Según investigadores del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos Covid-19 (GUIAD), el análisis longitudinal y completo del desarrollo y los efectos de la pandemia es un asunto en extremo difícil, tanto por la gran complejidad del tema y por sus múltiples aristas como porque carecemos de datos suficientes que permitan abordar algunas de sus dimensiones significativas.

A diferencia de otros países de la región, Uruguay carece de información georreferenciada y abierta sobre contagios, muertes y vacunación, y tampoco el gobierno ha construido o puesto a disposición información sobre el nivel socioeconómico de la población involucrada en estos eventos.

A simple vista esto parece una gran contradicción, dado que, si bien se carece de sistemas de información integrados y consolidados en materia de salud, el estado de madurez institucional y de relación entre los sistemas sanitarios y sociales es muy superior al de los restantes países de la región. Además, Uruguay cuenta con buenas capacidades a nivel del Sistema Estadístico Nacional, una enorme capacidad de georreferenciamiento de la población, y es también el país más avanzado en la región en publicación de datos abiertos, al menos hasta 2019.

Esto refleja, por una parte, una clara incapacidad del gobierno de brindar información a la ciudadanía y quizás también de lograr construirla.

Algunas preguntas que se presentan entonces son: ¿por qué es importante disponer de esta información y para qué serviría?

La información georreferenciada y estratificada según el nivel socioeconómico es absolutamente necesaria para el desarrollo de políticas públicas eficaces y eficientes. La rica experiencia en el desarrollo de políticas sociales de nuestro país ha mostrado, entre otras cosas, que estas pueden ser mucho más eficientes si están correctamente dirigidas a la población beneficiaria según su condición socioeconómica y según su localización geográfica, independientemente de que estén dirigidas a las personas, los hogares o las comunidades.

Pero además este asunto es un tema clave de transparencia para poder discutir la actual realidad de las políticas. No es lo mismo llegar a la conclusión de que los estratos socioeconómicos más desfavorecidos son los que vienen llevando la peor parte en la crisis sociosanitaria si se han aplicado políticas compensatorias robustas y suficientes, que si eso no ha sucedido.

Al haber sido Uruguay catalogado como uno de los países que menos recursos ha destinado al auxilio de su población desde una perspectiva socioeconómica ante los daños producidos por la pandemia (Cepal, 2021; FMI, 2021), conocer en verdadera dimensión cuál es el daño sufrido por los distintos estratos sociales parecería ser un principio básico de diagnóstico para la atención de la pandemia y la pospandemia ‒si es que tal cosa existe y se pudiera distinguir‒, y a la luz de los anuncios del extinto Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sobre la cantidad y gravedad de personas con secuelas que dejará este proceso.

Sabemos que estudios académicos tanto en Chile como en Brasil y en Ecuador, por no citar países de otro nivel de desarrollo como Estados Unidos o Gran Bretaña, muestran que la estratificación socioeconómica señala diferencias contundentes cuando miramos los daños producidos por la pandemia.

Por tal motivo, sería tan necesario como interesante conocer en qué medida el virus produce daños diferenciados según condición social y territorial, dado que nuestro país, al igual que el resto del continente, tiene una expresión socioeconómica fuertemente territorializada, así como saber en qué medida la política sanitaria está llegando a proteger a toda la población, en todos los lugares donde tienen que llegar, y con qué resultados.

O sea, sería interesante conocer si la evolución de la vacunación en la población tiene un desempeño homogéneo en los territorios y, por ende, en los distintos estratos socioeconómicos, o si reproduce las desigualdades sociales que otros estudios muestran que la pandemia de por sí reproduce, a la hora de materializarse el daño humano.

También desde una perspectiva informacional sería interesante conocer en qué medida los distintos estratos sociales administran sus posibilidades de reducción de la movilidad, dado que este tema ha sido altamente controversial en los últimos tiempos y rara vez ha sido jerarquizado en forma adecuada desde buena parte del sistema político y desde buena parte del sistema comunicacional.

Al parecer, en momentos en que la “inmunidad rebaño” es una interrogante, o las nuevas cepas pueden complicar ampliamente el partido, el asunto de la gestión de la movilidad parece crucial con relación al desempeño del problema sanitario, tanto en una perspectiva presente como futura del proceso.

