Nuestro país necesita abordar los principales desafíos mundiales, cuestiones que trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas en forma aislada. Recientemente nuestro Parlamento aprobó leyes y resoluciones que van en esa sintonía.
Comienzo por el desafío del cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos.
Este año, el Parlamento sancionó la ley 19.954, que aprueba el “Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Fondo Verde para el Clima sobre los Privilegios e Inmunidades del Fondo Verde para el Clima”, suscripto en la ciudad de Bonn, Alemania, el 14 de noviembre de 2017.
El Fondo Verde para el Clima fue creado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) en 2010, como parte del mecanismo financiero de la Convención: para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al desafío del cambio climático, esto es, a limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse al cambio climático.
Otro desafío mundial supone el derecho de protección de datos personales. La imparable evolución tecnológica nos sitúa en la actualidad ante escenarios que hace no muchos años únicamente hubieran podido calificarse como de ciencia ficción. En nuestro día a día utilizamos diversos dispositivos electrónicos, tanto en el ámbito recreativo, personal o doméstico como profesional, con unas capacidades de captación de información sin precedentes que inciden de forma muy significativa en el desarrollo de la esfera de intimidad más personal del individuo y que, unidas a las actuales técnicas de procesamiento y enriquecimiento de datos, posibilitan un sinfín de usos posteriores de los datos inicialmente recogidos, imprevisibles en muchas ocasiones para los usuarios.
En sintonía con este desafío, este año el Parlamento sancionó la ley 19.948, que aprueba el Protocolo de enmienda del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento de Datos Personales, suscrito en Estrasburgo, el 10 de octubre de 2018.
Desde 2012 a la fecha se han sucedido numerosas modificaciones en las regulaciones de protección de datos a nivel global, en buena medida debido a los potenciales impactos de la inteligencia artificial en los derechos y libertades de las personas. El mundo se encuentra en la búsqueda de soluciones de convergencia, que permitan generar frentes comunes de forma de proteger los derechos de las personas, sin importar su nacionalidad o residencia. En ese sentido, dicho Protocolo tiene como propósito adaptar el Convenio a los nuevos desafíos de la tecnología y asegurar su efectiva implementación.
Un tercer desafío tiene que ver con la alimentación. Las previsiones muestran que el mundo no está en vías de lograr el objetivo del hambre cero para 2030 y, pese a que se han realizado ciertos progresos, tampoco está en camino de lograr las metas mundiales sobre nutrición. Es probable que la seguridad alimentaria y el estado nutricional de los grupos de población más vulnerables se deterioren aún más debido a las repercusiones socioeconómicas y sanitarias de la pandemia de la enfermedad por coronavirus.
Este año, el Parlamento uruguayo emitió una resolución que aprueba la creación de la Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación. Dicha comisión tiene como fin el asesoramiento legislativo sobre el Derecho a la Alimentación proponiendo acciones concretas a desarrollar en la materia.
También vale destacar la minuta de comunicación al Poder Ejecutivo aprobada en Cámara de Senadores el pasado 18 de agosto, donde se remite una iniciativa referida a la donación de alimentos. ¿Qué pretende? Facilitar en nuestro país la donación de alimentos con destino a consumo humano, a fin de aprovechar aquellos comestibles que han sido retirados de los puntos de venta por diversas razones. ¿Cuáles son las características que tienen que cumplir estos alimentos? Por supuesto, deben cumplir con las disposiciones bromatológicas, tienen que ser aptos para el consumo humano y que no se puedan comercializar. Se prevé, entonces, la intervención de bancos de alimentos u organizaciones de la sociedad civil como intermediarios entre el donante primario y los destinatarios finales.
¿Qué sucede hoy en nuestro país? Desde el punto de vista fiscal, a las empresas les resulta más beneficioso destruir alimentos que donarlos. Por este motivo, estamos muy contentos con la iniciativa de esta minuta de comunicación que intenta revertir esa situación y generar un incentivo real a fin de que efectivamente las empresas donen alimentos. Es por ello por lo que se solicita al Poder Ejecutivo que confiera la iniciativa exclusiva en materia de exoneraciones tributarias que prevé el artículo 133 de la Constitución de la República.
Nuestro país necesita abordar los principales desafíos mundiales, cuestiones que trascienden las fronteras nacionales. Recientemente nuestro Parlamento aprobó leyes y resoluciones que van en esa sintonía.
El proyecto también prevé, a modo de facultad, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije en 0% la tasa del impuesto específico interno (Imesi) aplicable a las donaciones a título gratuito comprendidas allí.
Sigo con otros dos desafíos íntimamente vinculados al anterior: primera infancia y pobreza. Actualmente, alrededor del diez por ciento de la población mundial vive en la pobreza extrema y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza extrema en 2030.
Este año, el Parlamento sancionó la Ley de Rendición de Cuentas 2020, que aprueba 50 millones de dólares adicionales para atender a la primera infancia a través de acciones concretas: expandir la cobertura de educación inicial en cantidad y calidad, ofrecer respuesta de corto plazo a embarazadas y niños de 0 a 3 años (transferencias Covid-19 y acompañamiento a través de un programa de teleasistencia llevado a cabo por Uruguay Crece Contigo), integración social y urbana en contextos en los que se concentra la pobreza infantil, atención focalizada de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en aspectos nutricionales y habilidades físicas, y profundizacion en la articulación entre los principales programas e instituciones vinculados a primera infancia.
Concluyo con otro desafío: la juventud. En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado 7%, llegando así a casi 1.300 millones.
A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector poblacional se enfrenta (el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género).
Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir en una economía productiva; y necesitan acceso a un mercado laboral que pueda absorberlos en su tejido.
En esta dirección, este año el Parlamento sancionó el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2020, que otorga ocho millones de dólares anuales para potenciar herramientas ya existentes, en el marco de otras medidas que se impulsaron para reactivar el empleo.
Finalmente, mencionar la importancia de crear ámbitos de encuentro con participación de distintos actores gubernamentales y no gubernamentales, a los efectos de visualizar los desafíos, y proponer acciones para que al fin y al cabo tengamos un país, región y un mundo con libertad, paz, dignidad e igualdad.
En ese sentido, destaco la resolución de nuestra Asamblea General que aprueba la creación de la Comisión de Futuro. Este espacio de trabajo parlamentario se enfoca en tratar asuntos estratégicos para el Uruguay, a mediano y largo plazo, con capacidad de análisis ante los desafíos y en la promoción de acciones colaborativas para afrontar los grandes temas. La Comisión tiene el objetivo de promover un diálogo abierto y flexible, a la vez que un método riguroso y especializado en diversas áreas del conocimiento.
Nicolás Silva Boniatti es abogado e integrante de la Agrupación 410 Leandro Gómez, Partido Nacional.