El domingo se disputó un nuevo partido clásico entre el Club Nacional de Football y el Club Atlético Peñarol. No hubo público en las tribunas, apenas un número limitado de dirigentes y periodistas. No obstante, las autoridades del Ministerio del Interior asumieron una actitud muy firme en relación al horario del encuentro y a los dispositivos de seguridad.

Los clásicos del fútbol uruguayo son siempre objeto de preocupación, no solamente en condiciones normales, sino también en circunstancias extraordinarias como las de los anteriores encuentros disputados en diciembre de 2020 y marzo de 2021.

En ambos casos operaron las restricciones de presencialidad vigentes al día de hoy, pero igualmente se implementaron importantes operativos policiales para partidos carentes de público en sus tribunas.

De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio del Interior, el plan de seguridad diseñado para el clásico del miércoles 3 de febrero de este año implicó la participación de 560 efectivos policiales procedentes de diversas dependencias y numerosas acciones de seguridad exterior, con el objeto de controlar movimientos en las sedes de ambos clubes, patrullajes en las inmediaciones del estadio de Peñarol, controles de tránsito en las diferentes vías de acceso, protección y acompañamiento del cuerpo de árbitros en los trayectos de ida y vuelta al estadio.

En este mismo sentido se procedió respecto del clásico de este domingo, movilizando un contingente de efectivos policiales aún superior para la atención de esas zonas de riesgo.

Sorprende la movilización de una cantidad tan significativa de efectivos y la diversidad de áreas de control para un partido que no supuso ingreso de espectadores.

Seguramente el Ministerio del Interior asumió las medidas pertinentes de prevención considerando un conjunto de factores no necesariamente valorados, en su cantidad y complejidad, por parte de la afición y el periodismo.

Como parte de los insumos disponibles, debió figurar la información procedente de los servicios de inteligencia en relación a la eventualidad de movimientos organizados de barras previstos para la jornada.

Peñarol y Nacional poseen las estructuras de barras más desarrolladas, cuantitativa y cualitativamente, del fútbol local, que, lejos de disminuir su accionar, se han ido incrementando y perfeccionando con el paso del tiempo.

Han actuado dentro y fuera de los recintos deportivos durante mucho tiempo, pero en el último período han operado fundamentalmente en los espacios públicos.

La irrupción de la pandemia llevó a poco más de dos años de ausencia de situaciones de violencia dentro de los estadios.

Sobre finales de 2016, hubo una convergencia de circunstancias favorables que posibilitó un punto de inflexión en el combate a la violencia en los espectáculos deportivos. Por primera vez se pudo percibir un estado de conciencia general respecto de la gravedad de la situación. Por primera vez se alinearon las voluntades de todos los actores para asumir compromisos relevantes.

Esto se tradujo, entre otras acciones, en la aprobación del Decreto 387/016 de “Aprobación de medidas para la seguridad en eventos deportivos”, la adquisición del sistema de cámaras de identificación facial por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, una mayor celeridad en los procedimientos judiciales como producto del acceso a pruebas más concluyentes, y la contribución positiva de los medios de comunicación.

El factor determinante que propició el cambio fue la suspensión del clásico que debió jugarse el 27 de noviembre de 2016. Recordado popularmente como “el clásico de la garrafa”, fue suspendido en virtud de las reacciones violentas de barras del Club Atlético Peñarol ante el corte abrupto del suministro de entradas y de otros beneficios.

En ese marco, se celebraron dos reuniones particularmente significativas entre autoridades de gobierno y la dirigencia de ambos clubes. En estos encuentros los dirigentes admitieron, por primera vez, la existencia de grupos organizados, beneficiarios de asistencia económica directa e indirecta, con conocimiento y consentimiento de parte de la dirigencia.

El origen de esa asistencia sostenida y progresivamente creciente se remonta a algunas décadas y sus prácticas no se definen ni se registran formalmente en los organismos institucionales de toma de decisiones.

Con los años, la relación entre estos grupos y la dirigencia se fue procesando desde la informalidad y la penumbra de las vinculaciones conscientemente irregulares, cuando no ostensiblemente ilegales.

Las barras son grupos delictivos organizados que operan en el ámbito del deporte profesional con asistencia económica y apoyo profesional, que obtienen ingresos económicos asociados con el espectáculo y la actividad deportiva.

En los encuentros mencionados, los dirigentes de ambos clubes expresaron su compromiso para desmontar el sistema pero pidieron auxilio a las autoridades públicas. La demanda es naturalmente comprensible. No sólo por los riesgos evidentes que implica su puesta en práctica, sino fundamentalmente porque el desmantelamiento del sistema de barras no es un objetivo alcanzable con esfuerzos unilaterales y ocasionales.

