Los artículos sobre educación de la ley de urgente consideración (LUC) acompasan las críticas de los opositores a la gestión anterior, basadas en datos parciales, instalando un relato apocalíptico de la educación pública.

Sin embargo, cuando el actual Codicen pidió a Opción Consultores un estudio de opinión pública, los augurios de fracaso no se confirmaron. El informe señala que “hay una mayoría satisfecha con la calidad de las escuelas, UTU y liceos”. “Cuando a los padres que tienen hijos en la escuela pública se les pregunta específicamente por la escuela a la que van los hijos, la satisfacción alcanza a 87%. Pasa lo mismo entre quienes tienen hijos en liceos o UTU, en que las respuestas de ‘muy o bastante satisfecho’ trepan a 83%”.

La consulta también abordó qué debería cambiar en una reforma educativa. Las respuestas que coinciden con las prioridades de la actual administración son apenas 20%. Otros asuntos valorados son la formación y la remuneración docente, la extensión del tiempo pedagógico, el apoyo a los estudiantes y el presupuesto.

Las conclusiones del estudio son evidentes: la educación pública tiene aún más prestigio que el supuesto, los docentes son valorados, y la reforma educativa es más compleja que un cambio curricular.

El prestigio importa en educación

En cualquier sociedad “de mercado” el prestigio es una variable fundamental que no sólo refleja los atributos del producto o servicio, sino que también le agrega valor.

Así es que una escuela que tiene buenos resultados, con docentes calificados, un currículo actualizado, participación de las familias e infraestructura moderna alcanza una alta estima. En sentido inverso, aquellos centros que son denostados quedan estigmatizados.

El prestigio de la institución también “derrama” e impregna a sus estudiantes, docentes y funcionarios, rebasa lo particular y se extiende a una categoría que se reconoce como “deseable”; así se recomiendan las escuelas de tiempo extendido o las agrarias de UTU.

El prestigio o desprestigio también son predictores del desempeño. Una institución apreciada es más demandada y elegida. Por el contrario, una escuela desprestigiada pierde matrícula, es menos requerida, recibe menos apoyo.

La educación pública tiene el mérito de acoger a 85% del alumnado del país. Por ella han pasado autoridades políticas y científicas, artistas y obreros. Se trata de una escuela que cimentó su prestigio en la reforma vareliana y en principios y valores forjados en un siglo y medio que hoy es preciso cuidar.

Otras razones se agregan al prestigio de la educación pública, como los docentes, la transparencia y la autonomía en la gestión, la extensión de la jornada escolar, una educación integral, la participación y la inclusión de todos.

La Ley General de Educación (LGE, 2008) obligó a maestros y profesores de Educación Media Básica a ser titulados, exigencia plenamente cumplida en magisterio y con notables avances en secundaria.

La LUC en su artículo 163 sólo exige título a maestros responsables de grupos, a inspectores y directores, pero no para ejercer como maestro de apoyo, itinerante o Ceibal, por ejemplo. Tampoco se exige este requisito a profesores interinos o suplentes.

La LUC permitiría a ciertos institutos y carreras públicas otorgar títulos docentes universitarios, es decir que habrá maestros licenciados y no licenciados, creando una diferencia que va en desmedro de quienes hoy ejercen.

El ingreso a los cargos docentes es por concurso. Su continuidad, los traslados y ascensos son reglados y siguen rigurosos ordenamientos que preservan derechos y transparencia.

La LUC, sin embargo, establece en su artículo 193 “regímenes especiales” que autorizan a que algunos centros se rijan por otro estatuto. En ellos los directores pueden cooptar a su personal, mantenerlo o prescindir de él, y otorgar incentivos según el cumplimiento de ciertas metas. Una lógica empresarial instalada en el Estado, de discrecionalidad y premios ajenos a la transparencia de la educación pública.

El artículo 7 de la LGE decía: “Ae asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular de los alumnos de educación primaria y media básica”. Esta educación integral, de tiempo completo, fue propuesta por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en los años 60. Desde 2005 los centros de jornada completa se triplicaron, se superó el 20% de la matrícula y se mejoraron aprendizajes. Un proceso similar se inició con liceos de tiempo completo.

En primaria se universalizó la educación física, el inglés o portugués llegó a todas las escuelas, el Plan Ceibal dio acceso a las nuevas tecnologías, las escuelas de arte se extendieron en todos los departamentos, 30.000 alumnos por año tuvieron campamentos en experiencias de convivencia inolvidables.

La LUC (artículo 127) deroga el compromiso de la extensión del tiempo pedagógico y de las actividades curriculares, poniendo en cuestión estas políticas, defraudando la expectativa de las familias y recortando un proyecto de educación integral.

Porque todos pueden participar

La educación común y obligatoria es sinónimo de inclusión, participación y ciudadanía. Estos principios y el cuidado de la laicidad promovieron la presencia de padres y vecinos en la escuela; a su vez, los estudiantes y docentes abrieron espacios de representación.

La LUC debilita esta participación. Los Consejos de Educación desaparecen y con ellos la representación docente y de estudiantes de educación media superior, se elimina la Comisión Nacional de Educación (Comine) y los consejos consultivos, el Congreso de Educación se reserva a una eventual sesión cada cinco años (artículo 143), en los consejos de participación se reduce la incidencia estudiantil (artículo 167), los docentes electos en el Codicen son prescindibles ya que todo se resuelve con tres votos (artículo 152).

El Plan de Política Educativa Nacional elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) es un gesto de dudosa constitucionalidad y ostensible centralización. Un sistema que concentra potestades en el ministro y el presidente del Codicen necesariamente excluye y se aleja de docentes y estudiantes.

Por otra parte, la idea de “preservar a la escuela de los fragores de la política” viene de Varela, que abogaba por una educación independiente del poder político, y fue confirmada constitucionalmente y dio lugar a los entes autónomos.

Razones políticas y la especialidad técnica fundamentan esta autonomía y la condición de docentes de al menos algunos de sus directivos. Como dijera el Codicen presidido por Pivel Devoto en 1990, “es razonable que siendo la educación un campo cultural con especificidad propia, la mayoría de los llamados a conducirla sean docentes, cualquiera sea su modo de designación”.

La LUC (artículo 151) niega esta especialidad, ya que los consejeros o directores no tienen que ser docentes, tampoco el secretario administrativo requiere experiencia. Se incorpora así la educación pública al cúmulo de cargos destinados a atender repartos políticos, sin resguardarla de los avatares electorales de partidos y fracciones.

Por el contrario, los consejeros designados por el Ejecutivo deben ratificar ante el Senado su adhesión al Compromiso de Política Educativa del MEC, acto de sujeción inadmisible en los titulares de un ente autónomo. La educación pública queda sometida a los vaivenes de la administración y deja de ser una política de Estado.

El prestigio en riesgo

La educación pública es para muchos la palanca de inclusión, la posibilidad de revertir un designio de pobreza y segregación. Esta oportunidad sólo es imaginable desde una escuela prestigiosa y reconocida, cuyos docentes y comunidades sean respetados.

Lejos de eso, la LUC somete a la educación pública al riesgo del desprestigio cuando dispone que, para ejercer como maestro, no se requiere titulación, o que para dirigir la educación no se necesita ser educador; cuando se puede acceder a un cargo por afinidad; cuando los proyectos más apreciados se diluyen y el presupuesto se recorta; cuando la autonomía se somete a las directivas de un ministro o los consejos de integración plural se suprimen; cuando la educación del pueblo se cercena y se instala la educación del gobierno.

Héctor Florit es maestro y fue consejero de Educación Inicial y Primaria.