Salto Grande: sueños y realidades

Desde que dejamos nuestro puesto en la delegación de Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG), el 17 de abril, hemos permanecido expectantes frente a los desafíos que quedaron planteados en el complejo hidroeléctrico, luego de 15 años de continuidad de gestión.

Si bien tenemos absolutamente claro que nuestra función de responsabilidad institucional con el organismo binacional terminó y que se debe “dejar trabajar” a las nuevas autoridades designadas, la importancia que el complejo hidroeléctrico tiene para Uruguay, el cariño que desarrollamos en estos años por él y sus trabajadores y la responsabilidad política que sentimos tener nos llevan a dar opinión sobre algunos temas relacionados. Reconozco, por supuesto, que no será una opinión políticamente neutra, pero trataremos de aportar datos objetivos y comprobables.

Salto Grande ha estado en la prensa en estos días gracias a que el presidente de la República y parte de su equipo han hablado en varias oportunidades de hacer navegable el río Uruguay más allá de la represa. Sobre ello queremos aportar alguna reflexión. Por otra parte, se estarían produciendo cambios en la gestión de la Central Hidroeléctrica Binacional de Salto Grande que no dudamos en calificar de preocupantes, y que peligrosamente nos llevarían a la peor historia de este emprendimiento emblemático. Pero eso posiblemente sea un tema para otro análisis.

La CTMSG es un organismo binacional creado por un convenio del 30 de diciembre de 1946 firmado por los gobiernos de Uruguay y Argentina, en el que se establecieron los cometidos y los principios básicos de su funcionamiento.

Documentos posteriores de los gobiernos, protocolizados por notas reversales, y de la propia comisión, fueron complementando la normativa que dio marco legal y definió su funcionamiento. Se trata de un organismo internacional, independiente de los Estados parte, al que no lo alcanzan las leyes y las normas resueltas por estos.

La CTMSG tiene su propio “sistema judicial”, conformado por el Tribunal Arbitral Internacional de Salto Grande, integrado por cinco miembros de cada país, designados por la propia comisión cada cuatro años.

La comisión está integrada por tres representantes de cada país, designados por los gobiernos respectivos. Antes de 2005 eran cinco de cada Estado, y a propuesta de Uruguay se redujeron a tres, y uno de ellos se ofreció a la oposición, para desarrollar su tarea de control. En este período, iniciado en 2020, lamentablemente la oposición no tiene lugar en la delegación de Uruguay, ya que no se aceptó la representación del Frente Amplio en dicha integración.

La delegación de Uruguay es designada por resolución del presidente de la República junto con los ministros de Relaciones Exteriores y de Industria, Energía y Minería. Es quien debe impulsar y negociar con su par de Argentina los lineamientos políticos que el gobierno nacional define para lograr la adecuada gestión de un organismo tan importante para el país.

Para valorar mejor la importancia de Salto Grande para Uruguay conviene repasar, en forma muy resumida, algunos datos:

• Salto Grande aporta promedialmente 43% del consumo eléctrico del país, a un costo inferior a 8 dólares por megavatio, con energía renovable. En momentos de buena hidraulicidad, el aporte puede superar 60% de dicha demanda.
• Reduce los impactos de las crecidas sobre las poblaciones aguas abajo y opera el Sistema de Alerta Temprana de crecidas del río Uruguay.
• Es la más grande y robusta interconexión eléctrica del país, permite la importación y exportación de energía con Argentina, además de cumplir un papel fundamental en la regulación de la frecuencia eléctrica de ambos países. Fue la central que permitió “levantar” el gran apagón ocurrido en junio de 2018 en Uruguay y Argentina. Ese día, “la luz” volvió gracias a Salto Grande.
• Aporta capital humano capacitado y reconocido a nivel internacional.
• Conecta físicamente con Argentina mediante el puente carretero y ferroviario, realiza el monitoreo hidroambiental del sistema río-lago y zonas aledañas, y contribuye con el desarrollo regional, con el desarrollo científico-tecnológico, con el turismo, entre otros.
• Es un ejemplo valioso de integración, con luces y sombras, pero con más de 70 años de historia y 46 años de existencia real.

