Ideología de tierras: más que plumas

Mucha tinta, programas de radio y televisión hablan algo de colonización. A priori son buenas noticias, porque la manifestación coral de organizaciones rurales y urbanas, las movilizaciones realizadas en diversos puntos del país, la unidad de fuerzas parece haber logrado instalar en la agenda que lo que pasa en el territorio, quién se lo apropia, quién está encima es un asunto importante para la sociedad uruguaya y, por tanto, lo es también el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Pero es grande el ruido y tentador multiplicarlo, porque se habla de todo un poco y se desvía la atención. Parece de primera importancia colocar el lente de la lupa donde debe estar: aquello que sí está en discusión en la Rendición de Cuentas y que modifica conceptual y materialmente la política de tierras del Estado uruguayo, y aclarar lo que no está en discusión.

Mediado por el artículo 570 de la ley de presupuesto quinquenal, al momento de asignar los recursos para este período de gobierno, se produjo un cambio radical en la asignación al INC, que sufrió un recorte de 90%. Sin embargo, no se alteraron conceptualmente la Ley 18.064 ni el mandato legal acerca del destino de los fondos recaudados por el adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales (ITP) establecido en el artículo sexto de la norma. Tampoco se afectaron, entonces, los recursos provenientes del impuesto a la concentración de inmuebles rurales (ICIR) de la Ley 18.876.

Esa discusión se dio en el punto álgido de la pandemia y la bandera del ahorro aparecía no sólo como estrategia para combatir el déficit fiscal, sino eventualmente para la reasignación de recursos de forma circunstancial para atender los emergentes de la pandemia. En esta Rendición de Cuentas, el cambio adquiere radicalidad conceptual, material y de largo plazo. Ahora sí, el gobierno establece que la recaudación del adicional del ITP y del ICIR sea utilizada para el fideicomiso de integración social y urbana y se le quite su sentido original.

Para defender esta decisión no resultó suficiente ir “por la positiva”. No alcanzó con decir que mejorar la vida de quienes viven en los asentamientos es necesario: fue necesario colocar al INC como chivo expiatorio para justificar la quita de recursos, cuyo monto en términos relativos resulta menor en el conjunto del presupuesto.

Es muy difícil justificar que el equilibrio fiscal se determina en menos de 0,2% del presupuesto, que es lo que representa el monto en cuestión, como es difícil eludir la batería de propuestas alternativas de financiamiento sugeridas desde organizaciones sociales y políticas. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) señalaron como alternativa recurrir a una partecita de las significativas exoneraciones fiscales que hoy se establecen para las empresas constructoras de vivienda denominadas de “interés social”, pero que por su precio final tienen como población objetivo capas sociales medias-altas. El PIT-CNT propuso recurrir a la implementación de gravámenes sobre los depósitos bancarios de las cuentas más abultadas que se han visto incrementados significativamente en Uruguay y el exterior en plena pandemia. Cabildo Abierto apuntó al ahorro que se podría producir en la tasa de interés retirando la emisión de bonos del mercado y utilizando fondos asignados por el Fondo Monetario Internacional poco tiempo atrás. Para el proyecto de fideicomiso de integración social y urbana del gobierno hay fuentes de financiamiento alternativas; quitarle al INC, más que a necesidad, se parece a deseo.

El ataque al INC se ha hecho en etapas, como trabajo gradual pero persistente y organizado desde diversos actores públicos y privados, del gobierno, la prensa y las gremiales conservadoras. Algunos actores con mayor lealtad teórico-política, y otros claramente chicaneros. Podemos destacar como máximo exponente de la retaguardia ideológica de la línea del gobierno la intervención del economista Pablo Roselli en el programa En perspectiva, conducido por Emiliano Cotelo, durante el verano que precedió la instalación del nuevo gobierno, o a Pablo Carrasco calificándolo de atavismo anacrónico desde una columna de El Observador. Como vanguardia desbocada del ataque estuvo el senador nacionalista Sebastián da Silva, casualmente del gremio de los que “tasan los campos con ojos de forastero”.

No está mal aprovechar que un asunto está en agenda para discutir la caja chica, pero convengamos primero que lo que está en discusión es la política de tierras y no la gestión. Después convengamos que la gestión está en manos del gobierno y, por tanto, algunas cosas las pueden discutir y solucionar entre ellos sin alaraca y con “charlas de entrecasa”.

No está en discusión en la Rendición de Cuentas si la estructura funcionarial es correcta, si sobran gerentes o no. No está en discusión si el número de vehículos es excesivo o si son demasiado nuevos. No está en discusión el modelo de colonización, si es mejor un campo de recría lechero o una fracción familiar. No está en discusión si San Jorge o Rubio son colonias modelo. No está en discusión si el INC debe orientar colonias a la lechería como estrategia de fortalecimiento de un sector agroindustrial o si cada productor debe hacer lo que se le antoja en cualquier colonia. No está en discusión qué campos vale la pena comprar y cuáles no. No está en discusión la escala de las fracciones que va a asignar el INC, si 200 hectáreas son pocas para una familia en expansión, etcétera.

