Contrato de UPM versus acuerdo con Katoen Natie: las comparaciones no eran tan odiosas

Expresaba Sempronio en la obra La Celestina, de Fernando de Rojas: “Calla, mi vida, que tú la comparaste. Toda comparación es odiosa”. Este concepto multicitado por la literatura española ha sido también adoptado popularmente. Suele afirmarse, con justa razón, que las comparaciones siempre son odiosas. Sin embargo, a veces vale la pena caer en comparaciones, sobre todo cuando se trata de presentar como semejantes a situaciones que nada tienen que ver entre sí.

Es que detrás de la toma de decisiones siempre existen diversas motivaciones y formas de actuar. Es doblemente equivocado caer en el facilismo de las semejanzas abstractas. O, dicho de otra manera, tratar de abordar una discusión diciendo: “Ustedes hicieron lo mismo”, sin analizar el contenido de los actos. Salvo que se pretenda arribar a una conclusión injusta, maliciosa o, en el mejor de los casos, torpemente apresurada.

Ha habido ciertas manifestaciones desde el oficialismo que intentan justificar el acuerdo transaccional entre el Estado y la empresa Katoen Natie pretendiendo asemejarlo al contrato que el gobierno anterior suscribió con la empresa UPM. Como si la cesión monopólica del negocio de contenedores (hasta 2081), favoreciendo a Katoen Natie, fuera lo mismo que el contrato con UPM. Una crítica bastante sorprendente y superficial, mediante la cual se pretende comparar situaciones que nada tienen que ver; basta analizarlo para entenderlo.

Empecemos por el principio, porque es cierto que existe un común denominador entre ambas empresas. Tanto UPM como Katoen Natie son poderosísimas corporaciones que cuentan con un fuerte respaldo institucional desde sus países de origen. Dicho respaldo está consagrado en tratados internacionales. Nuestro país tiene Tratado de Promoción y Protección de Inversiones tanto con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa como con Finlandia. Ambas empresas, además, tienen una actividad y producción de escala mundial e invierten miles de millones de dólares. Están instaladas y consolidadas en sus respectivos rubros en Uruguay desde hace años y conocen muy bien nuestras características políticas, sociales y económicas, que además –hasta ahora– les han brindado estabilidad institucional y certezas jurídicas.

Sin embargo, más allá de las semejanzas, la diferencia no está en las empresas sino en la forma en que el Estado se posiciona ante estas. Lamentablemente ahí es donde están las diferencias sustanciales entre el gobierno anterior y este. Mientras que el anterior negoció minuciosamente el contenido del contrato con UPM, esta administración entregó ilegalmente la totalidad del negocio de contenedores a Katoen Natie, asumiendo –además– costosísimas inversiones de forma ilegal, contraviniendo todas las normas jurídicas de mayor relevancia: la Constitución de la República, la Ley de Puertos de 1992 y el artículo 20 de la Ley 17.243 del año 2000.

Basta con analizar las últimas y desesperadas declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti para saber que lo que se firmó es ilegal. En sus dichos confirma lo que ya se sabía en cuanto a que el Partido Colorado estaría impulsando una ley para subsanar las ilegalidades del acuerdo. Que quede claro una vez más: cualquier intento de la coalición gobernante para subsanar la ilegalidad no hará otra cosa que dejar en evidencia el accionar espurio y contrario a la normativa vigente. Veremos cómo proceden...

La inversión extranjera directa debe ser siempre bienvenida y seguir jugando un rol importante, pero esto no puede ser a cualquier costo. Se debe negociar con inteligencia y con certeza, sabiendo antes a qué se compromete cada parte.

El contrato con UPM

El contrato con UPM parte de la comprensión mutua de un marco estable y predecible para un desarrollo industrial a largo plazo, y además define áreas concretas para avanzar en ese camino. Incluye un capítulo dedicado al desarrollo, la investigación y la innovación, donde se comprometen aspectos fundamentales para el país. Se incluye la promoción de las capacidades humanas y empresariales para el desarrollo sustentable de la cadena forestal con miras a incorporar valor agregado nacional y potenciar los beneficios a nivel nacional y regional. A su vez, es destacable el fortalecimiento de las capacidades en las áreas de tecnología, innovación y protección ambiental, maximizando el impacto positivo de la planta de celulosa en el país.

Por otro lado, se logró acordar y establecer un fondo por el cual UPM hará una contribución anual de 1,5 millones de dólares por un período de 23 años, que financiará un centro tecnológico forestal maderero para estudios en innovación sectorial. Esto incluye un fuerte análisis en materia de bioeconomía y desarrollo empresarial, creando proyectos de investigación y desarrollo. Además, se suma la capacitación y el asesoramiento en materia laboral. El contrato con UPM también incluye la promoción de conocimientos, productos y servicios que desarrollarán la economía y las capacidades humanas esenciales para el desarrollo sustentable.

En definitiva, el modelo de inversión que plantea UPM potencia un efecto integral que incluye desarrollo sustentable, puestos de trabajo, innovación e investigación. Todo lo anterior, sin desconocer que estamos ante un negocio y que el lucro es una aspiración de cualquier empresa que haga una inversión, especialmente si ella es de la magnitud de la de UPM. Pero más allá de esto, se negoció un buen contrato que además se hizo con transparencia y escuchando a la ciudadanía.

