Cuando nos referimos al espacio público, es ineludible aludir a su uso político y al entramado de relaciones de poder que en él se concretan. Desde los feminismos hacemos referencia a estas relaciones asimétricas como coloniales y patriarcales al denunciar las opresiones y violencias de género que se materializan en nuestros cuerpos a diario, al transitar por nuestros barrios. Estas experiencias explícitas de múltiples violencias que acumulamos en nuestras historias no emergen solamente del contacto con un varón que nos acosa en la calle a plena luz del día, o en el miedo al transitar la ciudad a oscuras o en el alivio sufriente del mensaje “Ya llegué” de una amiga, una hermana o una hija. Es el sistema todo el que reproduce esas lógicas opresivas y que intrínsecamente diseña su perpetuidad temporal y espacial en el surgimiento de cada nuevo fragmento de ciudad, en la ampliación de cada territorio poblado que nace como una ocupación material, política y cultural de ese espacio otrora público.

Esta lógica de ocupación y de gestión de los territorios se realiza a través de regímenes que tienden a la privatización para el control territorial con el propósito único de la reproducción ampliada del capital. El mercado financiero, en el cual está sumergida la “emergencia de la vivienda”, no tiene vínculos con las dinámicas territoriales, con las formas de vida que en él se desarrollan y que, sin embargo, en diferido y a veces a miles de kilómetros de distancia, controla, decide y somete su destino a través de la permanente obtención de renta del suelo urbano y rural.

Las formas de organización de los centros poblados son muestra de una imposición cultural que además de capitalista es profundamente patriarcal y colonial. La financiarización de la vivienda, su conversión en un activo financiero como ámbito de inversión y plausible especulación, son tributarios de unas lógicas de privatización, gentrificación y exclusión a las que esta necesidad básica y fundamental se encuentra sometida. En este sometimiento, las potenciales crisis financieras hipotecarias, no como fenómenos concretos sino como procesos situados en los que el capital especula y se reproduce con vehemencia, nos toman de rehenes sacándonos todo lo que pueden, exprimiéndonos hasta la dignidad.

La vivienda, el hogar, el espacio donde concretar la reproducción social de la vida, el crecimiento de nuestros hijos e hijas, nuestro envejecer, el tránsito de enfermedades, la protección del mundo exterior, dejó de ser un derecho fundamental. La vivienda, bajo las directrices de las instituciones financieras internacionales y desde el Consenso de Washington (sino antes) se ha consolidado con firmeza en otro activo financiero. Los programas de vivienda social desarrollados en múltiples países, incluso en el nuestro durante los gobiernos progresistas, tampoco escaparon a la lógica mercadocéntrica y especulativa, de convertir la vivienda en una mercancía. El acceso a ella, vía crédito inmobiliario o hipotecario, a pesar del subsidio que se haya podido percibir, no se da mediante políticas incluyentes, no así con las poblaciones oprimidas sobre quienes recae con violencia todo el peso del sistema de acumulación clasista, racista y machista.

De este modo se fortalece la mecánica del alquiler; pagar para poder concretar espacialmente la vida. El arrendamiento funciona como otro frente de financiarización de la vivienda para agentes inmobiliarios, gestores, grandes corporaciones, magnates, oligarcas y propietarios. La rentabilidad es el motor que lleva a la explotación espacial de cada centímetro de suelo, para quienes en el regocijo se enriquecen día a día a costa de la vida de las/es/os más desprotegidas/es/os. El tiempo de alquiler, así como el de desalojo y el interín cuando el inmueble está deshabitado, se convierte también en un nicho posible de acumulación y el mercado lo sabe, los poderosos especuladores, también. La ley de urgente consideración (LUC), esta ley ómnibus que en su totalidad es arrolladoramente benefactora de los más privilegiados, también focaliza en esta posibilidad de acumulación; los ricos sólo gobiernan para los ricos.

Entre los 135 artículos que tenemos que derogar, bajo el título “Normativa sobre la emergencia en vivienda”, se desarrollan una serie de puntos (artículos 426 al 459) sobre los mecanismos de alquiler y desalojo que enfatizan en la premisa de la asignación de facilidades al arrendador a la hora de efectuar el desalojo rápidamente. Este tipo de desalojos exprés acorta los plazos de expulsión de quien alquila y empeora con quienes sean malos pagadores. A su vez, este arrendador no tendrá, según la LUC, que acreditar encontrarse al día en el pago de tributos nacionales o departamentales.

Ahora bien ‒puntualizando en aquellos artículos de la LUC que se van a mantener‒, se generan facilidades para la incorporación al mercado de alquiler de viviendas que no cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad. Estas normativas, que discurren en dirección contraria a lo que titula la sección, diluyen la conceptualización del acceso a la vivienda como derecho fundamental, en tanto se quita por un lado la seguridad en la permanencia mientras se favorecen los mecanismos de especulación para los propietarios. El emergente del déficit habitacional y la necesidad imperiosa de la vivienda no son tratadas en esta ley urgente, consolidándose una necropolítica en el tratamiento que hace el Estado del control y la gestión de las poblaciones y los territorios.

