De la seguridad a la convivencia

Las sociedades contemporáneas, y la uruguaya en particular, están conmocionadas por el tema de la seguridad. En la actualidad han emergido con fuerza creciente un conjunto de comportamientos violentos que desencadenan la conformación de este escenario conmocionado.

Por un lado, hay que registrar la presencia altamente perturbadora del narcotráfico. Como es sabido, se trata de un proceso sumamente violento que involucra a un numeroso conjunto de personas: los responsables de la producción, la distribución mayorista y la distribución minorista que se constituye en una extendida red en el tejido social, por lo general protagonizada por los propios adictos.

Es este factor algo novedoso en nuestra sociedad, pero lo más complejo es que involucra muy distintos actores y a su vez se trata de una alternativa de vida (y de muerte) con acceso rápido a importante cantidad de dinero. También se vincula con otro tipo de delitos a los que se asocia como la vía para el logro del narcotráfico.

Un segundo factor social, que no es nuevo pero sí emergente, es la violencia de género.

En ello convergen a su vez varias causalidades. Por un lado, el mayor empoderamiento de las mujeres producto de los avances emancipatorios con respecto a la histórica desigualdad, lo que ha precipitado una fuerte crisis de la condición masculina que se expresa en violencia física o simbólica hacia la mujer. A ello hay que agregar que la sociedad ha asumido conciencia de ello y, por lo tanto, hoy la violencia de género se hace mucho más visible y objeto de repudio.

En tercer término, es factible señalar los tradicionales y conocidos factores de la criminalidad entre los que se destacan el ataque a la propiedad privada u otro tipo de acciones delictivas personales.

Este cuadro es el que ofrece el disparador de las cifras delictivas y, en consecuencia, lo que alimenta la sensación negativa de inseguridad.

La significación de todo ello visto en términos comparativos nos sitúa como país en un buen posicionamiento en comparación con la región latinoamericana, pero muy por debajo de los países denominados desarrollados. He ahí el vaso medio vacío y medio lleno.

Más allá de magnificar el fenómeno o de tratar de negarlo, de lo que se trata es de intentar comprenderlo para su erradicación. Queda absolutamente claro que la sociedad uruguaya no estaba preparada para enfrentar las negativas consecuencias de este escenario, por lo tanto se trata de encarar una estrategia al respecto.

Situados en este punto, la experiencia reciente indica varios rumbos anotados claramente inconducentes. Uno de ellos es el clamor represivo en cuanto a incrementar penas, crear nuevos delitos, involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen, cadena perpetua, etcétera. La experiencia indica que este camino, además de ser poco respetuoso de la condición humana, ha demostrado ser ineficaz.

En el otro extremo con frecuencia se escucha una perspectiva enfáticamente garantista a la que solamente le preocupa el efectivo funcionamiento de los derechos, sin advertir los peligros que ello implica si es la única forma de encarar el tema. Complementariamente se suele justificar esta nueva realidad en la estructura social existente, atravesada por desigualdades inaceptables que conducen a los comportamientos delictivos.

Los componentes de una estrategia integral

Este problema no puede tener un abordaje único. Se trata de conformar una estrategia integral que sepa combinar un conjunto de intervenciones y que pueda encarar adecuadamente la prevención, la disuasión y la represión de todos los comportamientos delictivos.

Esa estrategia debe incorporar, por lo menos, los siguientes factores:

1. La adecuación y reestructura de los distintos cuerpos represivos del Estado para convertirlos en útiles para la nueva función. Política de reclutamiento del personal, formación profesional, armamento adecuado, organización operativa, inteligencia aplicada, tecnología, entre otros. La vieja policía conocida por la sociedad uruguaya no se corresponde con esta nueva realidad, y además enfrenta el reto de ganarse la confianza del común de la gente luego de lo que fuera el triste papel represor que jugó en la época de la dictadura.

2. Reformulación de la propia administración de justicia tanto en lo referido a la tipificación de los delitos como al abordaje de los procedimientos penales para su investigación y sanción. Hay aquí una tarea de adecuación de marcos normativos, pero también de mentalizar a los principales protagonistas de la administración de justicia en las nuevas características de la delincuencia conjuntamente con los distintos procedimientos que ello implica. Adicionalmente es indispensable una aceitada coordinación entre jueces, fiscales y policías, que permita actuar sincronizadamente.

3. El contexto social. En esto lo que en primer término surge es la necesidad de mejorar el acceso al empleo y las características de este. Complementariamente, las políticas sociales pueden y deben jugar un papel crucial a nivel del territorio para comenzar a consolidar escenarios locales alternativos al horizonte delictivo.

4. La rehabilitación. Este es un factor clave que apunta a eliminar la reincidencia. La ineficacia actual del encierro lo convierte en un paréntesis en la trayectoria delictiva. La filosofía de la rehabilitación supone un difícil equilibrio entre la protección de la sociedad, aislando a quienes atentan contra ella, pero implementando un riguroso proceso de rehabilitación. Cárceles con mucho trabajo y estudio, y otros abordajes psicológicos necesarios, componen los aspectos sustanciales de una reclusión rehabilitadora hacia una perspectiva de inserción social efectiva.

5. Participación social. La sociedad no puede ser una espectadora en el abordaje de la violencia criminal. Es indispensable la conformación de espacios de encuentro entre la comunidad a escala barrial con todas las instancias estatales que operen. En estos espacios de diálogo y encuentro también tienen que estar los fiscales, representantes del Ministerio Público que en la actualidad, con el nuevo Código de Proceso Penal, cumplen una función muy relevante en la investigación de los delitos. El diálogo permanente entre la comunidad y las distintas expresiones del Estado, muy especialmente la Policía, es fundamental para construir confianza mutua. Con ello es posible comprender mejor por parte de los servicios de seguridad las realidades locales y barriales de la delincuencia y, sobre todo, escuchar los reclamos y opiniones de la comunidad.

6. La batalla por la opinión pública. Todo lo anterior no sirve de mucho si no se toma conciencia de las grandes patologías sociales y culturales que caracterizan a la cultura hegemónica del capitalismo contemporáneo. Las adicciones, el consumo irrefrenable, el dinero como medida de la esencia humana, el egoísmo y el individualismo, el placer inmediato como proyecto de vida, son algunos de los alicientes más fuertes que están operando en la promoción a la delincuencia. Señalarlos y convocar a la discusión colectiva para poder ir imaginando y conformando una convivencia distinta que celebre la vida, en lugar de arriesgarla por un puñado de dinero, es una tarea ineludible.

Muchas de las cosas aquí mencionadas se han hecho en el pasado reciente con diversos niveles de avance. La derecha política solamente reclama castigos y represión, jugando muchas veces con el dolor de las víctimas y su deseo de justicia y reparación.

Tal vez una de las cosas que están más atrasadas en la temática es la participación social y su involucramiento concreto. Ha habido intentos, pero no se han sostenido. Mientras ello no ocurra la acción estatal, además de descoordinada, continuará dando respuestas a ciegas y para la tribuna, con una débil influencia en la prevención y disuasión.

Álvaro Portillo es integrante del Movimiento Alternativa Socialista-959.