Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comparecieron ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Parlamento (CPIH) el 30 de setiembre de 2021. El análisis de las actas taquigráficas arroja áreas grises y rumbos de política que desde la Red Pro Cuidados entendemos que merecen mayor precisión y en algunos casos, incluso, una necesaria revisión.

Cobertura

Del anuncio del aumento de cobertura del Plan CAIF en 17.000 niños y niñas a finales del quinquenio, cifra que manejó el presidente de INAU con absoluta seguridad durante su comparecencia ante la CPIH, surgen varias dudas e interrogantes.

Actualmente están en funcionamiento 455 centros CAIF, con una cobertura de 59.409 niñas y niños (dato comunicado por el Consejo Coordinador de la Educación en Primera Infancia en setiembre de 2021). Sin embargo, el presidente del INAU, Pablo Abdala, manejó otros números ante la CPIH. Se refirió a un total de 64.000 niñas y niños atendidos sólo por el Plan CAIF. Esta cifra corresponde a toda la cobertura pública de primera infancia (hasta tres años), incluyendo modalidades alternativas y CAPI. Entonces, si actualmente son 455 los centros CAIF, ¿cuántas aperturas más resultarán necesarias para aumentar la cobertura en 17.000 niñas y niños?

Ante la comisión, Abdala declaró que se proyectó la apertura de 31 centros nuevos en 2020 y 2021 por fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo y por el mecanismo de participación público-privada (PPP). De esta etapa faltaría culminar la apertura de 15 centros. En la próxima etapa comenzaría la ampliación o construcción de 27 nuevos centros mediante el tercer llamado por PPP (finales de 2021, inicio de 2022). ¿Serán suficiente entonces estas creaciones para abarcar la cobertura proyectada (alrededor de 77.000 niñas y niños en total)?

No resulta sencillo hacer proyecciones precisas desde la sociedad civil debido a la falta de claridad en la información pública oficial. No sabemos cuántas ampliaciones de infraestructuras ya existentes están previstas ni cuántas serán las construcciones nuevas. Pero a primera vista parece no ser suficiente, tomando en cuenta además los últimos anuncios del jerarca acerca de la atención para tres a cuatro años, cuya cobertura será progresivamente asumida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Tres años

Asistimos a un nuevo cambio de política al respecto. Durante la anterior administración, el INAU y la ANEP acordaron que los centros CAIF dejarían de atender a la población de tres años, que pasaría a la órbita de la ANEP mediante el ingreso a los jardines de infantes o grupos creados para esta franja etaria en las escuelas primarias. De hecho, la ANEP ya atiende un segmento importante de niñas y niños de tres años, exactamente 15.076 en 2020 y una cifra similar en 2021.

Según recogió la diaria el 4 de octubre, el consejero de la ANEP Juan Antonio Gabito señaló que “el sistema educativo está en condición de aumentar la cobertura en el primer año de la educación inicial [desde los tres años]” y que “aunque [la escolarización] no sea legalmente obligatoria, la edad de tres años está dentro de nuestros objetivos, lineamientos estratégicos y prioridades”. Agregó que el año pasado “quedaron vacantes en centros que atienden a esa población”.

Los legisladores que integran la Comisión de Hacienda se deben de haber sorprendido cuando Abdala declaró en forma categórica que el pasaje de tres años del Plan CAIF a la ANEP fue un fracaso y que el INAU seguiría atendiéndolos mientras la ANEP no pueda hacerse cargo. Asimismo, declaró que dentro de la ampliación de 17.000 nuevos cupos prevista hasta el final del quinquenio, 5.000 estarán destinados para la franja de tres años.

Estos mensajes contradictorios confunden a la ciudadanía, en especial a las familias, que necesitan tener máxima claridad sobre la disponibilidad de centros de educación y cuidados a la hora de inscribir a sus hijas e hijos.

Formación

Otro tema de preocupación es la formación del personal técnico para atender a la primera infancia y si se podrá responder a la demanda de trabajadores calificados de ampliarse la cobertura.