La voluntad explícita de las dirigencias no logrará deshacer, por sí sola, una estructura que creció y se consolidó en un proceso que nació, creció y se desarrolló durante años.

El desafío superior es la deslegitimación de la cultura propia del barra, la invalidación de sus presupuestos y valores socioculturales, individuales y colectivos.

Sin el asesoramiento, la coordinación y la asistencia policial, el esfuerzo dirigencial será infructuoso y efímero. Cuando ensayaron algunos intentos, los dirigentes no pudieron sostener las presiones y las amenazas de los barras y desistieron, una y otra vez.

No se puede descartar el interés particular de algún dirigente para quien la perdurabilidad de los barras pueda reportarle beneficios subsidiarios pero, ciertamente, la opinión y el sentir mayoritario de los directivos es claramente contrario a estas prácticas.

Si bien las dirigencias de los clubes reconocieron que las barras son alimentadas económicamente de diversas maneras y asumieron el compromiso verbal de trabajar para posibilitar su desarticulación, aún siguen activas, aunque la ausencia de público en las gradas les impida dar visibilidad a sus conductas y manifestaciones públicas dentro de los escenarios.

La desarticulación de las estructuras de barras no será posible sin la participación directa de los servicios policiales en coordinación con las máximas autoridades deportivas.

Asimismo, el desmantelamiento será imposible si el liderazgo del proceso no es asumido por parte de la dirigencia de los clubes. De los dos clubes.

El compromiso debe ser mutuo. Ninguno de ellos podrá suprimir su estructura de barras sin un proceso equivalente y simultáneo por parte de su adversario.

La existencia del barra admite múltiples fundamentos, pero su sentido de afirmación lo consagra su oponente, su adversario. Y todo su accionar responde al principio de identidad construido a partir del enfrentamiento y la confrontación.

El barra se constituye y se confirma en el enfrentamiento con su adversario y con la Policía. En sus cánticos, se ocupa de asimilarlos muy explícitamente.

El esfuerzo particular de un club puede estar inspirado en las mejores intenciones, pero no podrá producir los mejores resultados si es aislado y episódico.

La experiencia internacional revela que las barras pueden ser excluidas de los estadios pero no se extinguen. El sentido de su existencia se reafirma más allá de las referencias físicas de un estadio y de las circunstancias concretas de la competencia deportiva.

Tampoco se resuelve mediante el ejercicio de la represión. Los fenómenos socioculturales no se extinguen mediante el uso de la fuerza bruta. En este caso en particular, produce efectos contraproducentes de reafirmación y fortalecimiento.

Es un modelo que aporta épica y estética a sus fieles y que se reconoce y consagra en la confrontación con la fuerza pública y en el apremio a los dirigentes.

La desarticulación de este tipo de estructuras implica la discontinuidad de la asistencia y de los beneficios.

La ruptura de la cadena de favores es indispensable y puede contribuir con la disminución del valor de los móviles económicos.

Sin embargo, el desafío superior es la deslegitimación de la cultura propia del barra, la invalidación de sus presupuestos y valores socioculturales, individuales y colectivos.

La Policía no puede ser la responsable solitaria de resolver una problemática que tiene su origen en el ambiente especialmente propicio del fútbol en virtud de su informalidad y contingencia.

La Policía puede y debe reprimir el delito, pero no tiene las condiciones suficientes para anular una modalidad organizativa que nace, se desarrolla y se sostiene en virtud del respaldo de agentes del propio fútbol.

Las barras son expresiones parainstitucionales con enclaves dirigenciales no explícitos. Invisibilizadas como consecuencia del retraimiento de la presencialidad, no han dejado de estar activas, aunque, según la información disponible, sus miembros se han desplazado hacia actividades criminales de diferente naturaleza.

La paralización de la actividad en el sector y su reactivación sin público presente constituyen una oportunidad privilegiada para tender puentes de entendimiento entre los actores involucrados y necesarios para desterrar estas prácticas.

El impacto de la pandemia sigue siendo devastador y, sin embargo, no deja de ofrecer oportunidades.

A medida que la reactivación de la vida ciudadana se va recuperando, desde múltiples sectores se va restaurando o procurando restaurar las condiciones previas a la llegada del virus.

El regreso de los espectadores a los estadios devolverá, al espectáculo y al hecho social del fútbol, un componente indisociable del deporte moderno. Sería deseable que su retorno nos animara a soltar las amarras para liberarnos de toda asociación con grupos delictivos y prácticas degradantes para el deporte.

“Cuando vuelva la gente al fútbol uruguayo, los primeros en entrar serán los barras”, dijo Richard Morales el 7 de marzo en Punto Penal, de Canal 10. Que así no sea...

Fernando Cáceres fue secretario nacional del Deporte.