objetivo serán quienes obtengan el “poder” de decidir el destino de las masas que no alcanzaron la meta propuesta. En suma, el modelo capitalista nos propone que quienes alcancen el éxito obtendrán el reconocimiento social a partir de la acumulación material, y por ende, a partir de ello se transformarán en una casta a preservar, por ser quienes acumulan el capital material e intelectual que dinamiza la economía.

El modelo capitalista es en sí mismo excluyente, transformando a la humanidad en objetos fungibles y no fungibles al propio sistema. Por antagonismo, es antihumanista, carente de empatía con los más desprotegidos en función de los distintos contextos sociales, y marcado por la asimetría en las oportunidades de acceso a los bienes materiales e inmateriales imprescindibles para el desarrollo de una vida digna.

En este contexto, en nuestro país asume un nuevo gobierno que a pocos días debe enfrentar tamaño impacto social y económico, en un escenario que modifica de raíz cualquier proyecto político a desarrollar hacia el futuro inmediato. Como legítimo gobierno de la nación, hace ejercicio inherente a su responsabilidad y toma decisiones para enfrentar la situación.

Adopta acciones compartibles y otras no tanto cuando comienza a definir las prioridades a atender y cómo canalizar la protección a la población desde el punto de vista sanitario y económico.

En plena pandemia el gobierno resolvió el aumento de todas las tarifas, aumento del IVA y, de postre, la frutilla de la torta: congelación salarial y de jubilaciones con la consecuente pérdida del poder adquisitivo real.

La situación de emergencia sanitaria dispuesta amerita que el gobierno nacional, de forma excepcional, convoque a todos los poderes del Estado, a todos los partidos políticos, al PIT-CNT, a las cámaras empresariales y en particular a la academia para abordar y definir una estrategia común como nación.

Lamentablemente ello no ha pasado. El gobierno decidió “pilotear” en solitario, desoyendo los aportes realizados desde los más diversos ámbitos, salvo el empresarial, priorizando la economía sobre la emergencia social.

Definió un fondo solidario Covid-19, que se nutre de un impuesto a los empleados públicos y sobre las jubilaciones, con el argumento de la solidaridad compulsiva –compartible si también hubiera incluido a los trabajadores privados–, pero exceptuó a los grandes capitales y las elevadas ganancias, con el argumento de que ellos serán los que reactivarán el aparato productivo y la economía “el día después”. En pocas palabras, no comparte que en esta emergencia sanitaria nacional se grave al capital, por ende lo pagarán los asalariados una vez más.

Si algo faltaba para demostrar dónde están centradas sus prioridades, fue darle estado parlamentario a la inaudita y controvertida ley de urgente consideración (LUC) en pleno desarrollo de la pandemia. En sus más de 500 artículos, poco o nada encontraremos que tenga como objetivo central atender la crisis social, económica, sanitaria y la vertiginosa pérdida de puestos de trabajo.

En su contenido encontramos como elementos de urgente consideración temas tan dispares y sorprendentes como la ley de derribo de aviones, la habilitación de la producción de chorizos por las carnicerías, el allanamiento nocturno, la legalización del porte de armas por policías y militares retirados, la presunción de legítima defensa cuando un policía dispara su arma, la criminalización de la protesta social, la habilitación de condiciones para el lavado de activos y el trabajo en “negro”, y otros tantos artículos que recortan derechos conquistados. No encontraremos en la LUC ni un solo artículo que tenga como objetivo atender la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

Por si fuera poco, en plena pandemia el gobierno resolvió el aumento de todas las tarifas, aumento del IVA y, de postre, la frutilla de la torta: congelación salarial y de jubilaciones, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo real.

Así comienzan los mejores cinco años de nuestras vidas.

Juan Carlos Souza fue diputado del Frente Amplio.