Meses atrás, lo que comenzó como una investigación judicial por la falsificación de documentos para la emisión de pasaportes de ciudadanos rusos terminó implicando a uno de los hombres de mayor confianza y proximidad del presidente Luis Lacalle Pou, que, a su vez, presuntamente también tejió una red delictiva a varias bandas, implicando a otros jerarcas y generando quizás el mayor escándalo de corrupción en décadas, del que aún no se conocen todos los elementos ni implicancias. Recién empezó.
No fue a través de una comunicación oficial que nos enteramos de la detención del entonces jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, ni tampoco de las implicancias posteriores del caso. Los periodistas Eduardo Preve y Gabriel Pereyra informaron sobre la detención del funcionario. A las pocas horas, Lacalle Pou brindó una conferencia de prensa en la que relató los hechos, detalló su vínculo con el detenido y, al igual que otros miembros del oficialismo, pretendió instalar que lo sucedido no afecta al gobierno ni a la reputación internacional del país, aunque los pasaportes de emisión uruguaya pasaran a estar sospechados y decenas de notas periodísticas refirieran a un hecho de corrupción en el gobierno uruguayo en pleno edificio presidencial.
Algunos fueron más allá. El expresidente y secretario general colorado Julio María Sanguinetti dijo que Uruguay salió "fortalecido" tras el episodio, ya que se detuvo a un "funcionario infiel" que era "un hombre con ciertas sospechas", sin avisarle al presidente y respetándose la separación de poderes. A su vez, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que el caso, en lugar de un "demérito", debería verse como "un mérito del señor presidente", ya que las fuerzas policiales desbarataron a una banda que reclutó a su custodio. "Si sucede, conviene".
Otros dirigentes oficialistas, por instinto más que por razón, pretendieron poner en cuestión el rol del periodismo, tras las revelaciones del caso que mostraban que el "perejil", "charlatán", que prácticamente era un mucamo, resultó ser un lobista que ofrecía servicios a empresarios e intermediaciones en licitaciones. El periodismo demostró que no era solamente parte de una red de falsificación de documentos, sino que también tenía negocios particulares, pedía y gestionaba favores de todo tipo, buscaba participar en compras públicas, otorgaba y filtraba información sensible –incluso sobre reuniones que mantenía el presidente–, facilitaba inversiones y servicios de privados e invocaba muchas veces a "Luis". Se trataba de un militante lacallista de larga data, que había pasado por la Policía, que había trabajado en la seguridad de varias campañas electorales, que tenía cierta inserción social y red de contactos, que contaba con múltiples anotaciones policiales y también con antecedentes penales que el presidente dijo desconocer, ya que, según el Ministerio del Interior, habían sido borrados de su legajo.
Según informó la diaria, la firma Vertical Skies –que logró ganar licitaciones en el Ministerio de Defensa Nacional y en UTE– le solicitó a Astesiano información personal de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera “para que retiren la denuncia” por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie. Dicha empresa le giró 1.500 dólares al custodio, quien aseguró a Universal que la firma "es de un amigo que la está peleando" y la transferencia fue la devolución de un préstamo para una licitación de botas y mochilas.
Más allá de lo incompatible que resulta que un funcionario haga gestiones para buscar favorecer a privados obteniendo beneficios económicos, algunos analistas señalan que este caso también desnuda la falta de legislación sobre el lobby en Uruguay. Algunos países como Chile han regulado la relación entre autoridades que toman decisiones e intermediarios de privados que obtienen remuneraciones, transparentando las solicitudes de audiencias y reconociendo la legitimidad de estas prácticas.
Quienes también cuestionan las filtraciones saben perfectamente que son legítimas. En este caso, los periodistas accedieron a documentos, contrastaron datos, debieron comprender lenguajes y códigos complejos, revisar fechas, chequearon, rechequearon una y otra vez, lo publicaron y probado está que no le pifiaron cuando consideraron que eran hechos de interés público, cuya publicación no era antijurídica, ya que no revelaron secretos de Estado ni pusieron en riesgo la seguridad del país. No deberían indignar las filtraciones de documentos y el periodismo de investigación, sino las desviaciones de conducta.
Tampoco se debe, bajo ningún caso y de ninguna forma, pretender que un periodista revele sus fuentes, como se intentó semanas atrás ante el caso de la filtración de un documento de Inteligencia.
Periodistas y medios de comunicación, cuestionados por tirios y troyanos, han actuado una vez más en función de la búsqueda y la divulgación de la información, brindando todos los elementos posibles para que estén a disposición de las personas que formarán su opinión, que siempre estará sujeta a sus valores y creencias.
