El Programa Maestros Comunitarios (PMC) comenzó en el año 2005 en Primaria y constituyó una de las innovaciones en materia de política educativa que ha sido observada y replicada por países de la región. Es una iniciativa que se comenzó a coejecutar con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y que contó con la colaboración de Unicef.

¿Qué es una maestra comunitaria?

Una maestra comunitaria trabaja en el contraturno de su escuela. La dirección y el colectivo docente de cada escuela elige entre las maestras del centro, en función de quienes tienen mejor perfil o formación para apoyar a aquellos niños y niñas más vulnerables y a sus familias. Estas maestras conocen el barrio y a sus actores y caminan el territorio sobre el que la escuela incide.

El PMC se despliega en las escuelas urbanas más vulnerables que son de tiempo simple (cuatro horas). En particular, se trata de las escuelas que corresponden al quintil 1 y 2 del relevamiento que se hace periódicamente y que permite destinar más recursos a las que son de niveles socioeconómicos más deprimidos.

¿Qué hace una maestra comunitaria?

Una maestra comunitaria trabaja en el contraturno de las escuelas más necesitadas con algunos niños, niñas y sus familias. Son las propias educadoras las que determinan con quiénes trabajar en función de los estudiantes que necesitan mayor tiempo pedagógico, más apoyo y otras oportunidades de construir la relación con la escuela y los aprendizajes.

Trabaja en diferentes líneas de intervención que tiene el programa: la alfabetización en los hogares, grupos con las familias, integración educativa, aceleración escolar y transiciones educativas. Sin entrar en la descripción de cada una de ellas, es muy claro que apuntan a construir mejores condiciones para la educación, a reforzar los vínculos y hasta a mejorar el acceso a redes de protección social en cada territorio, con una mirada muy clara en proteger a los gurises que pueden llegar a dejar la escuela.

Al ser referencia cotidiana en la comunidad, también intervienen en la construcción y fortalecimiento de redes, brindan acceso a prestaciones y programas de protección social, colaboran con intervenciones que tienen que ver con situaciones de violencia, abuso o maltrato, entre otras.

Las evaluaciones

Desde el comienzo, el programa ha sido evaluado por diferentes actores: el propio Consejo de Educación Inicial y Primaria hace informes anuales de las actuaciones, la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Mides, la Dirección Nacional de la Infancia, Adolescencia y la Familia de dicho ministerio en colaboración con el BID también hace evaluaciones, entre otros.

A su vez, el programa ha contado con la colaboración y la asistencia técnica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, que ha aportado, sistematizado y producido con esta “nueva forma de hacer escuela”. Se trata de un acompañamiento que ha sido sistemático y a lo largo de toda la existencia del programa y que se dio también en los diferentes territorios concretos.

La pandemia, las tijeras y las decisiones

Durante la pandemia, las maestras comunitarias han sido clave. Al respecto, es importante recordar que en 2020 hasta las policlínicas cerraron en los barrios.

Recientemente, el recorte del Mides ha quitado los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (más conocidos como Socat) de los territorios, desaparecieron o disminuyeron programas que tenían que ver con la protección social en las comunidades. Las escuelas volvieron a quedar solas.

En 2021 las maestras comunitarias perdieron más salario que el resto de los trabajadores. Se tomó la decisión de que fuera una función de marzo a diciembre, en vez de comenzar en funciones en el inicio de cada año del programa al 28 de febrero siguiente. Ello significó casi dos meses de sueldo menos.

Este año se quitan funciones de maestra comunitaria. En 2018 llegaron a ser 551 maestras y ya entrado marzo de este año la Dirección General de Educación Inicial y Primaria anunció que para 2022 año serán 500 maestras. Como mínimo, cada maestra comunitaria trabaja con 25 estudiantes por año, por lo que el universo que quedaría sin atención serían al menos de 1.300 niños y niñas.

No conocemos evaluaciones nuevas que doten de sentido a estos recortes y vaciamiento de una función tan importante para niños y familias. Se trata de una decisión de política educativa arbitraria, no basada en ninguna evidencia, y que tampoco fue negociada con la Federación Uruguaya de Magisterio, que está intentando preservar este recurso tan relevante.

Quitaron a 51 maestras de las escuelas más vulnerables, que trabajaban con las niñas, niños y sus familias que vivían las situaciones más complejas en esas escuelas. En un país serio, donde importa la educación y nos lastima la desigualdad, esto debería ser un escándalo.

Pablo Caggiani es maestro, exintegrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria y actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el Frente Amplio.