Los centros poblados, grandes y pequeños en condiciones de ruralidad, semi o puramente urbanos están sometidos a estas lógicas de aprovechamiento del suelo como activo financiero. El recrudecimiento de las condiciones de vida que se concretan en la imposibilidad de resolver el tópico básico de la vivienda, problemática que apremia y aprieta siempre a las mismas personas, siempre del mismo lado de la ciudad. Son los sectores más oprimidos quienes se resienten con estas prácticas monetaristas que no transitan en los mismos carriles que la necesidad y las carencias. Esta realidad cruda de nuestros barrios, las periferias que no florecieron durante la primavera de derechos, portan consistentemente cara de mujer, no solamente en el segmento de las endeudadas sino y particularmente en el de las desposeídas.

Varios autores y autoras han sintonizado en las conceptualizaciones que hace David Harvey sobre la acumulación por desposesión como la nueva modalidad de acumulación capitalista, en la cual a través de la desterritorialización de las formas de vida no rentables y la sustitución por otras de mayor rentabilidad se consolida uno de los mecanismos mediante el cual el gran capital opera en los territorios que pretende sacrificar para el goce de unos pocos. Así, estas dinámicas se multiplican a través de modelos extractivos y reprimarizadores, pero también en las periferias urbanizadas. La gentrificación es una muestra de cómo aquellas poblaciones empobrecidas que por diferentes motivos se encuentran habitando lugares céntricos de las ciudades o espacios a los que hoy se les quiere sacar provecho son perversamente desplazadas, corridas, apartadas. Unas veces, desalojadas a la fuerza, judicializadas, violentadas y estigmatizadas. Otras, silenciosamente (dinero de por medio o no) relocalizadas en otros emplazamientos, más hacia las afueras, más invisibles, menos rentables. Estos procesos no sólo tienden al aprovechamiento económico del espacio público, sino al desarraigo cultural de una población con relación a su territorio mediante la imposición de una cultura foránea que se sabrá hegemónica, más consumista, más lucrativa.

La vivienda, entonces, es un amplio campo de aplicación financiera que dinamiza las finanzas a nivel local logrando mediante esta presión especulativa un manejo de los precios que tienden al aumento, no sólo por la creación de un gran foco de inversión sino porque la competencia entre arrendatarios es cada vez más despiadada. A la vez que la normativa permite (como expresaba más arriba) la inclusión de nuevas viviendas al régimen de alquiler, lleva a un pico altísimo los niveles de rentabilidad del sector de forma inversamente proporcional a las posibilidades de satisfacción de la necesidad básica que es la vivienda.

Este tipo de medidas reaviva una lucha histórica que las clases populares venimos llevando adelante con relación al acceso a la vivienda digna, a la vez que se concreta a causa de esta nueva normativa un novel segmento de desposeídos/as/es que como puntualizaba en líneas anteriores, tendrá (sino tiene ya) una tendencia a la feminización. Es claro que el proceso de fascistización que desde las clases políticas dirigentes se viene dando tiene como blanco principal el freno de las luchas feministas que aspiran, como propósito revolucionario, al derrocamiento del sistema capitalista, colonial y patriarcal. Pero ¿cómo se conjugan todos estos elementos desarrollados?, ¿cómo es que se pueden vislumbrar en estos artículos de la LUC muestras de misoginia?

La dura realidad del mundo pobre tiene una característica que llamamos feminización de la pobreza, la cual consiste, de forma sucinta, en que los quintiles más empobrecidos tienen una conformación mayoritariamente femenina. A su vez, estos datos se vinculan directamente con los de mujeres con personas a cargo en hogares ‘monomarentales’ (comillas propias), echando en falta en este punto, a otras disidencias que aún no están contempladas en la información estadística.

En relación a lo expuesto, es preciso señalar con firmeza que estos artículos, los ciento y tantos restantes y los que se mantendrán incambiados, conllevan un yugo clasista, racista y misógino. Su gravedad no só,lo radica en la imposibilidad de la solución habitacional para los sectores oprimidos, como ya he mencionado, sino que reniega de todo el entramado de violencias intrafamiliares a las que las mujeres, personas trans, y niñeces estamos expuestas a diario, lo cual se concreta en el aumento de los casos de la violencia de género y vicaria que tiene su cara más dura en los femicidios y, con base en la argumentación anterior, también feminicidios.

En este sentido resulta menester cambiar las conceptualizaciones, explicitando desde abajo y con una perspectiva feminista de los cuidados y del sostenimiento de la vida las necesidades concretas de la vivienda. Es preciso desterrar de una vez por todas el vínculo entre las finanzas y las viviendas proponiendo maneras colectivas y solidarias de organizar no sólo el relacionamiento con los territorios en la concreción de espacios para la reproducción de la vida, sino en la socialización de los cuidados. Claro está que las políticas de vivienda no pueden quedar sometidas a la lógica financiera sino que deben hacerlo de cara a la necesidad de las poblaciones y especialmente de las de aquellas históricamente postergadas y desprotegidas.

Así como resulta urgente derogar estos y los restantes artículos de la LUC, se manifiesta indispensable el apoyo a todas las iniciativas populares que propongan experiencias colectivas, cooperativas y autogestivas para solucionar la problemática del acceso al hogar. La lucha feminista nos invita a profundizar estos reclamos no sólo por la rehabilitación de los edificios ocupados y por condiciones dignas de urbanización; sino también porque ello trae consigo la reapropiación feminista del espacio público para habitarlo y despatriarcalizarlo, concretando en él nuestro lugar de redefinición política de lo común.

Sofía Vilela es militante sindical y feminista, y profesora de Geografía.