La transformación educativa: no hay peor sordo...

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP aprobó por mayoría el Marco Curricular Nacional (MCN) indicando que se trata de un “documento preliminar en proceso de elaboración y consulta”. Las Asambleas Técnico Docentes (ATD), los organismos que, según la legislación vigente, deben asesorar a la administración, se han pronunciado en contra de la propuesta.

Se ha dicho que las asambleas sólo han expresado su negativa sin proponer alternativas. A mi juicio, el proceso de gestación del MCN llevó a esa situación. Según explica el propio documento, participaron en su elaboración 28 personas, incluido el presidente del Codicen y la directora ejecutiva de Políticas Educativas. Los organismos que la ley define como asesores no fueron consultados previamente. Se los convocó para opinar sobre un documento cerrado. La respuesta era: sí o no. Y todas las ATD, por amplias mayorías, se pronunciaron por la negativa. A pesar de eso, no conocemos modificaciones que emanen de ese “proceso de elaboración y consulta”. Aunque los organismos que representan la opinión de los docentes no estén de acuerdo, la llamada “transformación educativa” irá igual; ya se elaboró un proceso de implementación que se está llevando adelante “contra viento y marea”.

¿Es cierto que no hay propuestas alternativas? En mi opinión, sí las hay. Para empezar, la primera propuesta en ese sentido es metodológica: se podría empezar al revés, con consultas a las ATD, a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto. La normativa lo prevé: los artículos 143 y 164 de la Ley 19.889 (LUC) determinan el funcionamiento del Congreso Nacional de Educación y de las Asambleas Técnico Docentes. El 143 eliminó la obligatoriedad de convocar al Congreso, que estaba en la Ley 18.437, pero no modificó su función. Establece que el Congreso “tendrá carácter asesor y consultivo en los temas de aplicación de la presente ley” y que “podrá ser convocado por la Comisión Coordinadora de la Educación, como máximo una vez por período de gobierno”. El 164 prácticamente quedó igual que el 70 de la citada ley: “En cada uno de los subsistemas de la Administración Nacional de Educación funcionará una Asamblea Técnico Docente (ATD) representativa del cuerpo docente que tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos de la rama específica y de educación general”, y dichas asambleas “serán preceptivamente consultadas antes de la aprobación de planes y programas del nivel correspondiente”.

Las ATD tienen su origen en las llamadas “Asambleas artículo 40”, que funcionaban desde 1947. El Consejo de Secundaria, creado en 1935 por la Ley 9.523, preveía el funcionamiento de las asambleas docentes, que se implementaron recién en 1947 y tuvieron fructífera acción hasta la dictadura. La Concertación Nacional Programática (Conapro), una coordinación de todos los partidos políticos y las organizaciones sociales que funcionó en los últimos momentos de la dictadura a los efectos de levantar un programa consensuado para gobernar en democracia, acordó la extensión de las asambleas de Secundaria a toda la ANEP. Ese acuerdo, que se implementó en 1991, se mantiene hasta la fecha.

Las asambleas tienen un funcionamiento que garantiza la participación; desde las reuniones por centro con asistencia obligatoria hasta la Asamblea Nacional con delegados electos por voto secreto y obligatorio de todos los docentes de la ANEP. La ATD Nacional se reúne como mínimo una vez al año, elige la Mesa Permanente y las Comisiones Permanentes que funcionan periódicamente. Los documentos con los temas propuestos por los desconcentrados, el Codicen o las mesas, van a los centros educativos, cuyos informes son procesados por las comisiones que, a su vez, informan a la Asamblea Nacional. Esta los discute y los enriquece; si los aprueba, se transforman en recomendaciones para las autoridades. Las mesas permanentes hacen de nexo entre la Asamblea y los directores generales de Primaria, UTU y Secundaria, o con el Consejo de Formación en Educación. Para que ese proceso funcione, es necesario otorgar un presupuesto que ronda los 15 millones de pesos por año. Si se retacea, no funcionan las comisiones y no hay forma de que la elaboración de propuestas llegue a su final.

Cuando se ha optado por el camino de la participación, las ATD han respondido positivamente; en los actuales planes de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente han sido decisivos los aportes de las asambleas, así como en la elaboración de los reglamentos de evaluación y pasaje de grado. El programa de Primaria de 2008, la Reformulación 2006 de Secundaria, los planes de Formación Profesional Básica, Plan 2006, Bachillerato Profesional de UTU, y la reorganización y unificación de la Formación Docente que se procesó a partir de 2008, tienen aportes fundamentales de las ATD. Ha transcurrido poco más de una década y es importante que esas propuestas sean evaluadas y modificadas si es necesario. El mecanismo debería ser el mismo; es el que garantiza la apropiación por parte de quienes actúan en el proceso.

Actualmente, existen problemas para otorgar fondos para ese funcionamiento, por lo que no es de recibo acusar a las ATD de no tener propuestas alternativas para el MCN. Hay que generar las condiciones presupuestales para lograrlo, especialmente para la actividad de las comisiones permanentes. Es responsabilidad de las autoridades otorgar los fondos, ya que el funcionamiento está asegurado por la ley. También respetar el espíritu de la norma; la consulta preceptiva no es sólo un trámite.

En la elección de las ATD se pone en juego el peso de diferentes corrientes pedagógicas, que se expresan en listas de candidatos. Las asambleas nacionales reflejan así el pensamiento de los y las docentes de ANEP de todo el país, lo que les da legitimidad.

Esos ámbitos no se pueden sustituir por la consulta a familias, estudiantes y docentes que hizo la ANEP a través de encuestas. No equivalen a los procesos de elaboración colectiva que hemos descrito y están respaldados legalmente: las ATD y el Congreso de la Educación. Máxime cuando la consulta mediante una encuesta está realizada de manera claramente sesgada.

Es imposible llevar adelante de manera exitosa una transformación educativa si no se tiene en cuenta lo que las asambleas nacionales expresan. No se trata de corporativismo, como han sostenido algunos; las corrientes pedagógicas de las que hablo reflejan democráticamente las opiniones de diferentes colectivos filosóficos y políticos que son parte de las tradiciones de nuestro país y concuerdan en algo que nos caracteriza: la defensa de la autonomía de la ANEP como garantía de la laicidad. Los artículos 202 y 203 de la Constitución de la República establecen esa peculiaridad de nuestra educación que no es adaptable a definiciones pedagógicas financiadas por el Banco Mundial o el BID. Como está propuesto, el MCN no es viable.

Pero parece que la llamada transformación educativa perdió su impulso. Para empezar, la consigna que el movimiento estudiantil de UTU y Secundaria impulsó durante el año pasado tuvo sus frutos: “Los bachilleratos no se tocan”. Tampoco se tocarán las asignaturas en el ciclo básico de Educación Media. Se pretende trabajar sobre la evaluación y se insiste en las competencias, afectando primero y segundo de Primaria y Educación Media Básica. Lo de segundo es un problema, ya que las y los alumnos empezaron primero sin evaluación por competencias.

Habrá que ver si proponen un nuevo plan y nuevos programas. Para ello, por ley, se deberá convocar nuevamente a las ATD. Seguiremos insistiendo en lograr que haya más disposición para aceptar el asesoramiento que brindan las asambleas y que se entable un intercambio eficaz. De lo contrario, me convenceré de que se trata de un caso en el que vale el viejo aforismo: “No hay peor sordo que el que no quiere oír”.

Julián Mazzoni es consejero del Codicen de la ANEP, electo por el colectivo docente.