La tranca, tranca: ¿cuál es el argumento para priorizar el encierro?

“Abordaremos con urgencia los graves problemas del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] y de Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente], para evitar que los derechos de nuestros niños y adolescentes sean vulnerados por el propio Estado”. Eso dice en la página 22 el programa del Partido Nacional.

En el primer semestre de 2021 las horas de encierro diarias en varios centros llegaron a 20 y las horas socioeducativas rondaban las 0,3. En algunos casos las horas de encierro no sólo empeoraron en comparación con 2019, sino con 2020. El mismo gobierno fue de mal en peor.

Esto no es casual; es un modelo represivo útil a un cambio de paradigma en el relacionamiento de la sociedad con el poder, entre clases y entre generaciones. El poder punitivo sólo debería ejercerse para proteger los derechos frente a ataques graves, ya que lo contrario es un ejercicio abusivo del poder.

¿Qué derechos se protegen encerrando 20 horas a un joven en una celda? No existe evidencia que demuestre que el aumento de penas deriva en una baja de los delitos. Se ha repetido hasta el hartazgo: sociólogos, expertas en criminología, operadores del sistema, todos aseguran que el sistema penal tiene que ser lo último del control social e interviene cuando fracasa todo el resto del Estado. Cuando fracasa la convivencia basada en la integración social, cuando fracasa la inclusión social y educativa, cuando fracasa la distribución equitativa del ingreso, cuando fracasan las políticas sociales. Cuando nada funcionó, aparece el único instrumento de control restante: la dominación desde la pena. Pero la pena no es la medicina de los problemas sociales. Y por eso no se diluyen dentro de los centros de privación de libertad y por eso no desaparecen en el mundo social, a pesar de que el chiquilín o la chiquilina esté encerrada 20 horas.

Con la vigencia de la ley de urgente consideración (LUC) podés entrar con 13 años y salir con 23 años, sin conocer un liceo, sin manipular una llave, sin tener amigos o amigas que no estén privados de libertad, con un desarrollo de la sexualidad entre rejas, en soledad. En definitiva, eso es la marca de la reja. Una vida entera signada por un pasaje por la privación de libertad desde el momento vital de la adolescencia, cuando se desarrolla la personalidad y se adquieren las destrezas para el mundo adulto.

Recuerdo que en las iniciales discusiones de los artículos que modificaban el Código de la Niñez y la Adolescencia había cierta esperanza de que no se violara el principio de no regresividad en materia de derechos. Finalmente, no sólo retrocedimos sino que también violamos el principio de durabilidad sobre la privación de libertad en adolescentes. Los adolescentes son sujetos a quienes no se les reconoce plenamente sus derechos ciudadanos, o sea, no toman decisiones sobre quienes los gobiernan y deciden sobre su vida, pero se toman decisiones hacia ellos como si tuvieran esa capacidad.

Los muros, los alambrados y las rejas son el mundo propio de las y los adolescentes privados de libertad; lo que define su vida es la separación. Se constituye en su registro una autoridad única, a diferencia de las autoridades graduales que existen en sociedad, entonces la vida se vuelve blanco o negro.

Uno de los problemas de la privación de libertad es que es infinanciable, lo que termina generando graves problemas en las condiciones de vida. A fines del año pasado vinieron al Parlamento las autoridades del Inisa y las pocas respuestas que llegaron a dar no presentaron un panorama alentador. La realidad del Inisa hoy es peor que cuando empezó este gobierno, no se proyectan mejoras pero sí más chiquilines presos y por más tiempo. Yo no sé si es que no tienen capacidades para la gestión pública o si es que quieren que los gurises sufran la penitencia social por su pobreza.

Según la Ley 18.437, artículo 2: “Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna”. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, y de este modo el Estado debe garantizarlo, considerando la existencia de diversos escenarios y problemáticas de los sujetos.

El Inisa de este gobierno no tomó ninguna medida para que los gurises pudieran estudiar a pesar de la pandemia. Uruguay no fue noticia por implementar ninguna idea innovadora de nada. En 2020 la educación pasó a la modalidad virtual pero nadie se acordó de que la mayoría de los y las adolescentes del Inisa no tienen ceibalita, y el gobierno negó la compra de tablets. Los pocos que tuvieron acceso con las que había lo hicieron con grandes dificultades porque, además, la calidad de internet es lamentable. En la educación formal los adolescentes cursan una materia de secundaria por año o a veces ni siquiera una materia, como el caso del Centro Las Piedras.

¿Qué hizo este gobierno para asegurar el derecho a la educación?

Diez años de privación de libertad puede tener hoy, con la LUC, un chiquilín. Diez años de 20 horas de encierro y de pelear por una tablet para estudiar. En Uruguay 8% de los delitos son cometidos por adolescentes, ¿qué problema de seguridad están atacando con la ampliación de penas para los adolescentes?

Micaela Melgar es diputada suplente del Partido Comunista, Frente Amplio.