Este 10 de setiembre se cumplen 206 años del conocido popularmente como Reglamento de Tierras. Su nombre es más largo y a la vez más concreto: “Reglamento provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados”. Alguien podrá decir o preguntarse: ¿para qué dedicar tiempo a este documento de hace tanto tiempo?, ¿tiene o puede tener incidencia en la actualidad?
En otras notas hemos afirmado que los procesos históricos siguen vivos en la sociedad una vez realizado o desarrollado un proceso. Dicho proceso permanecerá y podrá salir a luz tarde o temprano, según las nuevas generaciones con sus problemas los pueden captar y pensar desde su realidad concreta.
Por lo antes mencionado, no resulta inocente que este proceso de la revolución oriental sea prácticamente invisibilizado en buena parte de los programas de niveles terciarios y universitarios. En primaria y secundaria lo que se hace básicamente es una caracterización para reafirmar la nacionalidad del país, lo cual deja por fuera este proceso de la revolución por haber sido un problema que dividió a los integrantes del país, por ser un momento de radicalización. Y no solamente lo fue en la época que se desarrolló (1815), sino que después, los historiadores también mantuvieron debates respecto de qué había sucedido con la aplicación o no de ese reglamento. Tampoco en las fuerzas populares (quizá en alguna se pueda dar, pero no es lo común) se ha retomado el estudio de este aspecto de nuestra historia. Carencia y silencio que deberían llamarnos a la reflexión en torno a sus motivos de fondo.
Cuando se cumplieron 200 años, se realizaron pocas actividades académicas y desde el gobierno se impulsó alguna actividad también, pero no fueron muchas, y se desembolsó poco presupuesto para dicha fecha. Y si no hay presupuesto destinado a dicho acontecimiento es por algún motivo particular y obedece a una mirada del pasado y del futuro.1
Quizá este silencio desde las esferas de gobierno no debía llamar la atención. El Reglamento marca la distribución de tierras para los “más infelices”, para los que menos tenían. Como bien sabemos, el Uruguay contemporáneo continúa teniendo población que no tiene nada más que su vida para salir adelante y para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. Como contracara, continúan existiendo los dueños de la tierra, los que durante el período 2000-2020 continuaron siendo actores centrales en la vida económica y política del país.
Creemos que ese año y ese período iniciado en 1815 debería ser estudiado para pensarnos como país de cara al futuro. El silencio casi absoluto también estuvo presente en el campo popular: casi nadie quiso tomar esa bandera para reivindicar. Aquel 2015 fue complejo por varios temas, pero siempre deberíamos pensar en el pasado y mirar al futuro.
En este silencio creemos que juega como elemento central la percepción que impuso la dictadura cívico-militar con la apropiación de la figura de José Artigas. Hoy lo podemos ver en el discurso y elementos simbólicos del partido continuador de este discurso de apropiación, Cabildo Abierto. Parece que esa batalla de esta figura y lo que ella representó en algún momento de la historia para la izquierda hubiese quedado abandonada.2 Y esa batalla ganada por las fuerzas conservadoras licuó el proceso de la revolución oriental y la separó de las causas populares más justas.
La dictadura y su continuador en el presente nunca reivindicarán el aspecto más avanzado de aquellos tiempos. Si bien hace discursos y volteretas retóricas que pueden llevar a confusiones, en concreto hay que tener presente qué es lo que vota en cada instancia y allí se evidencia que no busca fortalecer al campo popular, sino que busca ser el protector de esa población, teniéndola bajo control.3
Por último, también es constatable que en nuestra historia como país hay un proceso que no se ha terminado de laudar y es precisamente lo sucedido durante la última dictadura y sus consecuencias, que continúan hasta el presente. Allí está la mayor parte de la disputa por interpretar el pasado de nuestro país. Lejos quedó, parece, el conflicto de aquel lejano siglo XIX.
El INC y las políticas de tierras del futuro
En la última Ley de Presupuesto votada el año pasado con las nuevas mayorías, se golpeó al Instituto Nacional de Colonización (INC), disminuyendo su presupuesto. El INC, creado en 1948 por el neobatllismo, busca que existan oportunidades para pequeños productores y cooperativas puedan acceder, producir y permanecer en la tierra. El acceso no es nada sencillo, pues la propiedad de la tierra continúa siendo central para la concentración de la riqueza en el país.
Con la restricción presupuestaria ya se habían resentido su accionar y su poder de incidencia sobre el reparto de tierras. Y en la actual rendición de cuentas se le da un nuevo golpe al INC desviando parte de su presupuesto hacia otras problemáticas que nada tienen que ver con el cometido de dicho instituto.
A estas quitas le debemos agregar que estudios recientes plantean que “el Estado sigue siendo un actor marginal en el reparto agrario, que controla apenas 3% del territorio nacional y que se apropia sólo de 10% de la renta que llega a los terratenientes”.4 Es decir que si ya venía siendo modesto el accionar del INC, con este nuevo panorama que plantea el nuevo gobierno será casi nulo o, como han denunciado los trabajadores del mismo instituto y diversas organizaciones ligadas al tema, tenderá a su desaparición.
Un proyecto de país que pretenda ser popular deberá impulsar una nueva política respecto de la tenencia de la tierra. De alguna manera se debe pensar en superar el impulso neobatllista que llevó a la creación del INC.
Sin dudas, este avance de las fuerzas conservadoras va en línea con la concentración de la tierra que se da por la dinámica general en el momento actual del proyecto del capital. Así, el mismo autor recién citado plantea que los terratenientes tradicionales (con la producción de ganadería extensiva) continúan teniendo peso, también aparecieron como propietarios de tierras las grandes empresas forestales y los fondos de inversión y pensiones.
Un proyecto de país que pretenda ser popular deberá impulsar una nueva política respecto de la tenencia de la tierra. De alguna manera se debe pensar en superar el impulso neobatllista que llevó a la creación del INC.
Para eso se deberá impulsar y crear las condiciones para que nuevos colonos puedan afincarse en la tierra. Y para eso se deberá romper y quebrar la hegemonía conservadora que lleva a visualizar todo lo referente al medio rural como “atrasado”. Para dicha perspectiva quizá pueda brindar alguna pista el hecho de revisar y reestudiar aquel lejano y extraño proceso que se dio en 1815 con el Reglamento de Tierras, cuando los grandes propietarios comenzaron a abandonar las fuerzas revolucionarias para recuperar sus propiedades expropiadas por las fuerzas artiguistas.5
Héctor Altamirano es docente de Historia.
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Puede consultarse la página del Ministerio de Educación y Cultura, Actividades sobre los 200 años del Reglamento de Tierras. En la misma página se puede encontrar una publicación electrónica titulada “Tierra y producción a 200 años del Reglamento agrario artiguista”. Desde el título de esta publicación se podría empezar un análisis, pero quedaría muy extensa esta nota. ↩
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Jaime Yaffé, en una presentación titulada La izquierda uruguaya y el pasado revolucionario oriental. ¿Una leyenda roja del artiguismo?, plantea esa disputa desarrollada a fines de los 60 y principios de los 70. ↩
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En la nota de Juan Pablo de María del 5 de julio de 2021 en la diaria, “Cabildo Abierto: la receta de la reacción populista”, se puede profundizar en este aspecto. ↩
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Oyhantçabal Benelli, G (2021). Los dueños de la tierra (y de la renta) en Uruguay 2000-2020 en Los de arriba. Estudios sobre la riqueza en Uruguay, editado por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. ↩
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La obra Después de Artigas, de Nelson de la Torre, Lucía Sala y Julio Rodríguez, es una referencia para este tema. ↩