Una de las principales alertas es la imposibilidad de sostener la meta alcanzada en años anteriores por el Centro de Formación y Estudios del INAU (Cenfores). En 2019 se formaron 1.493 educadores, pero la meta de 1.724 para 2020 no pudo cumplirse por la pandemia, como expresó Abdala ante la CIDH.

Los estudiantes que ya estaban cursando no pudieron culminar su formación, en particular por no poder acceder a los centros de prácticas. En el primer semestre de 2021 sólo abrieron siete cursos de formación básica, que corresponde a la formación de 350 personas. Mientras, existía una lista de espera de 2.119 personas.

¿Quiénes hacen el acompañamiento a las familias golpeadas por la crisis, que hasta hace poco llevaban adelante las organizaciones sociales y fue suspendido sin mayor explicación?

Ahora que el acceso a los centros de prácticas es posible, Abdala consideró que se va a poder culminar las formaciones que quedaron en espera. Anunció que el 11 de octubre se abrirán 14 cursos de formación básica, con los cuales se piensa absorber a los postulantes que quedaron en lista de espera. Lamentablemente, muchos han desistido en el intervalo. Si bien la reapertura es una buena noticia, pone en evidencia la poca coordinación interinstitucional, ya que no se mencionaron las formaciones de maestros y técnicos en primera Infancia ofrecidas por los Institutos de Formación Docente de la ANEP.

Incertidumbres

Quedan muchas interrogantes acerca de lo planteado por las autoridades del INAU.

El anuncio de la ampliación de cobertura en primera infancia es buena noticia, pero todo dependerá de las condiciones en que se concreten estos objetivos, para saber si son realistas o no.

Se reconoce que el aumento de la pobreza debido a la crisis sanitaria y social golpeó fuerte a la niñez. 35.000 niñas, niños y adolescentes más viven con su familia en situación de extrema vulnerabilidad. Se planteó desde el INAU una serie de medidas para apuntalar a las familias y se anunció la inversión de 50 millones de dólares adicionales para la primera infancia. Sin embargo, algunas de las medidas que se definieron son paliativas y temporales, como los “bonos crianza” que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Otras apuntan a la ampliación de la cobertura de cuidados y educación de hasta tres años.

Mientras tanto, el acompañamiento de las familias vulnerables en territorio ha sido fuertemente afectado por la reducción de los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF-Programa Cercanías del Mides) y el cierre de los Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) por el Mides. Salvo sobre los programas del INAU y Uruguay Crece Contigo en territorio, no se tiene información precisa sobre la puesta en marcha de las alternativas anunciadas por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a poco de asumir el cargo. ¿Quiénes hacen el acompañamiento a las familias golpeadas por la crisis, que hasta hace poco llevaban adelante las organizaciones sociales y fue suspendido sin mayor explicación?

Muchos de los programas implementados y presentados como novedosos fueron iniciados en la administración anterior, tanto en lo que refiere a los programas del INAU –por ejemplo, los Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) y el programa Familias Amigas– como los que se iniciaron o priorizaron en el marco del Sistema de Cuidados desde 2015 y que prácticamente nunca se menciona. Lamentamos la falta de trabajo interinstitucional que se había logrado en el ámbito del Sistema de Cuidados con resultados positivos. Haber seguido esa línea de trabajo entre la ANEP y el INAU hubiera evitado los desencuentros y los mensajes contradictorios recibidos por las familias.

Finalmente, seguimos observando cómo instrumentalizan los organismos del Estado la relación con las organizaciones de la sociedad civil, utilizándolas para “tercerizar” los servicios y así bajar los costos, sin tomar en cuenta realmente sus capacidades y sus límites, y sin darles un lugar de socios en la elaboración e implementación de políticas educativas y de cuidados.

Urge que las actuales autoridades se comprometan con políticas de transparencia activa, participación social sustantiva y mayor coordinación interinstitucional como única vía para estar a la altura de los desafíos en materia de infancia y adolescencia, agravados por la pandemia y el debilitamiento de algunos programas sociales.

Teresa Supervielle y Alicia Milán son integrantes de la Red Pro Cuidados.