“En contraposición a su maestro Platón, quien afirmaba que el político era una suerte de ‘pastor de rebaños’, Aristóteles sostuvo que el mejor juez de la calidad de una casa no era el arquitecto que la había diseñado, sino quienes vivían en ella. Con ello, sentó las bases de la teoría democrática y separó el ejercicio de la política de cualquier lugar ‘natural’ que fuera justificado por una desigualdad inevitable entre los hombres (como la que diferencia ‘los que mandan’ de los que ‘obedecen’)”. Así comienza Constanza Moreira un formidable trabajo para la Universidad de Salamanca de 2004.1 Precisamente, voy a explayarme sobre tres plebiscitos nacionales que incluyeron aspectos relevantes vinculados al Banco de Previsión Social (BPS), en los que una mayoría del pueblo decidió un camino diferente al que inicialmente querían recorrer los distintos líderes partidarios, y acerca de una derrota que aún pesa en nuestras espaldas.

La reforma constitucional “de los jubilados” de 1989

El movimiento surgió verdaderamente desde abajo, en contra de la opinión de todos los dirigentes. Los jubilados, jubiladas y pensionistas habían perdido más de 70% del valor de su pasividad en la dictadura, y durante el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti se les ajustó con la siguiente variación real anual: 1986 (+13,56%); 1987 (+10,15); 1988 (4,18%); 1989 (-5,30%).2 Así las cosas, cansados de ser variable de ajuste, un pequeño grupo de jubilados –casi todos votantes del propio partido gobernante, pero actuando en tanto ciudadanos afectados– consiguieron un abogado y escribieron la papeleta de reforma constitucional para juntar firmas con el fin de ajustar sus pasividades en las mismas oportunidades que los funcionarios de la Administración Central, nunca menos que el Índice Medio de Salarios, estableciendo además en la carta magna las fuentes de financiamiento tripartito, con asistencia financiera del Estado si fuera necesaria.

No existía la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), pero sí varias asociaciones de jubilados y pensionistas. El PIT-CNT optó por no participar, al igual que sus filiales, y desde el Frente Amplio se discrepaba severamente con la fórmula. Sin embargo, una anécdota personal puede dar cuenta de lo que terminó pasando en todo el espectro político: yo era delegado del núcleo de base de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) del Edificio Sede y pertenecía a un partido frenteamplista, entonces importante. Me convocaron a una reunión con cuatro compañeros que admiraba: un exsenador que fuera una de las voces de la resistencia a la dictadura en el exilio, un reconocido expreso político y dos compañeros jubilados, dirigentes sindicales anteriores al golpe cívico militar, quienes se alinearon con la postura del FA y denostaron la iniciativa por provenir “de sectores de la derecha”. Llegado un momento, se preguntó mi opinión y –achicado, muy nervioso, con las manos transpiradas– me animé a transmitir lo que veían mis ojos: “Lo único que les puedo decir es lo que observo cuando salgo a fumar a la explanada del BPS: las jubiladas, jubilados y pensionistas hacen cola para firmar la reforma, es un aluvión que no para nadie”. La discusión la zanjó el querido más viejo: “Disculpen, pero si lo que dice este gurí es cierto, como partido vamos a tener que ensobrar la papeleta junto con nuestras listas”. El resultado es conocido: casi todos los sectores –de derecha, centro e izquierda– hicieron lo mismo, y el plebiscito de reforma constitucional se ganó obteniendo un aplastante 81,78% de votos por el Sí.

La “minirreforma” constitucional de 1994

Como se recordará, por acuerdo de todos los líderes, la reforma de 1994 fue aprobada por unanimidad en el Senado y con la sola excepción del doctor Helios Sarthou en Diputados, quien a pesar de tratarse de una reforma político-electoral (voto cruzado, reducción de ediles, etcétera) llamó la atención sobre el famoso Inciso G del Proyecto, referido al BPS. Ante dicha advertencia, la ATSS (sola, sin pronunciamiento del PIT-CNT como tal) y la Onajpu, que se había creado en 1990, hicieron campaña en contra. A vía de ejemplo, el diario El País de Madrid titulaba “Uruguay vota en referéndum la reforma constitucional: [...] cuando fue anunciado el plebiscito se dio por seguro el triunfo abrumador del Sí, refrendo que hoy no parece tan seguro al incidir los detractores [...] en aquellos aspectos considerados negativos o de confusa redacción, [...] se aborda también la modificación de otros artículos constitucionales que afectan al funcionamiento del estatal Banco de Previsión Social y alteran el carácter de otras prestaciones”. El resultado debe refrescarse: la iniciativa naufragó al obtener solamente 28,5% de los votos. Otra vez la mayoría del pueblo decidió, a pesar de la unanimidad de las alturas.

El plebiscito triunfante de noviembre de 1994

En la Rendición de Cuentas de 1992, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera introdujo una “reforma” jubilatoria que determinaba una rebaja de las jubilaciones y pensiones del BPS, apoyada por su Partido Nacional y el Colorado. A propuesta de ATSS y Onajpu –con la ayuda jurídica del doctor Hugo A de los Campos, y ya con don Luis Colotuzzo y Ernesto Murro como directores sociales–, rápidamente el PIT-CNT aprobó una propuesta de reforma constitucional que sería sometida a consideración de la ciudadanía con las elecciones de 1994, y juntamos las firmas necesarias con un papel propagandístico importante de la Pantera Rosa y un apoyo real del FA y de no pocos sectores que habían votado la ley, que también “ensobraron” la papeleta rosada. En el plebiscito, 72,36% de los votantes nos acompañó.

