En los últimos meses asistimos a un incremento de la conflictividad laboral que, aun lejos de alcanzar niveles de otras épocas (incluso durante los gobiernos del Frente Amplio), han servido al gobierno y aliados de todo tipo para instalar la idea del “desborde sindical”, de “palo en la rueda” que impide actuar a los gobernantes democráticos, e incluso de sindicatos atacando los derechos de otras personas. Los ejemplos son varios: Ancap, el transporte (en sus diversas ramas), la educación o el puerto. Sin embargo, lejos del relato del gobierno y aliados, la realidad parece señalar en el sentido de una estrategia cuidadosamente diseñada y ejecutada desde Presidencia. La actitud de provocación es evidente en muchos de estos casos. Un directorio de Ancap que hace caer un convenio colectivo que llevaba casi 30 años y que se niega al pedido de los trabajadores de extenderlo sólo 15 días para abarcar un paro decidido previamente, cubriendo de esa manera las guardias gremiales que este establecía. En la educación la situación de persecución tanto retórica como efectiva a los sindicatos es ampliamente conocida, pero el pedido de informes de una de las principales senadoras del oficialismo sobre una dirigente sindical cuya falta fue plantearle sus críticas al presidente, de forma airada pero respetuosa, es la más patética de una amplia serie de medidas en el mismo sentido. La agresión policial por la espalda, con balas de goma, contra una manifestación pacífica de trabajadores del transporte que en ningún momento buscó chocar con la Policía, en el preciso momento, además, en que se estaba retirando, pudo ser vista por todos.
¿Qué pretende entonces el gobierno? ¿Por qué busca la confrontación con los sindicatos, justo cuando se viene un referéndum vital?
A modo de hipótesis interpretativa, sugiero que el gobierno provoca intencionadamente; busca la reacción de trabajadores porque entiende que lo beneficia. Por un lado, consigue un enemigo que logra unificar a una coalición maltrecha, que cierra filas cuando de enfrentar “el desborde sindical” se trata. Así deja en segundo plano el perfilismo de Cabildo Abierto y genera una cortina de humo sobre las interminables revelaciones del “affaire Cardoso” en el Ministerio de Turismo. Además, le permite marcar la agenda llevándola a un terreno conocido y cómodo para la derecha, pero también le permite sintonizar con importantes sectores de la población, poco politizados pero muy atravesados por un claro discurso antisindical. Usando su fuerte poder mediático, el gobierno es capaz de imponer su versión del conflicto y convencer a amplios sectores de que se trata de una justa reacción ante sindicatos radicalizados y corporativos. La versión de los sindicatos, en cambio, se transmite de manera fragmentada, por voceros no profesionales de la comunicación y con medios mucho más limitados. Por otro lado, justamente de cara al referéndum del 27 de marzo, le permite al gobierno justificar disposiciones represivas y antisindicales de la ley de urgente consideración (LUC), poco comprensibles en un país en el que los conflictos laborales han sido conducidos históricamente por las vías de la legalidad y la institucionalidad. Así, acumula para esa instancia, y se presenta (a sí mismo y a la LUC) como garante de los derechos de los trabajadores no sindicalizados, que son la mayoría, y de los ciudadanos de a pie, afectados por paros en el transporte o por las pérdidas supuestamente ocasionadas por el paro de la refinería.
Pero esta estrategia requiere la reacción de los sindicatos para funcionar. Al acorralar y provocar, el gobierno busca una reacción que justifique su accionar. La idea consiste en generar espacios de conflicto aislados, con sindicatos de tradición combativa que no puedan evitar caer en la provocación. Al combinar garrote con esos sindicatos y diálogo desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social evita que el conflicto escale a un nivel que se le pueda ir de las manos, y se asegura respuestas puntuales radicalizadas, antipáticas para amplios sectores de la población. Pero no se les puede pedir a los y las compañeras de esos sindicatos no reaccionar ante una agresión permanente. ¿Cómo se puede hacer frente, entonces, a este avance sin caer en la trampa del gobierno?
Mayor articulación política y social
Es necesario, entiendo, pasar a una etapa superior de articulación política y social, que supere el aislamiento de los conflictos y sindicatos agredidos y que permita unificar en una sola voz y un solo discurso la otra versión de los hechos. Que permita confrontar los relatos, si no en una situación de igualdad (dado el enorme poder mediático del gobierno), al menos sí de menor inequidad. El mejor ejemplo en ese sentido fue, justamente, la campaña de recolección de firmas contra la LUC. La oposición a esa norma podría haber quedado en manos de los sindicatos y organizaciones más directamente afectadas, y seguramente hubiera sido fácilmente derrotada. Pero una sabia decisión de coordinación social y política permitió pasar a otra etapa de acumulación, embarcando a todo el movimiento popular en una lucha unitaria que emparejó la relación de fuerzas y permitió la acumulación movilizadora, organizativa y comunicacional suficiente para llegar a las 800.000 firmas. Es necesario superar la reacción aislada a las provocaciones y coordinar respuestas amplias y maduras, que unifiquen los conflictos y nos pongan en un proceso de acumulación que permita la llegada a los más amplios sectores sociales. Es que, como todo dirigente sindical sabe, el conflicto se gana (y se pierde) mucho más en la opinión pública que en las medidas concretas tomadas. Se trata de un enorme y fundamental desafío para las nóveles direcciones del PIT-CNT y del Frente Amplio (FA), como organizaciones más potentes de un movimiento social que debe desbordar por mucho a esas organizaciones.
