El 25 de mayo de 1972, un año antes del golpe de Estado, siendo presidente constitucional Juan María Bordaberry, murió por torturas Luis Batalla en el cuartel del Batallón 10 de Infantería de Treinta y Tres.

Luis Batalla estaba casado y era padre de dos hijas, de tres y dos años. Era obrero de la construcción, albañil. Era militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Fue secuestrado por militares el 21 de mayo, salvajemente golpeado y torturado, y el 25 de mayo le avisaron a su padre que había muerto. El edil del PDC Francisco Laxalte exigió ver el cuerpo y avisó a su partido inmediatamente. El diputado Daniel Sosa Dias viajó a Treinta y Tres, hizo abrir el cajón y logró que dos médicos de Melo, que viajaron expresamente, realizaran una autopsia. El original de dicha autopsia se encuentra a resguardo en el archivo del Instituto Juan Pablo Terra. De su lectura no hay posibilidad de dudas. Murió por un golpe brutal que le rompió el hígado, además de constatarse heridas y contusiones por golpes en todo el cuerpo.

El senador Juan Pablo Terra denunció el asesinato y el 22 de junio Daniel Sosa Dias interpeló al ministro de Defensa Nacional de la época, general Enrique Magnani. Fue contundente e inapelable. El ministro reconoció las circunstancias de la muerte pero se negó a dar los nombres de los responsables. La Cámara votó por mayoría que “surge la comprobación de la muerte de un ciudadano por los malos tratamientos que le fueron aplicados durante la detención” y “reclama una máxima celeridad de los procedimientos y el público señalamiento de los culpables y de las penas que se les apliquen”. La moción la votaron los legisladores del Frente Amplio y del wilsonismo. Unas semanas después, el ministro renunció.

Vino el golpe de Estado, la larga dictadura, la inicua ley de caducidad, pero con el tiempo también se admitió en nuestro derecho la plena vigencia y aplicabilidad de todos los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, en particular la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad.

Así, en 2013 se abrió un proceso judicial, promovido por el doctor Federico Álvarez Petraglia, para determinar los responsables del asesinato de Luis Batalla. Años después, el 19 de marzo de 2019, el fiscal para los Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en una muy fundada pieza jurídica, solicita el procesamiento por homicidio especialmente agravado de dos militares, el entonces capitán Héctor Rombys y el mayor Arquímedes Maciel. Además, solicita una serie de diligencias para interrogar a otros militares y un policía involucrados. El fiscal le hace honor a su cargo y toda su actuación fortalece al Estado de derecho y por ende a nuestra república.

La solicitud del fiscal, que se puede leer en la página del Observatorio Luz Ibarburu, describe con mucha precisión los hechos. Quedan claros los nombres de todos los que actuaron y algunas claras responsabilidades. Muchos ya han fallecido. El capitán Héctor Rombys era jefe del S2 (encargado de inteligencia, de los detenidos y de los interrogatorios), el mayor Arquímedes Maciel era responsable por la región 4, el capitán Pedro Matto y el mayor Washington Perdomo pertenecían al Servicio de Información de Defensa.

Estamos en mayo de 2022 y todavía no se ha logrado la correspondiente sentencia de condena. Han pasado más de tres años.

Que en 2022, habiendo una solicitud de procesamiento con pruebas contundentes realizada hace más de tres años, todavía no haya una condena es una vergüenza nacional.

Nos consta que el fiscal Perciballe ha hecho todo lo que tiene a su alcance para avanzar en este asunto. Hubo varios cambios de jueces, el último por una justificada licencia por enfermedad, y en un caso muy especial, desidia del Ministerio de Defensa Nacional y también del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Vale la pena detenerse en este caso, el del capitán Pedro Matto. Reside en Livramento. Estando requerido por la Justicia uruguaya, tiene una larga lista de requerimientos por violación de derechos humanos y ha seguido cobrando su pensión militar. Eso ya es indignante, pero peor aún es que para cobrarla necesitaba el certificado de vida y este hombre, requerido por la Justicia uruguaya, cruzaba todos los meses al cuartel de Rivera donde gentilmente le expedían el certificado necesario para cobrar su pensión.

Las gestiones realizadas desde la Fiscalía lograron impedir que eso siguiera realizándose. Entonces el capitán Matto empezó a concurrir al Consulado Uruguayo de Livramento, donde también tenían la gentileza de darle un certificado para que cobrara su pensión, faltaba más. ¡A un requerido por la Justicia! Ahora es más fácil: ya no se requiere el certificado de vida...

En este mes de mayo, Mes de la Memoria, recordamos una vez más a nuestro compañero caído y exigimos que se haga justicia.

Uruguay necesita cerrar estas heridas. La magnífica marcha del 20 de mayo, multitudinaria y llena de jóvenes, demuestra una vez más que no se puede dar vuelta la página sin conocer la verdad. La verdad sobre todos y cada uno de los detenidos desaparecidos y también la verdad sobre asesinatos y torturas, como es el caso de Luis Batalla.

Luis Batalla no fue el único. Batalla fue el primero, pero entre él y el doctor Vladimir Roslik, el último, hay muchos muertos por tortura.

Un mes antes habían caído los ocho militantes comunistas de la 20. No sería tampoco la última víctima de la persecución y la tortura en Treinta y Tres. En abril de 1975, entre tantos casos oprobiosos, se produjo la detención, torturas y vejámenes a 40 jóvenes estudiantes de secundaria de entre 13 y 20 años. Torturaron niños y adolescentes, un horror en el que volvieron a actuar varios de los asesinos de Luis Batalla. Todas las víctimas pertenecían a partidos políticos que siempre habían sido parte de nuestra democracia. Esto es una vergüenza para nuestro país.

La muerte por torturas de Luis Batalla fue en su momento una vergüenza nacional. Que en 2022, habiendo una solicitud de procesamiento con pruebas contundentes realizada hace más de tres años, todavía no haya una condena es también una vergüenza nacional. Marchas como la que vivimos el viernes 20 de mayo nos hacen sentir que todavía hay esperanza.

50 años después, decimos: presente, compañero Luis Batalla.

Jorge Rodríguez es presidente del Partido Demócrata Cristiano, Frente Amplio.