Voy a comenzar una serie de análisis de las políticas sociales que el actual gobierno nacional se plantea implementar (de hecho, ya iniciadas), tomando en primer lugar el capítulo referido a la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto, por inciso. Comienzo por algunas definiciones básicas de dicho documento relacionadas al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). No seguiré un orden secuencial, sino –antes bien– comenzaré por los tópicos que me resultan más llamativos.
Partiré del mismo título que encabeza las definiciones básicas del capítulo relacionado al Mides, “Políticas Sociales, Vivienda, Empleo y Salud”, que expresa una primera falacia o error conceptual. Veamos por qué.
En primer lugar, el núcleo central de las políticas sociales en cualquier parte del planeta, sin distinción del sistema político y económico, lo constituyen las políticas públicas de salud, educación, vivienda, seguridad social, sociolaborales, de la cultura, el deporte y la recreación; también la asistencia social. De modo que aquel título presupone que salud y educación no serían parte de las políticas sociales (primer error) y que estas serían aquellas dirigidas sólo a la pobreza y la vulnerabilidad social (segundo error).
Luego, de los conceptos más elementales que intentan proponer nuevas definiciones, considero uno de importancia superlativa. El texto establece un “nuevo concepto de pobreza” que transcribo literalmente: “La pobreza se expresa en la insuficiencia de recursos materiales y deterioro en las condiciones de vida, y en muchas ocasiones subyace detrás de ello la incapacidad de generar esos recursos o ese bienestar en forma autónoma ya sea a través de ejemplos dignos o de emprendimientos sustentables. Una comprometida política contra la pobreza debe crear las oportunidades para que las familias y los individuos se vuelvan capaces de generar ingresos y establecer lazos de cooperación con el resto de la sociedad”.
Crítica
En primer lugar, la pobreza manifiesta efectivamente la imposibilidad o limitación moderada o severa de satisfacer las necesidades básicas y ejercer plenamente el conjunto de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Por otra parte, la capacidad de generar recursos o lograr el bienestar no depende –como plantea el texto– de imitar “ejemplos dignos o de emprendimientos”, más allá de que promover y apoyar emprendimientos socioeconómicos sea una estrategia mitigadora útil y aplicada durante décadas en Uruguay y en el mundo entero. Suponer que aquellos emprendimientos constituyen la salida de superación de la pobreza es –al menos– una visión limitada por sí misma. Además: ¿cuáles son los ejemplos dignos?
Me explico: es generalizado el refrán que reza “a los pobres no hay que darles de comer, sino enseñarles a pescar”. Bien, yo insisto mucho en mis cursos que se trata de a) dotar de capacidades efectivas para poder pescar; b) pero para ello se necesita una buena caña de pescar (recursos de todo tipo); c) un lugar dónde ir a pescar (oportunidades, marcos regulatorios, acceso igualitario). De lo contrario todo queda en supuestas buenas intenciones.
El “nuevo” concepto de pobreza propuesto por el gobierno no es ni nuevo, ni tiene en cuenta la desigualdad estructural. Es una concepción de la pobreza asumida en los 90 en América Latina.
En segundo lugar: se afirma que “[...] las familias y los individuos se vuelvan capaces de generar ingresos y establecer lazos de cooperación con el resto de la sociedad”. ¿Cómo debo entender esto? ¿Que los pobres no saben o no pueden establecer lazos de cooperación con la sociedad? En otras palabras, que los pobres son los principales responsables de ser pobres porque no cooperan con la sociedad. Dicha afirmación presupone que la responsabilidad recae enteramente en los individuos y las familias, por tanto, lo que el Estado debería hacer es “enseñarles a pescar” y promover cambios de conducta (“cooperando con el resto de la sociedad”), tales que los hagan valerse por sí mismos para superar su situación de pobreza. En pocas palabras, los pobres deberían cambiar su actitud para dejar de ser pobres. Argumento cínico y equívoco ciertamente.
En tercer lugar, se “desconoce” que la pobreza y la desigualdad tienen su contracara en la riqueza. No se puede entender la pobreza como un problema singular de los individuos o de las familias, sino en el marco de una división social del trabajo y del reparto inequitativo de los recursos. Si no, ¿cómo entender los miles de hogares cuya situación de pobreza persiste, aun teniendo ingresos provenientes de un empleo formal o del trabajo informal? Cuando hoy se advierte una pérdida del salario real, el impacto directo es una reducción del poder de compra y, por tanto, el riesgo de caer en la pobreza se acrecienta. Los pobres trabajan –incluso más que los ricos– y no por ello y de suyo logran modificar sus condiciones materiales de existencia.
En suma, el “nuevo” concepto de pobreza propuesto por el gobierno no es ni nuevo, ni tiene en cuenta la desigualdad estructural. Es una concepción de la pobreza asumida en los 90 en América Latina, que diera lugar al paradigma liberal-residual de bienestar (Barba, 2003). Los resultados ya conocidos de la aplicación de este esquema conceptual han sido devastadores. El rumbo que ha tomado este gobierno está claramente expuesto en este documento que analizamos, los impactos serán –sin dudas– igualmente negativos.
La pobreza no se combate con buenas intenciones, detrás de las políticas públicas hay ideologías que las informan. Y, además de combatir la pobreza, debe combatirse la acumulación de riqueza, que, en este siglo, llega a niveles de obscenidad éticamente insostenibles.
Christian Mirza es profesor universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y fue director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social entre 2005 y 2010.