El sueño del canal de navegación

El presidente de la República ha repetido desde la campaña electoral que sueña con hacer navegable el río Uruguay más allá de la represa de Salto Grande, y la verdad es que es un sueño compartido por mucha gente. En primer lugar, por los ciudadanos de los departamentos del norte del país, que ven en dicho objetivo la posibilidad de un desarrollo siempre buscado de fuentes de trabajo; en definitiva, de un mejor futuro. También es compartido por quienes hemos tenido alguna tarea de responsabilidad en Salto Grande, técnica o política, a través de la cual hemos tomado contacto con la historia y la génesis de un proyecto tan emblemático como la represa, del cual la navegación es parte fundacional e inconclusa.

Por supuesto que está bueno y es necesario mantener vivos los sueños o las utopías que –al decir de Eduardo Galeano– nos ayuden a caminar, y que trabajemos para hacerlos realidad si pensamos que su concreción traerá beneficios para la mayoría de la población; pero lo que nos llama la atención y nos preocupa es que desde el gobierno se ponga un tema como este en la agenda de una forma casi voluntarista, que transmite una sensación de inmediatez totalmente irreal, sin detenerse en analizar antecedentes de estudios recientes sobre la factibilidad económica del proyecto mencionado.

Con el mayor respeto por las autoridades, debemos decir que es muy difícil no ver esta movida como parte de la contienda electoral departamental en Salto, en la cual el equipo principal de gobierno está explícitamente involucrado. Toda noticia “positiva” juega a favor de él o los candidatos y dirigentes del partido de gobierno, algunos de los cuales tienen vínculos directos con Salto Grande. El problema es que esas noticias tengan contenido real, sustancia, más allá del titular mediático y el voluntarismo político.

La navegación por el río Uruguay, sorteando el obstáculo que representa la represa de Salto Grande, es una obra factible desde el punto de vista de la ingeniería. Es más, ya existe un proyecto detallado con varias alternativas y etapas para lograrlo, que incluye los costos involucrados, y parte de la obra se ha dejó prevista cuando se construyó la represa. Dicho proyecto se desarrolló entre los años 2001 y 2003 entre la Comisión Administradora del Río Uruguay, Salto Grande y la Unión Europea. Pero en este tipo de grandes obras con eso no alcanza, se requiere el acuerdo entre los países involucrados, endeudamiento para su construcción, mantenerla en condiciones en forma permanente y principalmente tener algún grado de certeza sobre el retorno de la inversión, o sea, que habrá demanda del uso de dicha “megaobra”.

En las últimas semanas hemos tenido la posibilidad de escuchar y leer la opinión sobre este asunto del catedrático y especialista doctor Edison González Lapeyre, históricamente relacionado a la diplomacia y en particular a los asuntos del río Uruguay, quien ha dado públicamente argumentos históricos, geográficos y diplomáticos que cuestionan la viabilidad de la obra. Desde nuestro lugar, queremos aportar un dato adicional con base en los estudios recientes realizados sobre el tema.

En 2017, el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa instruyó a quienes integrábamos la delegación de Uruguay a realizar todo lo necesario para avanzar en los estudios de factibilidad que permitieran actualizar la información necesaria sobre el tema, declarando públicamente su intención política de incluir el asunto en la agenda bilateral con Argentina.

A partir de ello, la CTMSG, a iniciativa de la delegación de Uruguay, impulsó, en el marco de una cooperación no reembolsable que tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una consultoría para determinar un “Estudio actualizado de la demanda de utilización de la vía navegable del río Uruguay al norte de la represa de Salto Grande”. Se entendía como un dato previo fundamental actualizar la información existente y saber qué potencial demanda de utilización podría tener dicha vía navegable antes de embarcar a ambos países en un proyecto de tal envergadura.

Dicho estudio se realizó entre 2018 y principios de 2019, por la Consultora CSI Ingenieros, y se entregó a la CTMSG en marzo de 2019. Allí se realizó el relevamiento de los proyectos de ingeniería existentes para el traspaso de la central, los obstáculos geográficos del río, la información de infraestructura portuaria aguas arriba de Salto Grande, los potenciales interesados, principalmente los productores y los exportadores de Brasil y Argentina, la realidad del transporte actual terrestre y de la hidrovía (Paraná-Paraguay) existente y, obviamente, los costos involucrados en la inversión y el mantenimiento posterior necesario.