Sobre los diferentes estilos de gobernar y acordar es mucho lo que podría decirse, pero basta con recordar que cuando se analizó el proyecto de UPM se hicieron consultas y audiencias públicas, dándole la mayor transparencia. Pero no sólo eso: en materia de inversiones y erogaciones a cargo del Estado, más allá de que hubo cuestionamientos, estuvo claro desde el propio contrato cuáles eran las que debían ser asumidas por el Estado y cuáles no.

Este punto resulta destacable porque, como se mencionará a continuación, nada de esto sucedió con el acuerdo entre el gobierno actual y la empresa Katoen Natie. Veremos cómo, al día de hoy, no existen certezas sobre cuánto deberá desembolsar el Estado para poder solventar la inversión que pretende desarrollar la empresa Katoen Natie.

El acuerdo con Katoen Natie

El acuerdo debilita fuertemente la institucionalidad portuaria. En este sentido, la Administración Nacional de Puertos (ANP) queda en una situación de fuerte desventaja en su doble condición de ente regulador y socio minoritario de Terminal Cuenca del Plata (TCP). De esta manera, mediante el acuerdo, la ANP pierde cometidos tales como el de poder fijar el Reglamento de Atraques del puerto o su régimen de gestión. En este caso, no podrá modificarlo unilateralmente, debiendo recabar el consentimiento previo de la empresa Katoen Natie. Además, estas modificaciones a los reglamentos mencionados se hicieron con la mayor falta de transparencia. En este sentido, no existieron consultas previas al Centro de Navegación, como sí se había hecho en el pasado, ignorando a actores fundamentales del mundo portuario. Resulta entonces notorio el desconocimiento, por parte del gobierno, de la importancia de trabajar con la comunidad portuaria.

Desde que se aprobó la Ley de Puertos, en 1992, y el régimen jurídico de TCP en el año 2000, nunca estuvo en tela de juicio el concepto de libre competencia. Sin embargo, este acuerdo echa por tierra el derecho a la libre competencia, dejando por el camino a las empresas competidoras en el negocio de contenedores y afectando directa e indirectamente los intereses del país. Cabe resaltar que las tarifas fijadas en el puerto de Montevideo, que se desregulan mediante este acuerdo, pueden terminar afectando el precio de bienes al consumo, lo cual es verdaderamente negativo para los consumidores.

Por otro lado, el plazo es exageradamente extenso. En este sentido, se concede una extensión del plazo del Contrato de Gestión por 50 años a partir del vencimiento del plazo actual, lo que lleva a dejar nuestra principal terminal portuaria concesionada por 80 años en total. Todo esto, bajo nulas posibilidades para que el Estado o la autoridad portuaria puedan modificar sus diversas condiciones. En este sentido, la cesión de soberanía abarca aspectos como la administración, la conservación y el desarrollo del recinto portuario concedido. Todo esto resulta vulneratorio de las normas jurídicas vigentes, además de ser contrario a los intereses del país.

Excediéndose en sus cometidos, el acuerdo dicta normas de lo que puede hacerse en los muelles públicos; por ejemplo, dispone que no se permitirá la instalación de grúas pórtico en esos espacios. Establece que no se otorgarán concesiones ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una nueva terminal especializada durante la vigencia de la concesión si no se supera determinado nivel de capacidad. Este punto le da a TCP la prerrogativa de regular su propia capacidad y así evitar el desarrollo de la competencia, consolidando un monopolio privado.

Como vemos, el “acuerdo” con Katoen Natie es mucho más que una simple privatización o concesión a un privado. Es lisa y llanamente una entrega de soberanía a una multinacional. Se otorga y resigna en manos de terceros jurisdicciones, atribuciones y competencias propias del Estado y sus órganos dependientes, comprometiendo y limitando la estrategia portuaria. Además, resulta notoria la falta de contrapartidas para los sectores nacionales tanto en lo laboral y empresarial, como en materia de capacitación, formación y desarrollo.

Finalmente, tampoco existen certezas sobre cuánto deberá invertir el Estado para solventar el “sueño” de la multinacional. Para concretar dicho “sueño monopólico”, el Estado, como mínimo, deberá dragar el canal de acceso, ensancharlo y realizar otras costosísimas obras dentro del puerto. ¿Eso es un problema? En principio no, ya que entendemos que debe existir complementariedad entre la obra del Estado y de los inversores, como en el caso de UPM. El problema acá es que eso está indeterminado, no se escribió a texto expreso y como ya se firmó el acuerdo, lo que deberá gastar el Estado representa una verdadera incógnita, una “caja de Pandora” incierta e indeterminada.

En fin, aunque las comparaciones suelen ser odiosas, a veces resultan necesarias para aclarar las cosas. Reformulando el dicho de un viejo líder político de este país: con el acuerdo no hubo ni dignidad (arriba) por parte del gobierno, ni habrá regocijo (abajo) por parte del pueblo.

Charles Carrera es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.