Estimulado por el artículo de Mathías da Silva en la diaria del 6 de diciembre1 quería poner en discusión un concepto y tres aspectos referidos a las clases sociales en Uruguay a principio del siglo XXI.

Las clases sociales

Existe consenso en considerar que las clases sociales son grupos de personas, pero los criterios para diferenciarlos son polémicos. Con el criterio de los niveles de ingresos se diferencian las clases alta, media y baja; también se puede agregar una clase media alta y otra media baja. La estratificación se integra con los demás elementos de la sociedad en un sistema abierto y motiva a buscar caminos para el ascenso social.2 Se excluye la organización de las clases, la existencia de intereses contradictorios y las luchas en función de estos.

Los criterios “relacionales” tienen en cuenta la forma como se vinculan las personas en la producción o en el mercado. El conflicto es resultado de intereses distintos excluyentes; si una clase gana, otra pierde.

Marx utilizó la palabra “clases” en dos sentidos: personas que pueden clasificarse por estar en relación semejante respecto de los medios de producción, explotadores y explotados, y un elemento subjetivo, la conciencia. Los grupos de personas que participan de la misma forma en la actividad económica, cuando identifican sus intereses comunes y diferentes de los de otros grupos, se constituyen como clases sociales y construyen actores sociales que transforman sus intereses en propuestas, declaraciones, documentos y medidas de lucha.

En el capitalismo contemporáneo aumentó la complejidad de las clases sociales, por el imperialismo como sistema internacional de relaciones de dominación, los cambios en la clase obrera y en América Latina, por las particularidades resultantes de su historia.

Perdió importancia relativa el proletariado industrial en el conjunto de los trabajadores, la burguesía del siglo XXI no se parece a la del siglo XIX, surgieron estratos medios de trabajadores independientes con altos ingresos y de “tecnócratas que controlan no sólo la producción, sino además todas las otras zonas de la vida social”.3

Las sociedades latinoamericanas contemporáneas, con excepción de Cuba, son capitalistadependientes. A principios del siglo XX Lenin diferenció a los países imperialistas, un reducido grupo con gran acumulación de capital, de las colonias y de los países dependientes, estos segundos con gobierno propio pero condicionado, que se incorporaron al capitalismo por la exportación de capital desde los primeros. Se puede definir la dependencia como una asociación entre las clases dominantes en los países exportadores de capital o imperialistas y las clases dominantes en los países de menor acumulación de capital que se convirtieron en dependientes.

A principios del siglo XXI el capital financiero dirige el proceso de acumulación, su magnitud se multiplicó y aumentó su concentración en fondos de inversión, de pensiones y de seguros; se diversificaron las instituciones y los mercados; la acumulación en títulos de deuda pública creó una clase de acreedores del Estado; aumentó la importancia relativa de los ingresos financieros. En setiembre de 2021, la deuda de los países alcanzó una magnitud sin precedentes con 296.000 billones de dólares, que significa 353% del PIB mundial.4

Los gobiernos de los países que venden títulos de deuda pública al capital financiero deben adoptar medidas que aseguren la recuperación del capital invertido y su rentabilidad, para lograr una buena evaluación de las agencias calificadoras de riesgo. La emisión de títulos de deuda pública, que representa 52% del total de la liquidez mundial, es el instrumento que mostró mayor dinamismo durante los últimos años.5

El poder de las clases sociales

En el Uruguay contemporáneo las clases sociales se identifican a partir de la dependencia que incorpora actores externos, entre los que se destaca el capital financiero. Se identifican otras dos clases sociales principales, pero no únicas: la gran burguesía local, y los obreros y empleados. El capital financiero se expresa por medio del Fondo Monetario Internacional y de las agencias calificadoras de riesgo; la gran burguesía local, por la Confederación de Cámaras Empresariales; los obreros y empleados se organizan en sindicatos y negocian en los Consejos de Salarios. Coexisten con otros grupos surgidos de las relaciones de producción así como con diversos movimientos sociales, entre los que se destacan Fucvam y Un Solo Uruguay.

