La impugnación de dos artículos de la ley de urgente consideración (LUC) relacionados con las adopciones y las recientes declaraciones del presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) celebrando el aumento histórico de estas en 2021 vuelven a poner en el tapete algunas discusiones que ocultan otras que hacen al fondo de la cuestión, un fondo difícil de entender en su complejidad y para el cual no hay una solución ideal.

En nuestra sociedad hay un relato instalado que podemos resumir más o menos así: hay niños y niñas que nacen en hogares que no pueden darles oportunidades dignas para vivir, y hay familias que pueden adoptarlos y asegurarles una buena educación y un buen futuro. Es necesario que los procedimientos se realicen en el menor tiempo posible, para que esas familias se hagan cargo de esos niños y niñas cuanto antes; lamentablemente, hay toda una burocracia vinculada al INAU que entorpece, y esto lleva a excesivas demoras. Lo más importante es que haya adultos que amen a esos niños y les den el bienestar que se merecen. El Estado sólo tiene que dar las garantías para que ello ocurra.

Poner el acento en el INAU o el Poder Judicial, en los tiempos que se demora o en los plazos legales impide entender que la adopción es un recurso excepcional para un número reducido de niños y niñas que son parte de familias que no pueden cuidarlos, así como reconocer que muchos de ellos no llenan las expectativas de las personas que quieren adoptar, cuyas preferencias son los niños y las niñas con algunos meses de vida y sin problemas de salud.

En 1980 se firmó el primer convenio de La Haya que estableció un marco de regulación para la adopción internacional, a pesar de lo cual sigue habiendo un gran negocio en las adopciones, sobre todo en países de África, Asia y Europa del Este. Varias personalidades de la música y el cine son un ejemplo de estas situaciones, y con la difusión de sus adopciones se ha querido promover esta idea de que si hay personas que tienen una buena situación económica, pueden hacer una “buena obra” a través de la adopción de niños y niñas de países con situaciones muy complejas e injustas.

Entre los puntos interesantes de ese convenio estuvo el acuerdo de no esconder el origen, buscar el relacionamiento entre los padres biológicos y los adoptivos e incluso dar la posibilidad de que los padres biológicos (generalmente las madres) puedan elegir la pareja adoptiva, si tomó la decisión de no criar a ese hijo.

Por otra parte, se estableció la responsabilidad de los estados y se reguló el funcionamiento de las agencias privadas que facilitan la adopción internacional con el fin de impedir el tráfico de niños y niñas, objetivo que no se ha alcanzado.

Progresivamente, en varios países se fue dando una mayor apertura hacia la adopción por parte de parejas del mismo sexo, o bien por una sola persona. Estos cambios han ido de la mano de transformaciones profundas en torno a lo familiar, y se han instalado distintos modos de vivir en familia y de resolver si gestar o no hijos propios.

El criterio fundamental es que la adopción debe aplicarse con base en el derecho que todo niño y toda niña tiene de vivir en una familia en la que sea querido, escuchado, educado, alimentado, atendido en sus intereses y su desarrollo. No hay un derecho adulto de adoptar; por lo tanto, los estados son los principales responsables de que la integración adoptiva se dé luego de un proceso de selección y tenga el acompañamiento de equipos especializados.

Consuelo para adultos y socorro para niños pobres

Buena parte de los conflictos y los duelos profundos que están presentes en la mayoría de las adopciones se resume en la impotencia y el sufrimiento de una pareja que no puede tener hijos y el dolor de una madre que no puede hacerse cargo de su hijo. A ello hay que agregar la angustia de esos niños y esas niñas, que de algún modo se preguntan por qué fueron abandonados.

En los alrededores de esta terna básica (madre, adoptantes, niño o niña) están las familias de una y otra parte, vecinos, amigos y las instituciones públicas intervinientes. En el caso uruguayo, fundamentalmente el Poder Judicial y el INAU, que a su vez deben regirse por la normativa internacional y nacional a la hora de realizar procedimientos y tomar decisiones.

A su vez, todos ellos y todos nosotros tenemos ciertos valores, conceptos, prejuicios, sentimientos que nos mueven en torno a las adopciones, uno de los temas más recurrentes en la sociedad uruguaya en lo que hace a la infancia y la adolescencia.

En ese entramado, se entretejen al menos dos perspectivas:

a) la que se relaciona con las clases sociales, las desigualdades desde el origen respecto de las posibilidades de gestar y criar hijos en buenas condiciones;

b) la que se relaciona con la solidaridad social, el apoyo, el compromiso con aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad y ponen en riesgo el desarrollo de sus hijos.

Ambas concepciones no son excluyentes, pero hemos construido una imagen idealizada de las adopciones, que no deja espacio para los dolores, las angustias, los fracasos, las impotencias, las desigualdades sociales, que también son parte de estas.

