Heber, el puerto y un acuerdo ominoso

Mucho se ha escrito ya acerca del polémico acuerdo que le ha dado al grupo belga Katoen Natie el control del puerto durante los próximos 60 años.

Se ha matrizado un monopolio ilegal, lesionado diversas autonomías (de la Administración Nacional de Puertos –ANP– y de UTE), afectado negativamente intereses soberanos y de terceros, en beneficio de un privado, a un extremo que resulta imposible argumentar desconocimiento, impericia o mala praxis. Se trata a todas luces de un acuerdo diseñado hasta en los más mínimos detalles para favorecer comercialmente a un privado, sin contemplar el más elemental criterio de proporcionalidad en el marco de las actuaciones llevadas adelante, que debieron atenerse al principio de la “decisión razonable”, esquema rector que debe guiar a un ministro de Estado en defensa del interés general y público.

Viene al caso aportar solamente tres apuntes que demuestran a qué punto se operó en favor de Katoen Natie y en perjuicio del interés nacional:

1) Se acordó sustraer del ámbito de lo público (Ministerio de Educación y Cultura y Poder Judicial) cualquier diferendo entre accionistas a la interna de la sociedad concesionaria, transfiriendo la jurisdicción hábil para la resolución de disputas a un eventual laudo de un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio.

2) Se acordó una modificación de los estatutos de Terminal Cuenca del Plata (TCP) a los solos efectos de que el accionista estatal (ANP) pierda el privilegio del voto prescriptivo en caso de capitalización, entre otras prerrogativas, siendo este un resguardo determinante previsto para que el privado no licue la participación pública, como ya lo hizo con los originales accionistas privados en los inicios de TCP.

3) Se establecieron condiciones leoninas para la ANP en la hipótesis de rescate de la concesión, pero no se estableció absolutamente nada acerca de cómo participa el Estado en caso de que Katoen Natie venda su participación en TCP; por el contrario, se facilita la venta por el tratamiento que se le da a la figura del operador especializado (hoy Nelsury SA), sin que el Estado vea un misérrimo centavo en caso de que la terminal cambie de manos. En este sentido y para dimensionar la gravedad del punto, considerando los 50 años concedidos (blindados ahora por 60 años bajo un régimen de monopolio obturado a cal y canto), en un cálculo conservador con base en los resultados obtenidos aun en régimen de competencia, representa una valorización del negocio no menor a 750 millones de dólares (a valor presente y descontada la difusa inversión a la que TCP se compromete), incluida la ANP por la vía de resignar utilidades ya obtenidas y a riesgo de ser licuada.

No puede un ministro desconocer las consecuencias económicas en favor de un tercero generadas por el solo hecho de estampar su firma y no prever en simultáneo cómo el Estado participa de tal plusvalía.

Habría una docena de temas más en los cuales abundar: condonación ilegal de canon, aumento de la zona concesionada, compra de energía a precio de consumidor, inconsistencias del programa de inversión en montos, plazos y condicionamientos, nuevo régimen tarifario, obligación de dragar a costo de la ANP, resignación de créditos devengados a favor de la ANP, intromisión inaceptable en materia de políticas portuarias ajenas al privado y privativas de la ANP, renuncia de jurisdicción legal, renuncia de hecho de utilidades realizadas y no distribuidas, flexibilización de controles y otros tantos. Todos y cada uno de ellos resultan escandalosos, increíbles e inexplicables desde lo comercial, desde lo jurídico y desde la perspectiva de un acto de gobierno absolutamente prescindente de las consecuencias gravísimas que genera, y edificado sobre dos medias verdades: 1) evitar un juicio internacional por 1.500 millones de dólares (infundado en el monto pretendido así como frágil en legitimidad de origen) y 2) una importante inversión, anunciada como la más grande de la historia del puerto (absolutamente difusa, sobrevalorada y extremadamente condicionada), cuya mitad se trata de bienes que obsolescen durante el período de la concesión, al igual que muchas de las inversiones ya hechas durante el primer tramo que la ANP nunca incorporará a su dominio.

Otro extremo que resulta igual de inexplicable radica en la ausencia de valoración respecto de lo que a la ANP le ocasiona perder el 55% del mercado de contenedores que dejará de operar en muelles públicos y cuánto impacta esto en pérdida de canon, muellaje, poder regulatorio, etcétera, así como al perjuicio al que se la somete por la subutilización futura de los nuevos muelles cuya amortización se le impide.

Todo este opaco proceso supone una afectación concreta del interés general, del comercio exterior uruguayo, de la competitividad en materia de inserción internacional, y aunque no se lo perciba con facilidad, se le transfiere el costo por monopolio a los exportadores, por encarecimientos de flete, pero también a todos y cada uno de los que consuman un producto importado cuyo costo logístico intrínseco no hará otra cosa que enriquecer a Katoen Natie y lesionar el poder de compra de los uruguayos.

Cabe esperar que tamaño escándalo termine judicializado y sea allí, en ese ámbito, donde se confirme o despeje la responsabilidad de funcionarios capaces de pergeñar tamaña entrega; mientras tanto, el sistema político todo tiene la enorme oportunidad de tomar verdadera dimensión de lo ocurrido y actuar en consecuencia.

No se trata de blindar vía una ley un pésimo acuerdo (como ha anunciado el Partido Colorado), sino de que se asuma la necesidad de restablecer la credibilidad de Uruguay en materia de trato ecuánime como país receptor de inversión extranjera, que nunca desde la recuperación democrática ha incurrido en un acto tan servil y desproporcionado como el que nos ocupa en este artículo.

Ojalá la institucionalidad uruguaya, sello distintivo de quizá la única democracia plena por estos lares, nos ponga a salvo de semejante dislate.

Los que no estén a la altura serán cómplices, y ahí no hay derecha ni izquierda, habrá gobernantes responsables y de los otros.

Alejandro Steineck fue director de TCP entre 2010 y 2015.