El intento de plebiscito contra las AFAP

En setiembre de 1995 se aprobó la ley de creación de las AFAP y en abril del año siguiente comenzarían los promotores de las AFAP a recorrer los lugares de trabajo buscando captar afiliados y afiliadas al nuevo sistema. Ante tal situación y perspectiva, ya en octubre ATSS y Onajpu (cuyo secretario general era Enrique Toja del Cerro) nos pusimos de acuerdo en un texto de reforma constitucional –relativamente corta, sencilla y específica– a partir de una redacción nuevamente del doctor De los Campos. Nuestro objetivo era simple: “Tenemos que salir a juntar las firmas cuanto antes, la indefinición nos mata”. Sin embargo, en nuestra Convención de Trabajadores se entendió “que había que hacer los máximos esfuerzos para ponernos de acuerdo con el FA”3 (que a su vez estaba en formación del Encuentro Progresista).

Se terminó creando una comisión que se reunía semanalmente en el local de Acción Sindical Uruguaya (ASU), con representantes de ATSS, Onajpu, delegados del resto del PIT-CNT, del FA, de Claveles Rojos, etcétera. Nos juntábamos y alguien aparecía proponiendo “agregar un nuevo puntito” sobre temas que nada tenían que ver con la seguridad social. ATSS y Onajpu insistíamos: “Definamos ya...”, pero la comisión resolvía el “pase a consideración de las distintas organizaciones”. Así, semanas tras semanas, meses tras meses, cada nuevo “puntito” fue planteado por integrantes de diversos orígenes y terminó de aprobarse el contenido recién en mayo de 1997: exactamente el mismo que un año antes habíamos presentado junto con Onajpu, sin un punto ni una coma de diferencia.4 ¿Qué había cambiado? Que cuando empezamos a juntar las firmas ya había más de 150.000 trabajadoras y trabajadores afiliados a las AFAP, obligados y no obligados, muchos de ellos apurados por los promotores y –en varios lugares– presionados por sus patronos y/o capataces. Lo demás, el proceso de recolección en sí, fue otro conjunto de errores internos, de los cuales lamentablemente también formé parte: no alcanzamos las firmas necesarias. Soy de los que sostienen que no llegamos por los errores que cometimos en el llamado “campo popular”.

Si la ley es mala y logramos incorporar al movimiento a la mayoría en la defensa de una seguridad social verdaderamente solidaria, lo que pasó en 1989 y dos veces en 1994 se repetirá inexorablemente.

En síntesis

Cuando una causa es justa y sentida realmente por la población, y se actúa con rapidez y unidad, no hay fuerza partidaria capaz de frenarla. Se produce una divisoria de aguas donde, o se está del lado de la mayor parte de la ciudadanía, o se pierden bancas de diputados y senadores, y –como en los casos antes registrados– hasta el gobierno cambia. Esta experiencia debemos tenerla muy en cuenta en la actual coyuntura. Si ponemos resistencia, sentipensamiento y amplitud, pese a quien pese de los integrantes del sistema político, la posibilidad de éxito es real: la clave, en mi humilde opinión, es no “pegarse” ni hacerle el juego a nadie, y definir con claridad los objetivos: no son los “potenciales aliados” los que deben establecer nuestro accionar, sino que nuestra línea de acción debe ser lo suficientemente unitaria, con un programa o plataforma que cuente con el apoyo popular necesario, para que vayan incorporándose distintos sectores sociales a la iniciativa, que nos irán marcando el rumbo, actuando con la mayor horizontalidad posible, sin pretender copar ni cooptar: es mucho todavía lo que tenemos que seguir aprendiendo, sobre todo de las nuevas generaciones.

La lucha por un derecho humano fundamental como el que defendemos no puede tener color político-partidario. Ahora se trata de impedir que la “reforma” que sabemos se proyecta contenga aspectos muy negativos. En esa trinchera estamos. Pero si la ley es mala y logramos incorporar al movimiento a la mayoría en la defensa de una seguridad social verdaderamente solidaria, lo que pasó en 1989 y dos veces en 1994 se repetirá inexorablemente. Si debemos juntar firmas, la experiencia que estamos haciendo nos muestra y demuestra diariamente que es posible aunar detrás de una propuesta justa a amplísimos sectores sociales. Serán ellos y ellas, después, los que les pedirán a sus candidatos que pongan en los sobres con las distintas listas “la papeleta de la seguridad social”. 78% de la población está en contra del aumento de la edad mínima jubilatoria; hay quienes no lo ven mal, pero a su vez comprenden muchos de nuestros planteos, y son tan solidarios como nosotros. Sólo 18% confía en las AFAP. Con estos datos: ¿por qué vamos a resignarnos a ser tierra con gente encima?5

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS y hoy integra su comisión especializada en seguridad social.


  1. “Resistencia política y ciudadanía: plebiscitos y referéndums en el Uruguay de los 90”.  

  2. Tomando como base 1985 = 100. Fuente: Contadora María Luisa Brovia, Comentarios de Seguridad Social, Nº 20. Julio-setiembre 2008, AGSS, BPS. 

  3. Hubo diferencias dentro del FA con relación a la que fue la Ley 16.713. Mientras se discutía en un Plenario Nacional, algunos plantearon buscar negociar cambios en ella, y hasta hoy es inolvidable la contundente respuesta de Guillermo Chifflet, con la ética y la dignidad que lo distinguían: “compañeras, compañeros, no lo duden: ¡es imposible maquillar a Frankenstein!”. 

  4. De todo este largo proceso de discusión interna hay actas semanalmente redactadas. 

  5. Ser solidarios significa “sentirse cada uno un poco todos: sin lo cual no hay nación sino tierra con gente encima”, decía el entrañable Paco.