Frecuentemente aparece la oposición entre la “mala madre” que abandona y la “buena madre” que surge a partir de la adopción. Los varones quedan invisibilizados o en un segundo o tercer plano. Esa madre “abandónica” es la que muchas veces tiene que resolver sola ante un embarazo no deseado, sin una pareja que la acompañe en las decisiones. Dice Eva Giberti1 que usar el concepto de abandono es “un ataque moral hacia la mujer que no responde a la figura convencional, tradicional e impuesta de la maternidad”. Y esta mirada negativa hacia su madre, de una u otra manera, le va a llegar como mensaje al niño adoptado.

Un enfoque diferente se propone cuando se puede comprender a la mujer que, consciente de no estar en condiciones de darle a su hijo lo que precisa, de no tener el apoyo de una pareja ni de una familia, toma la decisión de “delegar la maternidad” para abrirle la oportunidad de un mejor crecimiento y desarrollo.

En Uruguay, como en otros lados, era frecuente que en las maternidades de los hospitales se arreglara la entrega de niños, con dinero a cambio. También que la adopción se formalizara ante un escribano y luego se validara en el juzgado. También que un varón adulto reconociera a un niño como su hijo (de común acuerdo con su esposa) para evitarse el procedimiento adoptivo. Y habitualmente había dinero de por medio.

El Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004, así como las modificaciones posteriores de 2009 y 2013, avanzaron en dar las mayores garantías posibles para niñas y niños, y ajustaron el marco normativo y los tiempos de internación en un hogar institucional, así como eliminaron la adopción de “primera” y la adopción de “segunda” (legitimación adoptiva) para tener la adopción plena.

No son leyes todo lo que reluce

Este marco de garantías, si bien mostró avances, no cambió sustancialmente la imagen predominante resumida al principio, y esto tiene que ver con los errores que se cometen al querer identificar los problemas, buscando soluciones que no lo son. El error más importante es creer que las modificaciones legales solucionarán situaciones que están profundamente relacionadas con aspectos afectivos, vinculares y sociales mucho más complejos.

La LUC retrocede varios casilleros al darle al Poder Judicial la posibilidad de resolver adopciones sin el trabajo de los equipos del INAU.

Este es el camino reiterado con la LUC, que vende espejitos de colores haciendo creer que se agiliza la adopción por fijar un plazo de 18 meses para la selección de los adultos que quieren adoptar y habilita la decisión judicial de adopción sin intervención del INAU. ¿Por qué vende espejitos de colores? Porque da a entender que se adoptará más rápido a los niños, pero en realidad lo que hace es resolver más rápido si los adultos están o no en condiciones de adoptar. Desde ahí hasta que efectivamente adopten es imposible saber cuánto tiempo transcurrirá, salvo que se vuelvan a recorrer otras vías ocultas...

Por otra parte, la LUC retrocede varios casilleros al darle al Poder Judicial la posibilidad de resolver adopciones sin el trabajo de los equipos del INAU. Por lo tanto, la orientación garantista de las reformas anteriores se debilita, ya que el trabajo profesional de gente especializada en el tema puede ser sustituido por el buen criterio que aplique el juez o las opiniones profesionales de otros técnicos no especializados. ¿Estaría bien que un juez dictara sentencia sobre la pertinencia de un tratamiento médico costoso sin asesoramiento especializado? ¿O sobre una denuncia de mala praxis? ¿Y si se trata de un negociado multimillonario entre empresas? ¿O de delitos informáticos?

Habrá quienes piensen que para combatir la “tecnoburocracia del INAU” no es necesario que los adultos pasen por un proceso de selección, ni que sean evaluados por diversos técnicos, ni que sean aprobados como aptos para la adopción; tampoco que sean acompañados en el proceso de integración y que tengan profesionales con los que construyen un vínculo de cierta confianza, a quienes pueden seguir consultando una vez que adoptan. Es posible que crean que no es necesario que se conozca la historia de esos niños y niñas, ni que tengan las garantías para informarse sobre sus orígenes cuando quieran hacerlo, o que se apoye el vínculo con aquellos familiares que pueden ser referentes afectivos, que no se borre su identidad. Esto nos lleva a volver al secretismo.

Según Pablo Abdala, presidente del INAU,2 en 2021 se logró un récord de adopciones gracias a la LUC, ya que se llegó a 125. Al desagregar este número, 106 corresponden a procesos realizados por el INAU y 19 por juzgados. El INAU había llegado a 110 integraciones adoptivas en 2019 y a 106 en 2020, o sea que el resultado está dentro de lo habitual. Lo que hace la diferencia son esos 19 casos resueltos directamente en los juzgados, de los que sería muy bueno que el INAU tuviera toda la información y analicara las situaciones, para dar todas las garantías necesarias. Es su responsabilidad, como organismo rector de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En la misma nota, la directora del INAU, Natalia Argenzio, da cuenta de que hay 430 niños, niñas y adolescentes que tienen la posibilidad de ser adoptados sin que ello se concrete debido a problemas de salud, a que son grupos de hermanos o a que hay reclamos de su familia de origen. La mayoría de ellos tienen entre ocho y 17 años de edad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que quieren adoptar prefieren a niños o niñas de corta edad (hasta dos años) y que no tengan problemas de salud y coincidan con su identidad étnico-racial.

