El proyecto de ley de Rendición de Cuentas aprobado en la Cámara de Diputados, en el Artículo 178 Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura (MEC), incluye un nuevo aplazamiento de la vigencia de la Ley 19.852, esta vez a partir del 1° de enero de 2023.

Parece que el MEC no tiene entre sus prioridades la promoción y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria pública y privada, ya que esta es la segunda prórroga que solicita. Esperemos que no sea el anticipo del entierro de una iniciativa que llevó mucho trabajo y se logró con amplio acuerdo.

Esta ley creó el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciara (Inaeet), que entre sus competencias tiene “la acreditación de las instituciones de enseñanza terciaria universitaria y no universitaria públicas y privadas” y “desarrollar procesos de evaluación de las instituciones, sus unidades académicas y sus carreras a solicitud de aquellas”.

La ley aprobada en diciembre de 2019 establecía que la vigencia sería a partir del 1° de enero de 2021. Se otorgaba un año de plazo para su instalación. El propósito era permitir que las nuevas autoridades tuvieran tiempo para reglamentarla, establecer el traslado de recursos existentes en el MEC y eventualmente la asignación de nuevos fondos a través de la Ley de Presupuesto.

Sin embargo, con el nuevo gobierno su instalación se prorrogó por dos años más (por ahora). Podría pensarse que la pandemia provocó estos aplazamientos. Sin embargo, en este mismo período el MEC creó otros institutos en la Dirección de Cultura y un nuevo consejo consultivo exclusivamente para formación en educación, además de otras acciones realizadas en este tiempo, destinando recursos para todo ello. Claramente, es un tema de prioridades.

Es importante recordar que el Inaeet fue creado luego de un largo proceso iniciado en 2006, que contó con la participación activa de todos los involucrados (incluidos algunos que hoy son autoridades en el MEC y provenían de instituciones universitarias privadas). Tuvo como antecedentes dos proyectos de ley frustrados, culminando en 2019, a partir de un grupo de trabajo creado a iniciativa del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, con una redacción en la que participaron representantes de todas las universidades públicas y privadas (incluso algunos rectores), fue avalado por la Asamblea del Claustro de la Udelar y por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en 2019 y, como si fuera poco, recogió el apoyo unánime del Senado.

La expansión de la educación terciaria diversificada y descentralizada es una condición para el desarrollo nacional en todos los planos. Forma parte del derecho a la educación extendiendo las trayectorias educativas más allá de la educación obligatoria. Pero estos procesos, que incluyen la apertura de nuevas instituciones, programas y carreras y su internacionalización, requieren mecanismos de autoevaluación y evaluación externa, a partir de criterios de calidad elaborados con participación de actores involucrados en los ámbitos académico y profesional.

Se desaprovechan años de trabajo colectivo y confianzas construidas con mucho esfuerzo entre las instituciones universitarias públicas y privadas, que llegaron a un acuerdo unánime para la creación de esta institución.

Desde 2003, Uruguay ha participado en 31 procesos de acreditación de siete titulaciones universitarias en Mercosur Educativo (ARCU-SUR). Fueron procesos que generaron aprendizajes valiosos, favorecieron la calidad de la educación universitaria, fomentaron la cultura de la autoevaluación y generaron confianza entre instituciones públicas y privadas. Pero estos procesos fueron impulsados a través de una comisión ad hoc, honoraria, que sólo puede actuar en las convocatorias del Sector Educativo del Mercosur, sin capacidad de incluir otras de carácter nacional.

Por otra parte, este aplazamiento es una profundización de la brecha existente con los demás países del continente, que cuentan ‒todos ellos‒ con instituciones de este tipo para promover y asegurar la calidad de la educación terciaria.

Además, se desaprovechan años de trabajo colectivo y confianzas construidas con mucho esfuerzo entre las instituciones universitarias públicas y privadas, que llegaron a un acuerdo unánime para la creación de esta institución. Su instalación formaría parte de una política de Estado en la promoción de la calidad de la educación terciaria y una señal de la importancia estratégica que su expansión tiene para el país.

Asimismo, el Inaeet puede contribuir al proceso de instalación de una institución universitaria para formación en educación en lugar del camino elegido por el MEC a través de la ley de urgente consideración (LUC), que será sometido a referéndum en 2022.

El tiempo perdido con la aprobación de un nuevo aplazamiento en la instalación de esta institución es un golpe al fortalecimiento de un incipiente sistema de educación terciaria, a la formulación de políticas públicas en la materia y a la movilidad de docentes, estudiantes y profesionales.

Esperemos que el tiempo perdido no se extienda y que eventualmente pueda ser utilizado para convocar a las partes interesadas en la elaboración del decreto reglamentario. Esto sería lo más adecuado y respetuoso con los actores y con los procesos que desembocaron en la aprobación de la ley.

Luis Garibaldi es maestro y fue director nacional de Educación.