En la Cámara de Representantes, los 8 de marzo o en una fecha cercana, todos los años se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. En algo que parece un gesto cordial, los varones se hacen a un lado de sus bancas y muchas legisladoras suplentes ingresan ese día, la cámara se llena de mujeres de todos los rincones del país y hasta se ven muchas jóvenes. Esa conformación de la cámara lamentablemente no suele repetirse en otras ocasiones.
Las mujeres legisladoras (titulares y suplentes) tendríamos que cuestionarnos este tipo de conmemoración, que se repite año a año en la cámara. Las mujeres rara vez somos cabeza de lista y quienes sí lo son lo logran en un ambiente sumamente hostil. Al inicio de esta legislatura las mujeres en ambas cámaras representaban 21,5% del total de las bancas. El partido con mayor representación femenina en ambas cámaras era el Frente Amplio que contribuía con más de la mitad de las mujeres parlamentarias, seguido por Cabildo Abierto, luego el Partido Colorado y finalmente el Partido Nacional.
Ese magro porcentaje de mujeres en el Parlamento es menor que la representación de mujeres en la legislatura de 2015, incluso teniendo en cuenta que en el último período se aprobó la Ley de Cuotas. Claramente esta se aplicó de una forma tan minimalista que la representación de las mujeres fue, valga la redundancia, minimalista. Esto se da porque si analizamos sólo las bancas proclamadas por la Corte Electoral la mayoría de las listas coloca a las candidatas en tercer lugar y reserva los primeros dos para los hombres. El Frente Amplio, con el mecanismo de paridad votado en su congreso, forzó que todas las listas tengan al menos un hombre y una mujer en los primeros dos lugares. El peso de esta decisión es que sin la paridad hubiesen sido electas ocho legisladoras menos.
Podríamos ampliar estos datos sobre la subrepresentación de las mujeres, no sólo en el Poder Legislativo sino también en otras áreas de gobierno. A pesar de que Uruguay fue el primer país de América Latina donde las mujeres tuvieron derecho a sufragar, en la actualidad somos el país de la región con menor presencia en cargos de representación del gobierno. Según un reporte de Inmujeres de 2021, 85% de los cargos de conducción del Poder Ejecutivo son ocupados por hombres, y en aquellos ministerios donde las planillas de funcionarios están compuestas mayoritariamente por mujeres, en los cargos de conducción no predominan las mujeres. Esto se replica en todos los niveles de gobierno. Tanto en cargos electivos como políticos, a las mujeres se les suele dar aquellos menos remunerados o menos competitivos.
A las mujeres, además de ser relegadas en cargos, también se las relega en temas. Las mujeres no llegan a ocupar cargos en áreas como seguridad, economía, defensa, industria o transporte (existen excepciones en Uruguay como lo son Azucena Berrutti, Carolina Cosse o Azucena Arbeleche, entre otras). El resto del tiempo las mujeres se ocupan de temas “blandos” o que requieren cierta “sensibilidad femenina”, como seguridad social, infancia, género, cultura, turismo, cuidados o, como pasa el 8 de marzo en la Cámara de Representantes, cuando las mujeres hablamos de las mujeres. En la Cámara de Representantes y en la de Senadores esto queda reflejado en las comisiones; se puede hacer un paneo rápido analizando el ejemplo de las comisiones de Hacienda del Senado y de Diputados, donde en la primera hay una mujer en ocho delegados y en la segunda una en 11. En cambio, en una comisión “blanda” como lo es Salud, en la Cámara de Senadores hay tres mujeres en ocho delegados y en Diputados hay tres mujeres en cinco.
Una variedad de investigaciones han concluido que la presencia de mujeres en cargos de representación política diversifica las agendas públicas y contribuye a la legislación sobre nuevos temas, además de incorporar perspectivas de género a las agendas ya existentes. que contribuyen a una mejora en las políticas públicas. Las mujeres representan la mitad de las inteligencias y de las calificaciones de la humanidad y su subrepresentación en los cargos de decisión implica una pérdida para la sociedad en su conjunto. La subrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión no permite tomar plenamente en consideración los intereses y las necesidades del conjunto de la población.
Me apena escuchar en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres cómo algunas legisladoras se hacen voceras ese día de un discurso de odio hacia los derechos adquiridos por las mujeres.
En 1992 se celebró la Cumbre de Mujeres en el Poder en Atenas. Allí se acuñó el término “democracia paritaria” para expresar el déficit que suponía que 50% de la población no participara directamente en los procesos de toma de decisiones; lamentablemente, era necesario remarcar que somos la mitad de la humanidad y no una minoría. En dicha cumbre las mujeres demostraron que el acceso de las mujeres a los mismos derechos formales que los hombres, entre ellos el derecho al voto, a presentarse a las elecciones y a presentar su candidatura a puestos elevados de la administración pública, no habían conducido a la igualdad en la práctica.
En general, en aquellos países con mayor porcentaje de mujeres en sus parlamentos y congresos posterior a la cumbre de Atenas empezaron a utilizar alguna ley de cuotas y finalmente, en la década de los 2000, algún mecanismo de paridad. Tenemos que entender que las cuotas son una compensación a una falta visible, son una vía rápida para aumentar la participación de las mujeres, pero suelen encontrar un “techo” de participación; en cambio, la paridad es un principio democrático. La paridad busca la igualdad de resultados y es permanente. Un informe elaborado por ONU Mujeres en 2018 indica que 72% de los uruguayos están de acuerdo con una ley de paridad.
Teniendo todos estos datos presentes y sabiendo que estoy haciendo mención a temas que están en el foco de las mujeres políticas desde hace más años de los que yo existo en este mundo, me apena escuchar en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres cómo algunas legisladoras se hacen voceras ese día de un discurso de odio hacia los derechos adquiridos por las mujeres y en contra de una supuesta “ideología de género”. Todas sabemos lo difícil que es ingresar y mantenerse en la política partidaria, y a pesar de lo impactante de los datos de representación de las mujeres en política, en su condición de suplentes deciden expresar que hay mujeres que llegan por sus propios medios a esos lugares y que las leyes de cuota son un “acomodo político”. Las mujeres que odian a las mujeres dicen también que “nos matan por amor” o alientan a sus hijos a filmar encuentros sexuales. Es en estas cámaras que se va a tratar la ley de paridad. Es con esta conformación, con una magra representación de las mujeres y en un contexto en que el discurso de odio hacia las mujeres incluso resuena en nuestras colegas, que vamos a tener que negociar para que las mujeres tengamos mayor representatividad en la democracia.
No parece un panorama alentador; sin embargo, como mujer política y feminista, sé que nosotras hemos podido hacer lo imposible realidad.
Martina Casás es diputada suplente de Fuerza Renovadora. Forma parte de la Bancada Bicameral Femenina.