Algunas de las principales conclusiones extraídas de dicho voluminoso informe son:

• El transporte fluvial a través del río Uruguay aguas arriba de la represa de Salto Grande no resulta competitivo frente a la hidrovía Paraguay-Paraná y las alternativas terrestres (carreteras y ferrocarril).
• El proyecto no es financieramente sustentable ni siquiera en el caso de cobro de una tarifa de peaje, pues dichos costos eliminarían la ya limitada demanda por tal servicio (en los pasos existentes por las vías navegables en Brasil y en Paraná-Paraguay no se cobra peaje).
• El costo mínimo de inversión es de 200 millones de dólares, más un costo de mantenimiento anual del orden de los siete millones de dólares.

Por si no fuera suficiente con la experimentada opinión del doctor González Lapeyre, estas conclusiones profundizan en un aspecto que justamente dicho diplomático reclama: la viabilidad económica.

Además de lo anterior, que en forma clara cuestiona la factibilidad del proyecto, tengamos en cuenta otros aspectos adicionales. Por un lado, la situación actual de pandemia, que repercute integralmente en las economías de los países con efectos que durarán varios años, y por otro, la situación económica de Argentina, que no parece estar en condiciones de promover una obra de dudosa rentabilidad, para la que deberá conseguir endeudamiento externo. Sin acuerdo real, escrito y firmado de ambos países, esto sólo quedará en un sueño.

Un capítulo aparte y que trasciende este análisis merece el necesario involucramiento de Brasil que requiere un proyecto de este tipo, dado que el río Uruguay, luego de ser compartido entre Uruguay y Argentina, pasa a serlo entre Argentina y Brasil, y luego es sólo de Brasil. Se trata, por lo tanto, de un proyecto trinacional en el que Brasil es un jugador imprescindible; si no hay interés (y compromiso) de los productores y exportadores brasileños “difícil para sagitario”. Quienes hemos tenido alguna posibilidad de estar cerca, aunque sea lateralmente, de los temas que exigen acuerdo de la diplomacia brasileña sabemos lo difícil y trabajoso que es alcanzar objetivos cuando en principio aparecen solamente como de interés prioritario de Uruguay.

Alcanzar la navegabilidad aguas arriba de la represa de Salto Grande es un “proyecto país” que requerirá varios períodos de gobierno y acuerdos entre los partidos políticos y entre países. Está bien y es necesario ponerlo en la agenda y los planes de desarrollo (nacional y trilateral), pero parece poco serio mantenerlo tan activo en los medios y en las presentaciones públicas, como si fuera algo a realizarse en este período de gobierno. ¿No sería más conveniente y daría más sustentabilidad al proyecto que el gobierno proponga avanzar en este tema con cautela y que involucre a la oposición?

De concretarse, será un proyecto que impactará en el futuro del país, en forma positiva o negativa; en cualquier caso, parece más “republicano” llevarlo adelante con el mayor consenso político posible.

Un proyecto en ejecución que bien vale conocer

Por otra parte, el gobierno ya tiene un proyecto de infraestructura en ejecución, que es binacional y fundamental para el sostenimiento energético del país. Este proyecto implica 80 millones de dólares de inversión hasta el año 2024, con financiamiento del BID para Uruguay y Argentina, y alcanzará los 900 millones de dólares en los próximos 20 años. Moderniza completamente el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, mejorando y extendiendo su vida útil por 40 años más. Un aspecto muy importante de este proyecto es que, a diferencia de lo que está pasando con el tema de la navegación, la construcción y la definición de este plan modernizador que se concretó en el período anterior de gobierno siempre se consideró como un “asunto país”, y la oposición de aquel momento, que hoy está en el gobierno, participó en todo el proceso por medio de su representante en la delegación de Uruguay en Salto Grande. No se tuvo ninguna actitud de mezquindad política con un asunto que trasciende más de un período de gobierno. Llama la atención que el presidente y su equipo no mencionen la importancia de una obra de tamaña inversión y repercusión en el sostenimiento de la matriz energética nacional, y en cambio se insista con una idea de dudosa concreción en el corto plazo.

Gabriel Rodríguez es ingeniero, fue integrante de la delegación de Uruguay en el CTMSG entre julio de 2005 y abril de 2020, fue fundador y presidente de la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande. Agradezco la colaboración con comentarios y sugerencias para la elaboración de la presente nota de Daniel Greif y Eduardo Bandeira, ex integrantes de la delegación de Uruguay en el CTMSG.