Todas esas son interesantes discusiones de gestión, resorte del directorio colegiado del INC nombrado por el actual gobierno. Fueron, además, discusiones que eventualmente procesaron directorios anteriores, cabe recordar, integrados también por la oposición política desde el gobierno de José Mujica y con capacidad de contralor e iniciativa en torno al costo de la flota de vehículos, el organigrama funcionarial, los sueldos, los planes estratégicos y un largo etcétera. Sabemos, por una declaración emitida recientemente por el actual directorio en respuesta a la Federación Rural, que 99% de las decisiones son por unanimidad. En cualquier caso, si se diera la ocasión tendríamos información que pedir y opiniones que verter, porque nos sobra voluntad para rascar en la eficiencia del uso de los recursos e ideas de cómo podrían impactar más en la base de las familias colonas.

Lo que sí está en discusión es si estos impuestos continúan sumando recursos al Fondo Nacional de Colonización. Dinero mandatado para la compra de tierras en un mínimo de 90% y un máximo de 10% para inversiones en las colonias. Vale decir, un fondo destinado 100% a inversiones que se convierten en patrimonio público imperecedero y que la gestión del INC no puede consumir en la burocracia institucional: centralmente tierra, que es lo que importa.

Podría considerarse indirectamente, como parte de la discusión, la velocidad de asignación de las tierras adquiridas, pero para cualquier lector informado las explicaciones de la Asociación de Funcionarios del INC y del actual directorio del instituto resultarían suficientes para entender que dichas tierras están en un proceso colonizador que tiene etapas previo a su adjudicación y que entre medio se aprovechan mediante pastoreos o medianerías que reportan ingresos al INC y que eventualmente permiten generar mejoras para beneficio de los colonos. Aun así, la discusión sobre los tiempos entre la compra, la planificación, las inversiones, el concurso y la adjudicación son un asunto de gestión importante y modificable por cada directorio y, por supuesto, nos preocupa y ocupa, fundamentalmente por las enormes dificultades que han existido para acompasar armónicamente las inversiones de diversas instituciones claves para la ocupación de un territorio (INC, Mevir, intendencias, Dirección General de Desarrollo Rural, etcétera).

Independientemente de este asunto de “alta gestión”, lo que sí está en discusión son las oportunidades que tendrá un tambero arrendatario cuya tenencia es precaria de recurrir al fondo de estabilidad lechero para seguir produciendo, las posibilidades del INC de recomprar las fracciones desafectadas de la Ley 11.029 por la ley de urgente consideración, las posibilidades de adaptación de escala de muchas familias arrendatarias de colonias obsoletas en su diagramación, las posibilidades de llevar la experiencia del fondo de estabilidad lechero a otros sectores claves para la producción familiar, como el ganadero criador, que arrienda la mitad de la superficie que gestiona, el mensaje institucional a las nuevas generaciones de aspirantes sobre las oportunidades de acceder a la tierra individual o colectivamente para llevar adelante sus emprendimientos.

Si el directorio del INC tuvo que “pedirle permiso” al presidente de la República para comprar una chacra de 40 hectáreas en San Jacinto usando recursos que le pertenecen por ley, el mensaje es claro. Naturalizar que el presidente de la República se meta en esas decisiones no sólo es lo opuesto a la racionalidad fundacional del INC como ente autónomo y colegiado con integración de un delegado de UTU-Udelar y uno de los productores, además de tres representantes del gobierno, sino que evidencia que las adquisiciones obedecerán a excepciones antojadizas y no a una estrategia de desarrollo institucional o reglas de acción enmarcadas en una política de tierras.

Lo que está en discusión es si el INC sigue siendo una institución activa en la oferta de oportunidades diversas de acceso a la tierra para trabajadores y productores familiares, en un contexto en que el precio de las materias primas vuelve a experimentar un “ascenso generalizado” importante, en que hay nuevas plantas forestales en instalación y en que el capital transnacional continuará siendo un agente dinámico en el acaparamiento de tierras.

Todo lo demás es ruido, evasión. Aquella frase de Julio María Sanguinetti de ir pelando la gallina de a una pluma para que no grite tiene su correlato en colonización, aunque podríamos discutir si se trata de plumas u órganos. Las tres leyes fundamentales del gobierno afectaron para peor y en gran escala relativa el poder y la capacidad del INC para llevar adelante su misión.

Esta ley de Rendición de Cuentas es fundamental porque redondea lo comenzado en el presupuesto. Sin este artículo lo aprobado en el presupuesto queda inconcluso y vuelve como un búmeran. Es evidente que lo que está de fondo no es la artillería de Da Silva hablando de auditorías, sino la convicción ideológica de Roselli o Carrasco de que la tenencia de la tierra no tiene que ver con la soberanía, que no importa su función social, sino que es un activo de mercado como cualquier otro y que el Estado no debe meterse en estos asuntos.

Ramón Gutiérrez es consejero directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural y referente de su Comisión de Tierras y Colonización.