Vivimos en sociedades del silencio. Todos los ciudadanos y las ciudadanas sabemos y tenemos pruebas de hechos de interés público que nunca denunciamos. ¿Por qué? Normalmente es por falta de un canal adecuado, porque no le damos la importancia que merece, o porque el hecho de denunciar nos puede repercutir de alguna forma, social o laboralmente. En nuestras sociedades la persona “pilla” o “viva” está bien vista y normalizada, el consejo “no te metas en problemas” o “no te metas donde no te han llamado” está ampliamente aceptado.

En los últimos años hemos visto cómo el silencio se agrieta a fuerza de movimientos sociales organizados o acciones individuales o colectivas espontáneas. Julian Assange, Edward Snowden y Chelsea Manning son las tres últimas personas que rompieron el silencio a nivel global y la verdad es que nadie quisiera estar ahora mismo en su lugar. Las heroínas y los héroes son excelentes íconos para promover una causa, pero la gran mayoría de las personas lo que desean es vivir su vida tranquilamente, sin grandes sobresaltos ni juicios en su contra, aunque como sociedades reconozcamos la importancia de las revelaciones para lograr cambios sustanciales que fortalezcan nuestras democracias.

Muchas otras y muchos otros whistleblowers –anglicismo que traducimos como “persona alertadora”– prefieren mantener el anonimato como forma de protegerse ante repercusiones por las revelaciones que están haciendo. Es el caso de John Doe (equivalente inglés a Fulano de Tal), nombre con el que se identificó la persona alertadora que hizo llegar toda la documentación de Mossack Fonseca al Consorcio Internacional de Periodismo, lo que derivó en los mundialmente conocidos Panama Papers.

En una mirada más local, estamos viviendo un momento histórico de ruptura del silencio con un movimiento masivo de alertas. Cientos de personas –mayormente mujeres, algunas anónimas, otras mostrando su identidad– se atrevieron a compartir abiertamente información de interés público con la esperanza de cambiar la cultura machista de Uruguay. La campaña pionera fue #MelodijeronenlaFMed, en la que varias mujeres contaron sus experiencias de violencia de género en la Facultad de Medicina y en otras áreas de la salud. Mujeres Medicina lideró esta propuesta y creó un buzón abierto en Instagram para recibir denuncias de distintas formas de violencia de género, abuso y acoso, silenciadas o no escuchadas.

La siguió la campaña espontánea #VaronesDelCarnaval, que se fue transformando en VaronesDe (espacios o sectores diversos) y que fueron recopilando y publicando alertas que exhibían cómo el abuso del poder machista está en todos lados y cómo el “no meterse en problemas” ha alimentado la complicidad y la impunidad de un pacto patriarcal que está presente en el ámbito público y en lo privado.

Alertar, ya sea de forma anónima o revelando la identidad, no es un proceso personal fácil. El miedo, la revictimización o la ansiedad de las repercusiones frenan a muchas personas; no existen apoyos ni acompañamientos formales para las personas alertadoras. Todo recae en las redes personales.

Muchos países han llegado a la conclusión de que estos cambios estructurales, sociales y culturales, que tienen como protagonistas a las personas alertadoras, necesitan urgentemente mecanismos de protección, apoyo y respeto. Además, existe un acuerdo global acerca de que promover las alertas y proteger a las personas alertadoras es fundamental para cuidar la democracia.

Una definición bastante aceptada es que puede alertar cualquier persona física que comunique hechos, actos u omisiones, de manera nominal o anónima, sobre irregularidades, ilegalidades, actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y daños graves al medioambiente, es decir, cualquier tipo de malas prácticas de carácter no trivial que puedan ir en contra o amenacen el interés público, con el fin de ejercer su responsabilidad democrática, pudiendo estos hechos dar lugar a la exigencia de responsabilidades legales.

Estados Unidos, Corea, Australia, Canadá, Irlanda, Reino Unido y Serbia, entre otros, tienen leyes para proteger a las personas alertadoras; en los próximos 12 meses los 27 países de la Unión Europea aprobarán leyes de protección y promoción de las personas alertadoras derivadas de la Directiva Europea de 2019. Entre los grandes avances que realiza esta directiva está el de quitar cualquier culpa a la persona alertadora en el momento de alertar, pidiéndole sólo “motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación" de la directiva.

Necesitamos romper con el silencio, para acabar con la corrupción, los abusos y las vulneraciones a los derechos humanos, y establecer protecciones para quienes alertan.

En América Latina el proceso aún es incipiente. Ningún país reconoce todavía la figura de las personas alertadoras en su articulado legal, a pesar de que la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos de 1998 o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 incluyen, como deber de los estados miembros, establecer mecanismos de protección a alertadores. Al momento, México, con un buzón para alertadores de la corrupción lanzado en julio de 2019 y una intención del gobierno de legislar al respecto, es el que está más avanzado.

Necesitamos romper con el silencio, para acabar con la corrupción, los abusos y las vulneraciones a los derechos humanos, y establecer protecciones para quienes alertan, sobre todo considerando que estamos en la región más peligrosa para defensores de la tierra, del medioambiente y de los derechos humanos.

Tenemos importantes retos culturales en la adaptación y la regionalización de estas leyes: dejar atrás la concepción de soplón o delatora, crear nuevos mecanismos independientes de resguardo del anonimato y conseguir generar la suficiente confianza entre las personas de todas las identidades y sectores para que se atrevan a alertar. Hacerlo no es fácil, pueden estar poniendo en riesgo el trabajo, la familia, el entorno social, el estilo de vida, la salud mental y física o, en el peor de los casos, su vida misma.

Como en tantas otras ocasiones, la sociedad va por delante de la ley. Desde hace cinco años, alianzas de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han abierto en varios países de la región plataformas independientes de alerta ciudadana y transparencia para revelar información de interés público, como es el caso de la reciente Uruguay Leaks. Gracias a la valentía de la ciudadanía y el anonimato que proporcionan estas plataformas, en distintos países se han revelado casos de corrupción, pederastia, abusos corporativos, vínculos entre narcotráfico y partidos políticos, así como violaciones de derechos humanos que muestran la captura del estado de la región.

Las futuras leyes de protección y promoción de personas alertadoras deben tener en cuenta el rol de las plataformas de alerta promovidas desde el periodismo y la sociedad civil, y los movimientos de alerta masivos, como el de los movimientos feministas y de mujeres #VaronesDe en Uruguay, Te creo Hermana en Argentina, El Violador eres Tú de Chile o el MeToo global, de los cuales hay mucho que reconocer y aprender.

Todas y todos conocemos un caso de corrupción, malversación o abuso por proximidad, que callamos por no tener los canales adecuados para expresarlo y por legítimo miedo a perder algo de nuestro entorno. Los movimientos feministas, desde las marchas en las calles a las denuncias en redes, alertaron sobre prácticas que se viven con mucho dolor, vergüenza, culpa o hasta inconsciencia en el día a día y en todos lados, donde prima la cultura de la violencia, la violación y el abuso. El alertarnos es más que el acto de alertar. El alertarnos es un proceso de denuncia, pero es también un proceso colectivo de escucha, de acompañarse y de avanzar en una sociedad más justa para todes.

Alejandra Scampini y Eduard Martín-Borregón trabajan en PODER, organización cofundadora, entre otras plataformas, de México Leaks, Uruguay Leaks y Latam Leaks.