A principios de enero Chile se estremeció con la imagen de GC, niña mapuche de siete años, siendo reducida por un efectivo de la PDI (policía civil chilena) a la fuerza para ser detenida junto a su madre y su abuela. Las tres se dirigían a la ciudad de Angol, donde se dictaría sentencia en el caso de Camilo Catrillanca, weichafe (luchador) mapuche y padre de GC, asesinado por Carabineros y por el cual se levantó un montaje, a nivel institucional, con el fin de encubrir a los responsables.
La imagen de la niña siendo detenida junto a la de un menor de 16 años en el lecho del río Mapocho, después de ser lanzado por un funcionario de Carabineros en medio de manifestaciones en el primer aniversario del 18 de octubre, son muestra del atentado contra la integridad de los niñas, niñas y adolescentes que ha cometido de forma sistemática el Estado chileno.
La vulneración de la infancia constituye un serio problema a nivel global y Chile no es la excepción a este problema. La tragedia del Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo estatal chileno cuyo rol es la protección de la infancia y que en 2016 se vio fuertemente sacudido por denuncias de abusos y maltratos en residencias que dependían de este, es el mejor ejemplo de ello. Según cifras oficiales, serían 1.313 menores que habrían fallecido bajo la custodia de la institución en el período 2005-2016. A esto se le sumaron decenas de miles de denuncias de abusos y vulneraciones a los que se vieron sometidos quienes el Estado debería proteger.
La crisis del Sename en Chile develó cómo el Estado y sus instituciones nuevamente no daban la talla. Las políticas neoliberales habían tercerizado una cantidad importante de los centros, los hogares y las residencias de los menores, lo que provocó que se les entregara la responsabilidad de proteger a menores a quienes buscaban ser rentables económicamente con las subvenciones que les otorga el Estado para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Pero la crisis del Sename no es el único ejemplo de vulneración de derechos de menores por parte del Estado. Allanamientos a comunidades indígenas con niños sangrando, policías persiguiendo a menores como si fuesen grandes delincuentes dentro de colegios o abusos cometidos por policías en comisarías y recintos de Carabineros contra estudiantes son sólo algunos de los casos en que el Estado ha ido contra su rol de dar protección a niñas, niños y adolescentes
Desde el inicio de la revuelta han sido muchas las denuncias que abundan en redes sociales, donde se muestra a oficiales de Carabineros cometiendo abusos contra menores. Detenciones arbitrarias y niños golpeados, mojados por el carro lanza agua o ahogados por los gases lacrimógenos lanzados, de manera excesiva, por funcionarios policiales.
Según la defensoría de la niñez, organismo de reciente creación a causa de la crisis vivida por el Sename, serían 662 los casos en los que agentes del Estado habrían cometido abusos hacia menores. La gran mayoría de las denuncias corresponden a la capital chilena y en 602 casos las denuncias hablan de lesiones que habrían sufrido los menores. Es preocupante que más de 100 de las denuncias tratan de niñas, niños o adolescentes heridos por balas o balines disparados por funcionarios de la Policía.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registra 468 querellas, recursos de protección o acciones judiciales que se presentaron entre el 18 de octubre de 2019, fecha que inició la revuelta, y el 18 de marzo de 2020, todos por abusos contra menores cometidos por agentes represivos del Estado, en su mayoría carabineros.
¿Con qué herramientas contamos los pueblos para frenar esta ola desmedida de gravísimas violaciones de derechos de la infancia? ¿A quién recurrimos si no podemos apelar al Estado?
La vulneración de la infancia por parte del Estado chileno ha quedado constatada en decenas de informes nacionales e incluso internacionales, reportes académicos y periodísticos. A pesar de todo esto, la complicidad silente de los principales medios de comunicación es aberrante, los mismos que montan espectaculares shows mediáticos cuando se sabe del caso de un o una menor cuyos padres no le dieron el cuidado y la protección mínima que se merece. El caso de Ámbar, una adolescente asesinada por su padrastro, es un claro ejemplo de ello.
Por su parte, la élite política y empresarial lleva años de discursos proinfancia. Con eslóganes como “los niños primero”, un sector de la derecha llegó a ocupar puestos de representación popular en el Estado. Pero esas mismas personas han callado, en el mejor de los casos, o han ido directamente en defensa de funcionarios acusados de vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Dentro de las fuerzas progresistas el escenario no es muy alentador. Si bien hay quienes apuntan a cambiar el sistema de protección de la infancia, la gran mayoría apuesta a corregir el actual sistema fallido y no a cambiarlo de raíz; así quedó constatado en el trabajo realizado durante el último gobierno de Michelle Bachelet en este tema.
La Convención de los Derechos del Niño es clara en la obligación de los estados en proteger y garantizar el correcto desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Pero el Estado ha fallado sistemáticamente en esa obligación. Al igual que hacemos con el padre individual maltratador que tanto condenamos, nos cabe como sociedad denunciar y condenar este maltrato infantil ejercido por el Estado y sus agentes y no dejar que se diluya su culpabilidad. Pero mientras eso ocurre, ¿quién protege a niñas, niños y adolescentes cuando los estados no cumplen con sus obligaciones mínimas de dar protección a los más indefensos de la sociedad? ¿Con qué herramientas contamos los pueblos para frenar esta ola desmedida de gravísimas violaciones de derechos de la infancia? ¿A quién recurrimos si no podemos apelar al Estado?
Jordano Ignacio Morales es comunicador popular y diplomado en Derechos Humanos, Democracia y Ejercicio de la Ciudadanía. Vive en Concepción, Chile.