Uruguay tiene una drástica reducción de sus nacimientos,3 que pasaron de casi 49.000 en 2015 a cerca de 36.000 en 2020, o sea, 13.000 nacimientos menos. Esto me hace pensar que se mantendrá más o menos constante la demanda de los adultos, pero habrá cada vez menos niños adoptables.

El camino ¿lento? para adoptar

La legislación uruguaya prevé una serie de etapas para la selección de las familias adoptivas, así como para definir si lo mejor para un niño o una niña es pasar a la adopción. Son dos procesos diferentes, que se relacionan en su resultado final. Sin duda que la revisión de estas etapas debe ser una constante, así como la búsqueda de mejorar y acortar tiempos, pero sin perder los requisitos básicos. Y esto vale tanto para el INAU como para el Poder Judicial.

El proceso de selección de las familias adoptivas tiene algunos requisitos formales, pero fundamentalmente se trata de profundizar sobre las motivaciones, las expectativas, las frustraciones, los duelos que se ponen en juego al tomar una decisión. Algunos llegan al momento muy seguros y se les plantean dudas a lo largo del tiempo; otros llegan con dudas y van clarificando sus opciones. En la mayoría de los casos son parejas, y puede ocurrir que el grado de convencimiento sea diferente, y se generan espacios de diálogo y reflexión antes inexistentes. Este es un tiempo necesario, en que un equipo técnico con formación y experiencia acompaña, orienta, cuestiona, apoya para llegar a la mejor decisión posible. Se combinan tiempos exclusivos con la participación en talleres y ámbitos colectivos en que se producen ricos intercambios con otros que también quieren adoptar. ¿Cuál es el tiempo adecuado? El que precisen quienes quieren adoptar para llegar a una decisión convencidos y dispuestos a recibir a una niña o un niño concreto, con su vida, su historia, sus rasgos físicos, sus sentimientos. Alguien que será más o menos cercano a esa persona “ideal” y deseada. Alguien que, más que llenar un vacío del pasado, será coautor de un futuro por construir.

El proceso para decidir la condición de adoptabilidad de un niño o una niña combina la valoración psicológica y social de la familia de origen con el proceso individual, las posibilidades para su desarrollo y las eventuales alteraciones que puedan surgir. Habrá que responder a la pregunta: si sigue en su familia de origen, ¿alguien le podrá dar el afecto y las condiciones para crecer saludablemente?

Será un juez quien tomará la decisión final sobre la condición de adoptabilidad, basándose en la información aportada por el INAU y en su propia valoración de la situación familiar. En la mayoría de los casos, es una de las decisiones más difíciles de tomar: ¿quién puede tener la certeza de que lo mejor es cambiar la filiación de origen e iniciar una nueva vida en otra familia? De ahí la importancia de la especialización, así como de la discusión y el análisis colectivos de los casos, su aprobación por el directorio del INAU y la resolución en un juzgado.

La mayoría de quienes han adoptado se sienten felices de haberlo hecho, viviendo con alegrías y temores los procesos de crianza y aprendizaje, para los que hay orientaciones, pero no hay recetas.

El encuentro anual que solía organizar el INAU con la Asociación de Padres Adoptantes era un maravilloso espacio de intercambio de experiencias e incertidumbres, lleno de anécdotas y de historias emocionantes, con espacios para la fiesta y el juego. No se trataba sólo del vínculo que se generaba entre los adoptantes y los técnicos, sino de lo que pasaba con las familias entre sí, constructoras de trayectorias de vida que les abrieron oportunidades a niños y niñas en situaciones difíciles y que cambiaron sustancialmente la vida de esos adultos.

Se podría decir que el nacimiento de un hijo o una hija siempre implica una adopción. Porque como madres y padres, esperamos un hijo “ideal”, que cuando nace se transforma en un ser concreto y con quien hay un mutuo aprendizaje en la construcción de una identidad, de una persona distinta a todas las demás.

Cuando, por distintas razones, este proceso no se da o fracasa, es muy importante que en el menor tiempo posible haya otros adultos disponibles afectiva y materialmente que den las seguridades básicas necesarias para el crecimiento y la integración social. Así también, niñas y niños nos van adoptando como sus personas queridas, imprescindibles, más allá de lo biológico. Con sus lados oscuros y sus lados luminosos.

Jorge Ferrando es psicólogo e integró el directorio del INAU de 2007 a 2015.


  1. Psicóloga y docente argentina con varios libros y trabajos publicados sobre familias y adopciones. Recomiendo especialmente un libro de producción colectiva, Desvínculo-adopción. Una mirada integradora, publicado en 2012 por Iniciativas Sanitarias, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es la producción uruguaya más interesante y profunda que conozco sobre adopciones. 

  2. Hubo declaraciones a varios medios, tomaré como referencia el artículo de El Observador del 10 de febrero de 2022. 

  3. En “Reflexiones a partir de la campaña de Familias Amigas” (la diaria, 11 de octubre de 2021) profundizo sobre la situación en los hogares del INAU y el acogimiento familiar, así como en las transformaciones que están ocurriendo en las familias uruguayas.