Según estudios publicados por científicos del GUIAD, la movilidad no era una variable asociada a los niveles de contagio mientras la circulación viral se mantuvo en una dinámica de brotes, gracias al estricto seguimiento y control epidemiológico. Sin embargo, desde que la situación epidemiológica se caracteriza por la circulación comunitaria, la movilidad es una variable claramente asociada a la incidencia de la enfermedad. Es decir, cuando el virus está en altísimos niveles de circulación comunitaria como ahora, la movilidad muestra una fuertísima correlación con el nivel de contagios, y ello incide directamente en la demanda de hospitalización, en la generación de daño transitorio o crónico y en la mortalidad. Aunque es claro que las vacunas irán reduciendo el número de casos graves y fallecimientos, aún restan plazos considerables para llegar a tener la situación bajo control, al menos para quienes elegimos la vida como valor principal.

La discusión sobre la mortalidad y su relación con la movilidad, con el diario del lunes, es una discusión sustantiva además para la asignación de responsabilidades sociales y políticas. Parecería imprescindible historizar esta discusión para observar cómo advertencias tempranas, muy anteriores al famoso 7 de febrero, y basadas en evidencia, mostraron que esta relación existía y era estrecha, pero fueron desoídas al unísono por el gobierno, y por algunos comunicadores, que le tomaron el pelo a quien osara hablar del tema, por imposible, improcedente o supuestamente inoportuno.

El problema de la movilidad fue ridiculizado como un enemigo deleznable por la agencia de publicidad que nos gobierna y fue foco y objeto de construcción de la grieta en la que la sociedad se encuentra dividida, hasta la ridiculización extrema protagonizada por el presidente en horario central televisivo, contraponiendo libertad con militarización, con la simpleza que nos tiene acostumbrados.

Quienes defendían y defienden el problema de la reactivación económica como principio sustantivo, principal, y quizá hasta único, de la acción política, se han dedicado a interpelar con vehemencia e incluso a veces con poco respeto a quienes señalaron desde distintos enfoques la necesaria reducción de la movilidad. La dicotomía inventada de libertad versus reducción de la movilidad, ya sea en la versión “a Argentina le fue mal” como en la versión “militarización”, tuvo por objeto evitar el encuentro desde la razón en un espacio de reflexión necesario y urgente con toda la sociedad, obturando también la posibilidad de desarrollo de una dimensión simbólica y práctica constitutiva de nuestra sociedad, que es la capacidad de unidad nacional.

Y este asunto me parece por demás importante, pues dicha unidad nacional existió y se mantuvo en el tiempo, desde marzo de 2020 y durante varios meses, cuando oposición, ciencia y fuerzas sociales se encolumnaron tras el gobierno, más allá de las obvias diferencias de proyecto, y muchas veces a regañadientes, para lograr impacto social.

Sobre esto habrá tantas opiniones como lectores, pero es obvio que Uruguay logró una cuarentena voluntaria superior a la de cualquier compulsión por el simple llamado de todos los actores sociales y políticos al unísono, el cual es irrepetible luego de haber transitado un 2020 en el cual el gobierno no cambió un ápice de su proyecto, dedicó más tiempo a construir un relato de una herencia maldita que a conseguir vacunas, atropelló al parlamento con una ley que podría haber votado con iguales resultados un año después, y entregó la onerosa cifra de 18 pesos por persona por día a los sectores sociales más afectados por la pandemia, según datos del propio gobierno.

Si a ello le sumamos la soberbia y el ninguneo que comenzó hacia a la oposición y hacia ciertas fuerzas sociales pero que luego terminó poniéndose de gorro hasta a la comunidad científica, encontramos los resultados políticos que hoy tenemos.

Queda por verse si aparecen los datos que ilustren esta situación para poder completar un análisis de adecuación sobre la matriz de riesgos y la matriz de protección, a la espera de que las políticas actuales y las de la pospandemia no sean tan al golpe del balde del que mande y al tono de una agencia de publicidad, esperando que la tan mentada unidad nacional se pueda empezar a construir en torno a la vida y no para la expansión de los cementerios.

Juan Pablo Labat es sociólogo y fue director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides.