En la antesala del debate sobre el Presupuesto Nacional, se instaló la discusión acerca de la magnitud de los recursos que el gobierno destina al combate de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. La discusión va mucho más allá de una cuestión de tamaño: refiere a la transparencia y la confianza.

La confianza de los ciudadanos en las directivas sanitarias públicas es, con razón, uno de los factores claves de las estrategias exitosas frente a la pandemia. En efecto, es con base en tal confianza que los ciudadanos gestionan sus vidas y angustias y, en la medida de sus posibilidades, se esfuerzan en cumplir con los mandatos públicos.

Más allá de los maniqueísmos y las teorías conspirativas que, por alguna razón, dominan la mente y el alma de algunas personas, lo cierto es que un país está en serios problemas cuando, transitando una emergencia sanitaria de características desconocidas, los ciudadanos desconfían de los objetivos, racionalidad y fundamento científico de las directivas de las autoridades sanitarias, así como de su capacidad para implementarlas.

En Uruguay, y por razones que no es del caso analizar en esta oportunidad, aunque conviene tener presente que no están dadas “de una vez y para siempre”, los ciudadanos confían en tales directivas.

En otras áreas del comportamiento social, como la política y la economía, la confianza es igualmente relevante. La transparencia, a su vez, es un factor clave para generar confianza. Y aquí tenemos un problema.

La necesidad de una política basada en evidencias y un inquietante veremos

“No se escatimarán recursos para atender la emergencia sanitaria, social y económica” y los recursos con tales nobles fines están “encapsulados” en el Fondo Coronavirus, dice y repite la ministra de Economía y Finanzas (o “la ministro”, como se refieren a Azucena Arbeleche en el gobierno).

Hay que reconocer que la frase es contundente y, en principio, parece estar a la altura de los enormes e inéditos desafíos que provoca la pandemia, pero en su contundencia comporta, al menos, dos condiciones a la hora de confirmar su autenticidad. En primer lugar, se asume un compromiso que debe reflejarse en la realidad y, en segundo lugar, la tranquilizadora promesa debería suponer una igualmente contundente rendición de cuentas. En caso de que las condiciones no se cumplan, la formulación ministerial no será más que una expresión de buenas intenciones, o un hallazgo de marketing.

Acerca de lo primero, el Frente Amplio (FA) plantea que los recursos efectivamente aplicados a los planes sociales y la recuperación económica son totalmente insuficientes, lo que implica sufrimiento económico y social hoy, y aún mayor sufrimiento en el futuro. Y ha explicado que, como resultado de las fortalezas financieras, uno de los activos reconocidos por el gobierno ante inversores extranjeros, los recursos están disponibles. Y, más allá de los planteos del FA, las ollas populares, la masiva caída de ingresos, el desempleo y el cierre de empresas dan cuenta del sufrimiento económico y social.

Respecto de lo segundo, la rendición de cuentas, tenemos un problema.

“Corresponde señalar que esta Secretaría de Estado se encuentra recabando y procesando los datos correspondientes al Fondo Solidario Covid-19, estando dentro del plazo legal para la presentación de la rendición de cuentas, que será enviada a la Asamblea General”, fue la respuesta que el 21 de julio dio la ministra Arbeleche a un pedido de informes de la bancada de senadores del FA sobre el Fondo Coronavirus.

El planteo de los senadores pretendía “dar seguimiento” a la “implementación” del Fondo. Para ello dirigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un pedido estructurado en diez puntos, muy detallados y precisos, y que tenían en cuenta el comunicado conjunto del MEF y el Banco Central del Uruguay del 30 de abril, “Impacto de la emergencia sanitaria en las estadísticas fiscales”.

En relación a los ingresos del Fondo, se solicitó información sobre los conceptos y montos mensuales involucrados, indicando las donaciones, los aportes del Fondo de Reconversión Laboral, los aportes de las utilidades del Banco República, la versión de las utilidades acumuladas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, los aportes del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, del Instituto Nacional de Carnes, así como otros aportes, si los hubiere. Asimismo, se solicitó información acerca del Impuesto de Emergencia Sanitaria sobre el salario de los funcionarios públicos y el adicional al IASS sobre las pasividades.

Parece evidente que es pertinente obtener precisiones y confirmaciones acerca de la concreción de tales ingresos, dados el reciente folletín de la “explosión de solidaridad del campo”, el papel de las relevantes instituciones mencionadas y la selectiva convocatoria a funcionarios y pasivos a realizar un aporte obligatorio.

En relación a los egresos, se solicitó la discriminación de los distintos gastos por inciso y tipo de intervención, lo que no se puede visualizar en los registros fiscales. Se entiende que es hora de ponerle precisión, y números, a la miríada de anuncios y declaraciones que se suceden diariamente. Dicho de otra forma, tener información precisa acerca de cuáles son, quién es el responsable, a cuánto ascienden y cómo se procesan los apoyos sociales es, a esta altura, imperioso.

También se solicitó información metodológica de distinto tipo, en particular la vinculada a la forma de registrar presupuestalmente los aportes de financiamiento al Fondo realizados a través de préstamos de organismos internacionales, así como acerca el detalle de los préstamos destinados total o parcialmente a financiar el Fondo.

Finalmente, y respecto de las políticas llevadas adelante por la Agencia Nacional de Desarrollo para mitigar el impacto económico de la pandemia, se solicita conocer dónde se encuentran registradas en el resultado fiscal, así como el detalle y origen de los fondos utilizados. Se comprenderá el interés, dada la magnitud de los fondos aparentemente comprometidos: el 19 de marzo se anunció un “incremento del fondo de garantías de crédito de la Agencia Nacional de Desarrollo para que las instituciones financieras accedan a créditos por un monto de hasta 2.500 millones de dólares”.

Y la respuesta fue un “veremos”.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que constituyó el Fondo Coronavirus no preveía rendición de cuentas alguna a la ciudadanía. En el Parlamento, y a partir de la iniciativa del FA, se agregó el artículo 11, que establece que “el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General, dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario COVID-19. Si este plazo venciera dentro del período de elaboración de cualquier instancia presupuestal, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar dicho plazo por 90 días más, a partir del vencimiento del período de elaboración citado”.

Como se observará, el artículo en cuestión no le impide al MEF –que por el artículo 1 ostenta su “titularidad” así como su “administración” – publicar regularmente informes sobre el Fondo Coronavirus, lo que contribuiría a generar los niveles de confianza y transparencia que la ciudadanía merece y exige.

La respuesta del MEF se contradice con el discurso del gobierno que integra, y la coalición política que lo sustenta, que han hecho cuestión central del uso del concepto de “transparencia”.

Pero “la política” también importa. Y, en este sentido, la respuesta del MEF, es decir del Poder Ejecutivo, al FA constituye un hecho político de primer orden. Es que, ahora en la oposición y a pesar del permanente hostigamiento de que es objeto, la principal fuerza política, el FA, dio sus votos para votar el proyecto de ley que constituyó el Fondo Coronavirus. Al inicio de la pandemia, el FA “tendió la mano”, y cuando pidió una “rendición de cuentas” recibió evasivas formales y falta de transparencia como respuesta. Curiosa forma de pretender construir confianza.

De hecho, la respuesta del MEF se contradice con el discurso del gobierno que integra, y la coalición política que lo sustenta, que han hecho cuestión central del uso del concepto de “transparencia”. Dicen, y reiteran una y otra vez, que es uno de los ejes de su accionar público, lo que no se reflejó, por cierto, en la respuesta al pedido de informes.

Pero lo sucedido no es algo aislado. La declamación de transparencia choca contra una forma de gobernar que hace un culto, un método quizás, de los “anuncios” –anuncios de lo que se va a hacer, anuncios de lo ya anunciado, anuncios de lo que próximamente se anunciará–, comunicaciones, a su vez, que todas ellas se distinguen por su imprecisión.

El punto es que transitando una pandemia como la que nos toca, la ciudadanía tiene derecho a ser informada con claridad y entender lo que está en juego. Es a partir de esta capa de información que los partidos y las organizaciones pueden promover de mejor forma los distintos debates acerca de la suficiencia y diseño de las medidas y políticas.

Huelga señalar que, en la mayoría de los países y en las organizaciones internacionales, los debates en torno a la respuesta a la pandemia versan sobre temas sustantivos –como la potencia, la oportunidad, el diseño, los impactos y la evaluación de las políticas públicas– y no pasan por disquisiciones acerca de a cuánto asciende, concretamente, dicha respuesta.

Imprecisiones y problemas del “doble discurso”

En el marco de las críticas del FA por la insuficiencia de la respuesta frente a la pandemia, y a las crecientes demandas sociales, aquel “no se escatimarán esfuerzos” de la ministra Arbeleche se tradujo, según dijo el presidente Luis Lacalle Pou el 12 de agosto, en que “la ministro de Economía abrió la canilla en la pandemia, vamos a tener un gasto extra de más de 600 millones de dólares, en asistencia social básicamente”.

A su vez, y en conferencia de prensa junto al presidente Lacalle Pou y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ministra Arbeleche dijo el 26 de agosto que se proyecta gastar 768 millones de dólares para enfrentar la pandemia (dando cuenta de los grandes rubros involucrados), que “hasta ahora se gastó la mitad de ello” y que, a junio, las cifras fiscales indican un gasto de aproximadamente 250 millones de dólares.

Lo del principio: la respuesta al pormenorizado pedido de informe de la bancada de Senadores del FA hubiera sido una excelente oportunidad para hacer honor al declarado compromiso con la transparencia.

Se está a tiempo de no esperar al fin de la emergencia sanitaria, o a 90 días después de tal fin, para publicar regularmente informes que permitan a los ciudadanos y las organizaciones políticas y sociales discutir con más y mejores insumos acerca de las formas que asume la “nueva normalidad”.

Sería, a esta altura y en la antesala de la muy compleja discusión presupuestal, una señal necesaria.

Y, como beneficio adicional, se obviarían estériles e insólitas discusiones públicas con respetadas organizaciones multilaterales, como la que el gobierno protagonizó con la CEPAL.

Al respecto, cabe reiterar que el “doble discurso” y, por otro lado, la transparencia y rendición de cuentas, son prácticas opuestas. Así como el discurso oficial del “país en ruinas” luego de “una década y media de despilfarro y de desaprovechar oportunidades” no se sostiene a la hora de emitir, con éxito, deuda pública, tampoco es mínimamente consistente cuando se intenta fundamentar bajos niveles de gasto público incremental para combatir las consecuencias de la pandemia trayendo a colación la solidez del sistema de protección social heredado.

Es que, como dijo el canciller Francisco Bustillo, Uruguay es “un país que ha dado muestras de tener excelentes registros sociales, y en esa medida la situación de la que partió para hacer frente a la pandemia es muy distinta a la de otros países”, y ello se explica “por imperio de lo que han sido todos los gobiernos que nos han precedido y este mismo, que durante la gestión de la pandemia tiene guarismos fantásticos”.

“Fantásticos”, dijo, por más que nos recorra un escalofrío al escuchar a un gobernante, transitando una crisis, pronunciar tal adjetivo. Aunque sea en castellano.

Gabriel Papa fue asesor del ministro de Economía y Finanzas (2011-2019).