Nuestro país transita una angustiante ola de violencia criminal. Superada la restricción en las interacciones sociales que supuso la pandemia, el alivio en las cifras de delitos que monitorea el Ministerio del Interior y que el gobierno exhibía como un logro se ha disipado completamente.

El caso de los homicidios rompe los ojos. Es un delito al que hay que prestarle especial atención no sólo por el tipo de daño que provoca, sino porque su evolución se toma como un dato de referencia para evaluar la criminalidad en general. En parte este carácter de referencia se debe a que se trata de una cifra que no depende del recuento de denuncias, la cual puede verse afectada por distintos factores, incluyendo las dificultades para concretar la denuncia o la desconfianza de la población en que ella servirá para esclarecer la situación o reparar el daño.

Ya con los datos del último trimestre de 2021 alertábamos que los descensos se diluían y la tendencia retomaba el alza alcanzando los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, el gobierno, obnubilado por su relato y por la necesidad de enfrentar la instancia de referéndum, repetía sin cesar que transitábamos una baja consistente y que ella se explicaba por las políticas implementadas, en especial la ley de urgente consideración (LUC). En ese contexto, imbuido de un espíritu triunfalista y autocomplaciente, el ministro Luis Alberto Heber profería la hoy tristemente célebre frase: “Volvieron las carteras al barrio”. Sin embargo, la gente en los barrios decía otra cosa. Las voces de los vecinos de Lezica y Paso Carrasco fueron contundentes: escasa presencia policial, incremento de las rapiñas y la violencia en general, necesidad de ser escuchados por un gobierno que ha dejado de dar la cara ante las dificultades.

Culminado el primer trimestre de 2022, con la emergencia sanitaria finalizando y la LUC en plena vigencia, los medios especializados informan que entre enero y marzo se registró un incremento de 40% en los homicidios (pasamos de 70 en igual período de 2021 a 96 este año). Pero no se trata sólo de la cantidad. El tipo de violencia que se viene registrando resulta especialmente impactante y nos tiene a todos conmovidos. La reiteración del crimen contra niños y niñas o en su presencia, así como la aparición de cuerpos desmembrados, son hechos que marcan una agudización del fenómeno que trasciende el plano estadístico.

En el debate presidencial de 2019, el entonces candidato Luis Lacalle Pou sentenciaba lo siguiente: “¿Saben cómo se recupera la convivencia? Con autoridad. Con un gobierno, un presidente que se haga cargo. Tenemos récord de excusas”. Y sobre esto anticipaba: “Tenemos que declarar la emergencia en seguridad pública. Los uruguayos están clamando por un gobierno que diga que la seguridad es un tema del presidente de la República, el ministro y toda la jerarquía policial, y estoy convencido de que vamos a poder mejorar la vida en paz de los uruguayos”.

Hoy, ante las evidentes dificultades, el tema ya no es invocado con la misma prioridad. Aquel presidente que se iba a hacer cargo, ¿dónde está hoy ante el horror de 11 personas asesinadas en la primera semana de mayo?

El eje seguridad fue clave durante la campaña electoral y los primeros meses del gobierno. La idea giraba en torno a que ahora se ejercería con firmeza una autoridad que, según ellos, se había debilitado. Anunciaban que se respaldaría a la Policía y se enfrentaría a la delincuencia con convicción. Frases que suenan muy bien, pero que carecen de un sustento real si no se acompañan de medidas, planes, metas y dotación adecuada de recursos presupuestales. Sucedió lo que era esperable: los discursos altisonantes no fueron suficientes para cambiar la realidad. Y hoy, ante las evidentes dificultades, el tema ya no es invocado con la misma prioridad. Aquel presidente que se iba a hacer cargo, ¿dónde está hoy ante el horror de 11 personas asesinadas en la primera semana de mayo?

La ausencia de políticas rompe los ojos. ¿Cuál es el equivalente del actual gobierno al Programa de Alta Dedicación Operativa? ¿Qué estrategias se están implementado para coordinar el despliegue policial y adaptarlo a la dinámica constantemente cambiante del delito? ¿Qué lugar tiene la producción y análisis de información georreferenciada? ¿Con qué agencias internacionales o centros de pensamiento está dialogando el gobierno? ¿Cómo están diseñando los planes de formación policial? ¿Qué tipo de perfiles profesionales se están captando para renovar los cuerpos policiales? ¿Qué mecanismos de control de irregularidades internas se están aplicando? Nada de esto puede ser respondido dado que la gestión de la seguridad pública se mueve a base de impulsos voluntaristas.

La contracara de la represión del delito es la ejecución de las medidas dispuestas por la Justicia penal, especialmente con la finalidad de interrumpir las trayectorias delictivas de los penados favoreciendo su participación pacífica en la vida social y recuperando el goce de su derecho al estudio y el trabajo. Allí el panorama es igualmente crítico. A pesar de que se ha venido aplicando lo que definen como “plan dignidad”, 2021 nos deja un récord de muertes de personas bajo custodia estatal, un tercio de las cuales eran claramente evitables. El estallido en las cárceles de hoy será la agudización del conflicto y la violencia social del mañana, sobre todo teniendo en cuenta que el encarcelamiento extendido es el tipo de medida privilegiada por la LUC, aun con delitos sin uso de la violencia como el microtráfico de drogas. Fueron múltiples las advertencias de que el gobierno recibió sobre esto en el Parlamento, contra las cuales igualmente no modificó en nada el camino elegido.

Hoy aquella “emergencia” que el presidente prometió reconocer y declarar está completamente instalada, y la pregunta de qué debemos hacer se instala una vez más. Lo razonable es esperar un plan del gobierno en tanto llegaron a las elecciones embanderados con lo que serían soluciones al problema. El Frente Amplio debe estar dispuesto a analizarlo, hacer aportes y acompañarlo cuanto sea posible, como hicimos con una buena parte de los artículos sobre seguridad de la LUC. Nadie puede esperar una solución mágica a un problema estructural como este. Habrá que remangarse y trabajar mancomunadamente por el interés nacional, tal como se hizo en anteriores períodos de gobierno con la convocatoria a diálogos interpartidarios.

Resulta imprescindible que las acciones que se tomen tengan entre sus énfasis las medidas contra el crimen organizado y el lavado de activos, el reforzamiento del control de la tenencia y uso de armamento por parte de la población civil, el fortalecimiento del sistema penitenciario basado en la rehabilitación y la inclusión social, y la referencia constante a propuestas validadas por la evidencia científica y la comparativa internacional, recuperando la escucha perdida al sector académico. Si efectivamente se iban a hacer cargo, el momento “es ahora”.

Diego Olivera fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas y es senador suplente por Fuerza Renovadora, Frente Amplio.