La mirada a 2024 en el nuevo contexto económico de “huracán de cola”
Este proceso debe ser pensado como parte de una confrontación de más largo plazo, de proyectos de país, que permita acumular fuerzas hacia 2024 y más allá. Y debe hacerse teniendo presente un cambio de contexto internacional que no debemos dejar de considerar. En el último año, las tendencias de precios internacionales sintetizadas en los “términos de intercambio” (relación de precios de exportación respecto de los de importación) señalan para nuestro país máximos históricos. Los términos de intercambio son una variable largamente estudiada desde la literatura económica latinoamericana por su fuerte impacto en nuestras economías. Un crecimiento de esta indica un ciclo de revalorización internacional de los productos de exportación del país, que se refleja en un mayor ingreso de divisas y una dinamización de los sectores agroexportadores. Eso que, mientras gobernaba el FA, quienes hoy están en el gobierno llamaban “viento de cola” para quitar méritos a la gestión económica hoy sería un “huracán de cola”, ya que los términos de intercambio están desde hace meses claramente por encima del valor más alto alcanzado durante los 15 años de gestión de la izquierda.
Este contexto inesperado, totalmente fortuito, en caso de sostenerse, puede permitirle al gobierno llegar en condiciones competitivas a la elección próxima. Es que esos excedentes pueden ser usados, como durante los gobiernos del FA, para mejorar las condiciones materiales de las grandes mayorías, o, como ha sucedido históricamente y viene sucediendo ahora, para acumular riqueza en los sectores acomodados y para fortalecer las alianzas sociales que dan sustento a este gobierno. El apoyo al gobierno de los sectores agroexportadores, a partir de buenos precios de exportación, con el eventual subsidio a los combustibles que hemos presenciado estos meses y con el congelamiento de la agenda de expansión de derechos laborales en el sector rural y el desmantelamiento de la política de colonización, está asegurada. Y con él, su fuerte impacto en generación de opinión política en todo el interior del país. A los grandes sectores empresariales urbanos la rebaja salarial ya procesada en medio de la pandemia y esta política de mano dura con los sindicatos les dio oxígeno económico y soporte anímico, suficientes para asegurar su apoyo hasta la próxima elección. El circo de las auditorías y denuncias respecto de períodos anteriores de gobierno es suficiente para contentar a otros sectores sociales que conforman la “barra” más afín ideológicamente al gobierno. Finalmente, el buen manejo comunicacional y de imagen del gobierno permite trascender esos sectores naturalmente afines al proyecto de gobierno y colonizar otros sectores no beneficiados materialmente. No es de extrañar que las nuevas condiciones de abundancia, junto a los resultados del ajuste ya procesado en sectores clave del presupuesto público como educación, salud, seguridad y jubilaciones, permita liberar recursos puntuales para políticas sociales con objetivos electorales quirúrgicamente estudiados en los próximos años.
En este contexto es vital afinar la coordinación política y social sobre la que venimos comentando, articulando las respuestas que permitan visibilizar la otra cara del nuevo modelo de crecimiento que se viene instaurando. La que muestra pérdidas salariales a trabajadores públicos y privados, caída de poder de compra de jubilaciones y pensiones, deterioro de los servicios públicos en general, exclusión creciente de sectores más vulnerables y decaimiento del dinamismo del mercado interno, con sus consecuencias sobre las pymes abocadas a este en el comercio, los servicios, el agro o la industria. Y finalmente es necesario reconquistar a los sectores medios de profesionales y trabajadores calificados, así como nuevos sectores empresariales, asociados a las nuevas tecnologías, sensibles al devenir social, a partir de un proyecto de país que convoque y, afirmándose en los abundantes logros de 15 años de gestión, pueda mostrarse superador de sus limitaciones. Sintonizar con esos amplios sectores, generar y sostener esas nuevas alianzas, requiere trascender la retórica radicalizada condenada a no ir más allá del círculo de los aliados de siempre. Es preciso dar batalla por un nuevo sentido común con vocación de mayorías. El desafío es enorme, tanto como lo que está en juego.
Fernando Isabella es economista y fue director nacional de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.