¿Quién manda en Uruguay? Un camino posible para intentar una respuesta es el análisis del grado en que la política económica coincide con las reivindicaciones o genera beneficios para las clases sociales.

Los impactos para los propietarios de capital incluyen las condiciones de existencia y de desarrollo de la actividad, el nivel de ingresos y la valoración del patrimonio. Su actividad está limitada por los monopolios públicos, las regulaciones y prohibiciones (por ejemplo, sobre la intermediación financiera o el uso de la tierra); es estimulada por la protección del mercado interno y el acceso a activos facilitado por las políticas crediticias. En los ingresos inciden las políticas específicas y sus condicionantes, como la inflación y los impuestos. En la valoración del patrimonio inciden regulaciones directas, como la legislación sobre arrendamientos y la fijación de precios, o indirectas, como la política cambiaria y la tributaria, que inciden sobre la rentabilidad, y esta sobre la magnitud del capital.

El impacto de la liberalización del mercado cambiario y del movimiento internacional de capital en junio de 1975 es un ejemplo claro de estos impactos: las medidas estimularon el ascendente protagonismo del capital financiero y modificaron las relaciones de poder. Hasta principios de la década del 70 se identificaban tres actores sociales principales: los ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos. Los primeros generaban la producción exportable y las exportaciones eran la principal fuente de moneda extranjera, imprescindible para importar las materias primas y los equipos para la industria, que generaba nuevos puestos de trabajo. Los ganaderos retenían las mercancías exportables para generar dificultades de pagos externos y de importaciones, procedimiento que forzaba una devaluación y un aumento de sus ingresos.6

En un contexto de abundante oferta internacional de fondos, el gobierno tenía fácil acceso a la moneda extranjera utilizando el crédito bancario y la colocación de deuda pública. El tipo de cambio aumentó menos que los precios internos, las presiones de los ganaderos no tuvieron éxito, ya que sus exportaciones no eran imprescindibles, y el capital financiero hegemonizó la alianza de clases dominantes.7

El aumento de la importancia del capital financiero como acreedor, y como consecuencia el aumento de su poder, condicionando las decisiones de los gobiernos, continuó durante los años siguientes. En 2004 la deuda bruta del sector público global era de 13.949 millones de dólares, de los cuales 49,6% era en títulos; en 2019 fue de 37.146 millones de dólares, de los cuales 80,5% fue en títulos y representó 66,3% del PIB.8

Los cambios en el capitalismo, así como las particularidades de América Latina, obligan a repensar el papel de las clases sociales en la construcción de los sujetos de la lucha por su superación.

Durante el siglo XXI no se tuvieron en cuenta las reivindicaciones de la burguesía local, que exigía corregir el deterioro creciente del nivel del tipo de cambio real así como modificaciones en el sistema de relaciones laborales. La hegemonía del capital financiero en la alianza de clases dominantes se expresó en las recomendaciones del FMI, las advertencias de las calificadoras de riesgo, los fundamentos pretendidamente científicos de los economistas de las consultoras locales que asesoran al capital, y la insistente difusión mediante el oligopolio de medios. La política económica mantuvo la seguridad y la rentabilidad del capital financiero y este manifestó su satisfacción aumentando la demanda de bonos soberanos por encima de la oferta.

La distribución social del ingreso

Los capitalistas y terratenientes tienen ingresos que resultan de la propiedad, que durante 2011-2014 fueron 16.100 millones de dólares anuales, de los cuales 13.044 eran de los propietarios de capital radicados en el país y 3.066 del capital extranjero. Los ingresos de los terratenientes por renta de la tierra se estimaron en 1.650 millones de dólares anuales.9 Los obreros y empleados son casi un millón de personas y sus ingresos fueron 9.759 millones de dólares anuales en el período 2011-2014.10

En 1971, el Instituto de Economía (Iecon) publicó una investigación sobre la distribución del ingreso concluyendo que “las desigualdades y diferencias en los niveles de ingreso se explican fundamentalmente a partir de la categoría socioeconómica del perceptor” y que “la incidencia de la educación, la edad y el sexo es subsidiaria”.11

Desde 1985 casi todas las investigaciones sobre distribución del ingreso se refieren a la distribución personal o familiar y utilizan como fuente los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos subestiman los ingresos del capital local, ya que son tan sólo 7,8% de los registrados por la Dirección General Impositiva (DGI) en el período 2008-2014. Con la información de la ECH del INE se subestiman los ingresos del capital por las deficiencias de relevamiento y por los ingresos generados transferidos al exterior, las conclusiones sobre concentración del ingreso son científicamente equivocadas y políticamente conservadoras.