Durante estos meses, hemos conocido con lujo de detalles hasta qué punto operaba Astesiano. También fue gracias al trabajo del periodismo que se conocieron las internas dentro de la Fiscalía, el malestar y la incomodidad de la fiscal del caso, Gabriela Fossati, que cuando no utiliza las salidas controladas a través de los canales oficiales de comunicación deja ver contradicciones y realiza consideraciones que deslindan y protegen a la figura presidencial. Fue en una entrevista con El Observador que Fossati reveló la "exigencia" de Presidencia –en vías de ser revertida– de excluir los chats entre el custodio y su jefe máximo, bajo el argumento de preservar la vida privada del mandatario. Viendo cómo han actuado medios y periodistas en estos meses con información de Astesiano, está claro que no era un argumento válido.
No deberían indignar las filtraciones de documentos y el periodismo de investigación, sino las desviaciones de conducta.
Cuando Fossati planteó dificultades para recuperar los chats borrados del celular del custodio, los medios detallaron las herramientas con las que contaba el Ministerio del Interior para hacerlo. Al otro día, y luego de que la magistrada cuestionara la labor de un periodista, la cartera informó que había recuperado la totalidad del contenido.
El propio presidente comenzó a incomodarse cuando en cada rueda de prensa era consultado por el caso. "Yo no sé cuántas veces me han preguntado de este tema", dijo en una oportunidad. "Es una pregunta capciosa", acusó en otra. Varias veces apeló al "nos conocemos y saben cómo actúo" al ser interrogado. El 17 de octubre informó que había decidido no referirse más al hecho, al decir que ya había hablado "lo suficiente" sobre el caso, aunque aclarando que no creía que este estuviera "cerrado". "Para muestra, un botón".
A medida que surgieron nuevos hechos, debió volver a referirse al tema con una incomodidad igual de notoria. Cuando se conoció el presunto espionaje a senadores opositores, el mandatario ensayó la misma respuesta que con el resto de los episodios del caso: deslindó al gobierno, polarizó con la oposición y señaló que hay "mucho humo" que deberá comprobarse en la vía judicial. Desde el oficialismo se ha tildado a Astesiano como un "charlatán", que si bien traicionó la confianza del mandatario, en los chats –con jerarcas o importantes empresarios– mantenía conversaciones fantasiosas e inverosímiles en algunos casos. También se han intentado colectivizar las culpas, al señalar que el Frente Amplio durante sus gestiones no advirtió la existencia de una banda que falsificaba pasaportes.
En el caso Astesiano, "un escándalo tapa a otro", y desde la oposición se señala que el gobierno no acusó recibo, ya que no hubo grandes mea culpa ni fusibles. Ni siquiera jerarcas indagados fueron descabezados, apelando al principio de inocencia planteado por el presidente apenas se conoció la detención de su custodio principal.
Durante los últimos meses, el oficialismo ha buscado instalar otros temas en agenda que golpeen a la oposición y que saquen al escándalo de su custodio del foco. En el Parlamento se instaló una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades cometidas en 2012 por el senador Charles Carrera durante su gestión en el Ministerio del Interior, y el Ministerio de Desarrollo Social presentó una denuncia ante presuntas irregularidades cometidas por referentes de ollas, merenderos y organizaciones sociales en el combate al hambre. El gobierno mostró firmeza en su intento por generar una reforma educativa y aprovechó la existencia de protestas a veces desmedidas. También aprovechó la política exterior para confrontar con los socios del Mercosur, aunque quedó aislado de forma inédita en lo que presenta ante la opinión pública como un manifiesto intento "de abrirse al mundo", frente a una feroz oposición regional.
El gobierno tuvo un respiro y festejó como un gol el pedido de renuncia contra Lacalle planteado por Esteban Valenti en una tertulia radial, ya que pudo cambiar el eje de la discusión por un momento e insinuar que las revelaciones y los cuestionamientos en relación con el caso buscan el desprestigio y el descabezamiento del presidente de la República, en lugar de penalizar los hechos de corrupción. Los representantes de la oposición se desmarcaron: si bien han sido duros, han actuado, en general, ejerciendo el contralor, la lealtad institucional, respetando la voluntad popular y prescindiendo de cálculos menores electoralistas.
De aquí en más, es deseable que no se encuentren más hechos de apariencia delictiva. No es bueno que se siga horadando la imagen de las fuerzas policiales, del partido de gobierno, de la política y de Uruguay por culpa de puntuales desviaciones de conducta. La situación exige firmeza, responsabilidad y transparencia ante un caso grave que involucra a una ínfima cantidad de funcionarios y ciudadanos y que no es representativo de lo que sucede en el seno de nuestra sociedad. En Uruguay la mayoría de los funcionarios públicos, dirigentes políticos, sindicales, empresariales, periodistas y ciudadanos actúan de forma decente y con vocación, y la población mayoritariamente lo tiene claro.
Si se minimizan o se niegan los hechos, si no se corrigen las debilidades institucionales y si no se actúa a la altura de las circunstancias, se corre el riesgo de horadar el sistema democrático, alimentar la antipolítica y generar un clima de enfrentamiento y descreimiento indeseable. Estamos a tiempo.
Víctor Conde es consultor en comunicación.