En el correr del último año y medio ha acontecido un progresivo desmantelamiento de las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En el marco de una emergencia sanitaria y social acuciante, asociada a las estrategias para enfrentar la covid-19 y a los lineamientos de la política económica, con 100.000 ciudadanos que cayeron bajo la línea de la pobreza, el gobierno decide cerrar gradualmente la mayoría de los programas sociales de cercanía, que garantizaban la presencia del Estado en el territorio.

Esta situación genera una gran preocupación, ya que, de manera implícita, no se reconoce a las personas destinatarias de estos programas como sujetos de derecho, sino que, por el contrario, se las ve como simples usuarias de servicios estatales y, por ende, se resuelve su sustitución por otros mecanismos.

Se trata de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias vulnerables –la mayoría, a cargo de mujeres– a quienes se les facilitaba el acceso a derechos; a su vez, se fortalecía a las comunidades en el ejercicio de la participación ciudadana. Estos aspectos, a través de las decisiones tomadas, evidentemente no son de interés del actual gobierno.

Ahora, para el Mides, la eficacia y la eficiencia de la gestión social no requieren ni del trabajo social ni de la comunidad organizada en redes sociales de intercambio y creación de capital social. Ha sustituido estas herramientas de promoción social por tecnologías informáticas, por contratos directos con empresas sin ninguna trayectoria en materia social, y ha eliminado criterios de ingreso a los programas y favorecido prácticas clientelares.

Se cerraron o desmantelaron programas de apoyo a adolescentes y jóvenes, como Jóvenes en Red e Impulsa, así como servicios de orientación, consulta y articulación territorial, equipos del Programa Cercanías para apoyo familiar y servicios de abordaje familiar, la canasta de servicios para el acceso al agua, a la luz eléctrica y al supergás, el programa Uruguay Trabaja, para desempleados de larga duración, y ya no hay ingresos para Asistencia a la Vejez. También se redujo notoriamente el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y se eliminó, en tanto estructura, el Observatorio de Políticas Sociales; mientras tanto, se crearon cargos de confianza política con altos salarios.

A través de una significativa movilización social de las y los trabajadores del sindicato del Mides, de las y los trabajadores contratadas por las ONG gestionantes y asociados gremialmente en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, de numerosas organizaciones de la sociedad civil y de vecinos y vecinas que participan en redes locales de los barrios periféricos, el 10 de noviembre se “velaron” estos programas sociales como expresión del luto por la pérdida de oportunidades y el abandono estatal.

Esta alegoría permite aquilatar la falta de reconocimiento sobre las capacidades y la experiencia acumulada de los equipos técnicos, así como la falta de valoración de las prácticas comunitarias desarrolladas para mejorar la calidad de vida.

No podemos dejar de expresar nuestro rechazo a la actual gestión del Ministerio de Desarrollo Social, por la pérdida de diversidad y calidad de los servicios, que afecta particularmente a la población más vulnerada.

La destrucción del tejido social de integración no se repara con facilidad porque crecen el descreimiento y la pasividad, de manera que se construyen murallas invisibles de la ciudad formal con las periferias, que viven diariamente las barreras de la marginación. Las redes que el Mides promovió en las zonas más precarias de las ciudades hoy se borran de un plumazo.

También resulta alarmante que el Mides no haya cumplido o cumpla con atrasos significativos con su obligación de pagar en tiempo y forma, de acuerdo a los convenios firmados con las organizaciones de la sociedad civil (ONG), dejando a muchas y muchos trabajadores sin sus salarios correspondientes.

El gobierno señala que tiene derecho a cambiar la orientación de sus políticas sociales, lo que es cierto; sin embargo, esto no es tan claro cuando se realiza sin evaluaciones sistemáticas y objetivas y desconociendo la opinión de los propios protagonistas.

Se requiere la construcción de políticas de protección social independientes del cambio de los gobiernos. Las políticas de Estado son las que garantizan el reconocimiento y la garantía de los derechos comprometidos por Uruguay en su Constitución, en la ley y a partir de la ratificación de convenios internacionales.

En el marco de la campaña electoral se prometió no reducir los programas sociales ni los educativos ni los sanitarios; sin embargo, cotidianamente tenemos noticias de recortes y ajustes, conceptualizados como “ahorros”.

Frente a este contexto, no podemos dejar de expresar nuestro rechazo a la actual gestión del Mides, por la pérdida de diversidad y calidad de los servicios, que afecta particularmente a la población más vulnerada, que ahora accede a menores recursos y a menos apoyos técnicos para salir de la pobreza y la exclusión social.

De esta manera, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y personas mayores, desde sus diversas condiciones, están hoy en mayores condiciones de fragilidad. Son las organizaciones y las redes solidarias las que están buscando “tapar los espacios abandonados por el Estado”. Nos comprometemos y solidarizamos a trabajar con ellos.

Inés Giudice, Fabiana Goyeneche, Mariella Mazzotti, Óscar Ouviña y Ana Silva son integrantes del Círculo Social de Casa Grande, Frente Amplio.