El sujeto revolucionario

Los cambios en el capitalismo, así como las particularidades de América Latina, obligan a repensar el papel de las clases sociales en la construcción de los sujetos de la lucha por su superación. Los asalariados en la mayor parte del mundo no se pauperizaron, mejoraron sus condiciones materiales de vida, y la miseria se desplazó hacia otros grupos sociales.

Marx no se imaginó que surgiría Keynes, con un desprecio por la clase obrera casi tan profundo como el terror a la propagación de la revolución soviética, que construyó una propuesta radical: los gobiernos tenían que gastar para mejorar el nivel de empleo y evitar la creación de condiciones materiales prerrevolucionarias.

Para Vivian Trías,12 el sujeto revolucionario surge en la lucha de los países coloniales y dependientes, la victoria de movimientos revolucionarios destruiría al imperialismo. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe consideraron que en las revoluciones en el mundo periférico (China, Vietnam, Cuba) la identidad popular de masas es más amplia que la de clase (1987).

Como señaló Lenin, se crean condiciones prerrevolucionarias cuando “los de arriba no pueden y los de abajo no quieren” mantener el statu quo. Actualmente, los de arriba no pueden: el imperialismo presenta signos claros de decadencia y transita hacia su desaparición. Los márgenes de acción de las clases dominantes se reducen, la depredación de los países dependientes genera migraciones incontrolables, el tráfico de drogas ilegales genera riqueza y poder político que pudren las democracias burguesas, el negocio de las armas facilita el terrorismo, los instrumentos financieros generan crisis, el medioambiente se deteriora y los virus rediseñan la actividad económica y las prácticas sociales.

Pero los de abajo no logran transformar su sufrimiento en organización y lucha superadora. No hay otra salida que la superación del capitalismo, una revolución definida como un cambio de clases en el poder. Participemos en la compleja tarea de construir una senda que no está trazada hacia un destino que no está escrito, asumiendo los riesgos y aprendiendo de los inevitables errores.

Jorge Notaro es contador público jubilado.


  1. ladiaria.com.uy/UeY 

  2. Davis, K y Moore, W (1945). “Some principles of stratification”. American Sociological Review, 10 (2), 242-9 

  3. Goldmann, L. (1973). “Reflexiones sobre historia y conciencia de clase” en Mészáros, I (comp.) Aspectos de la historia y la conciencia de clase, p. 87-112. México, UNAM. 

  4. Institute of International Finance. (2021). Capital Flows Report: The Divergent Recovery. Washington: IIF. 

  5. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2018). Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 2018. Santiago de Chile: CEPAL. 

  6. Faroppa, L (1965). El desarrollo económico del Uruguay. Tentativa de explicación. Montevideo, Cecea. 

  7. Notaro, J (2016). _La estrategia y la política económica de la dictadura, 1973-1984._ 

  8. Banco Central del Uruguay (2020). Deuda del Sector Público Global.  

  9. Oyhantçabal, G y Sanguinetti, M (2017). “El agro en Uruguay: renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”. Problemas del Desarrollo, 189 (48), abril-junio 2017. 

  10. Notaro, Jorge (2018). “La distribución social del ingreso: el caso de Uruguay, 2008-2014”, Cuadernos del Claeh Vol. 37, Núm. 107 (2018). En claeh.edu.uy/publicaciones/index.php/cclaeh/issue/current 

  11. Instituto de Economía (Iecon) (1971). La distribución del ingreso en Uruguay (Aproximación cuantitativa para el departamento de Montevideo) 2 v. Santiago, Iecon. 

  12. Trías, V. (1991). Tres fases del capitalismo. Obras completas, Tomo 16. Montevideo. Cámara de Representantes.