Es bueno mirar los presupuestos y rendiciones de cuentas de los gobiernos para, más allá de los discursos, ver realmente cuáles son las intenciones, lo que se quiere o no priorizar, privilegiar.
La Rendición de Cuentas de este año, además de contener disposiciones que intentan desarticular políticas definidas durante los gobiernos frenteamplistas, como las referidas a la regulación de los medios de comunicación, también contiene algunas magras asignaciones presupuestales. Un puñado de millones de dólares que evidentemente resultan insuficientes para los desafíos que hoy enfrenta Uruguay. Por eso, lo que se prioriza en esa distribución de recursos dice mucho sobre lo que le importa a este gobierno de coalición de derechas y a cuáles sectores de la sociedad intenta contentar.
El incremento total sería de unos 226 millones de dólares, muy por debajo, por cierto, de lo que los gobiernos del Frente Amplio acostumbraban asignar.
La educación, tan elocuentemente nombrada en la campaña electoral, recibe una pequeña parte de esos recursos. Se le asignarían 45 millones de dólares para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad Tecnológica. Pero nada de nada para la Universidad de la República (Udelar). Es más, a la Udelar se le recortan recursos con los que ya venía contando desde hace 20 años. A principios de los años 2000 se creó el adicional al Fondo de Solidaridad, que fue asignado por el Parlamento para que la Udelar lo gastara en proyectos en el interior del país y en mejoras en infraestructura, tanto edilicia como no edilicia. Gran parte de la expansión de la oferta universitaria de los últimos 20 años en el interior del país, así como los nuevos edificios que hoy disfrutan las nuevas generaciones de estudiantes, se pagaron con este fondo. En esta Rendición de Cuentas se propone recortar estos recursos 25% por año hasta hacerlos desaparecer. La Udelar dejaría de contar así con unos 13 millones de dólares. Este recorte se suma, además, a la reducción en términos reales de un presupuesto que ni siquiera va a ser ajustado por la inflación. Esto supondrá una restricción sustantiva en las capacidades de implementación de las tareas universitarias.
Así las cosas, es claro que la Udelar no es para este gobierno una prioridad. Más bien, lo contrario.
Sin embargo, lo que sí parece ser una prioridad es el aumento de salarios para oficiales y soldados del Ministerio de Defensa Nacional. Se destinan unos 13 millones de dólares para aumentos que, según dice el proyecto enviado al Parlamento, después el Poder Ejecutivo verá cómo reparte. 13 millones de dólares más para los militares. 13 millones de dólares menos para la Udelar.
Nuestro país ya destina 2% de su producto interno bruto (PIB) a gastos de defensa. La mitad se va en el presupuesto del ministerio y la otra mitad en mantener los pagos de retiros y pensiones de la muy deficitaria Caja Militar. A modo ilustrativo, es bueno saber que el gasto en ciencia y tecnología no alcanza hoy en nuestro país a 0,5% del PIB. Vaya si será ya mucho lo que gastamos en los militares, como para asignarles ahora 13 millones de dólares más.
Por supuesto que no contamos con recursos ilimitados ni tenemos un árbol al que, en lugar de hojas, le crezcan dólares. Por eso, siempre me pareció razonable establecer una política paulatina de reducción del gasto en defensa y de aumento del presupuesto educativo. Ir sacando de un lado mientras se va poniendo en el otro.
¿Para qué queremos gastar más en los militares, en particular, para qué en el Ejército?
Es claro que unas fuerzas aéreas y navales con buen equipamiento y poco personal calificado serían de mucha utilidad para cuidar nuestros recursos naturales marítimos, así como mantener nuestro espacio aéreo libre de actividades ilegales. Pero ¿el Ejército? Miles y miles de soldados, guardados en los cuarteles, esperando una posible guerra que nunca sucede y que, en caso de que sucediera, no podríamos ganar. ¿O acaso alguien piensa que con el tamaño de nuestro territorio, las características de nuestra topografía, más el equipamiento de segunda o tercera mano con el que equipamos a nuestros soldados, generamos temor o siquiera preocupación a cualquier posible invasor?
Es claro que la Universidad no es para este gobierno una prioridad. Más bien, lo contrario. Sin embargo, lo que sí parece ser una prioridad es el aumento de salarios para oficiales y soldados del Ministerio de Defensa Nacional.
El Ejército uruguayo, más allá de su oprobiosa participación en la Guerra de la Triple Alianza contra el hermano pueblo de Paraguay, siempre ha cumplido un rol más hacia dentro que hacia afuera. Un rol de poder. Después de ser cómplice en la muerte de más de 90% de la población masculina adulta del Paraguay, el Ejército fue determinante en la derrota de los sucesivos levantamientos armados protagonizados por los caudillos pertenecientes al Partido Nacional. Después de la paz de 1904, su rol fue más de amedrentamiento ante posibles insurrecciones, así como de influencia y control en la naciente democracia republicana.
Durante un tiempo se creyó en el Ejército como garante de la Constitución y la democracia. Pero cuando se produjo el golpe de Estado de Gabriel Terra en 1933, Baltasar Brum terminó pegándose un tiro al ver que los tan mentados militares constitucionalistas no iban a mover un dedo para impedir la disolución del Parlamento y la toma absoluta del poder por parte del presidente devenido dictador. Poco tiempo después, en 1935, durante el levantamiento armado contra la dictadura de Terra, también se esperó una ruptura de los militares constitucionalistas que apoyara la revolución, cosa que nunca sucedió. La revolución fue derrotada.
La historia de la dictadura iniciada en 1973 es más conocida y, claramente, también se apega al comportamiento anterior. Nada de Constitución ni de democracia. Los garantes de los “valores de la patria” no sólo hicieron uso y abuso de un poder absoluto, sino que además llevaron adelante un plan sistemático de violación de los derechos humanos, amparados por una impunidad que consideraban infinita. A fin de cuentas, no estaban tan equivocados. Recién ahora hay un puñado de militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Se nos dice que los soldados de hoy nada tienen que ver con ese pasado. Eso es cierto. Que son pobres, con bajo nivel educativo y que, de no ser por los cuarteles, no tendrían trabajo ni dónde comer. Es posible que eso sea así. Pero ¿por cuánto tiempo vamos a usar el Ejército y sus cuarteles como una bolsa de desempleo y hospedaje? Se me dirá que cumplen funciones esenciales cuando ocurren inundaciones u otros desastres naturales. Pero ¿es necesario que estén armados y que se los entrene para matar? ¿Por qué no tener un cuerpo profesional de salvataje, entrenado para esos eventuales desastres, con equipamiento para eso y no con armas?
Desde que existe el Mides, la posibilidad de llegar con políticas de desarrollo social a esos lugares a los que antes sólo llegaba el cuartel está probada. Apoyemos a los pobres para salir de la pobreza de manera integral, no metiendo a los varones para adentro del cuartel a aprender a disparar armas y a cumplir órdenes sin cuestionarlas.
Cada vez que alguien opina que tenemos un ejército sobredimensionado o que, lisa y llanamente, no deberíamos tenerlo, se ponen las necesidades de los soldados y de sus familias por delante. Como si fueran carne de cañón. Así la discusión deriva en maniquea y es caldo de cultivo para sustentar las bases de la derecha nacionalista que recientemente ha creado su propio partido militar.
En esta Rendición de Cuentas, el partido militar de los Manini sacará su tajada, señalará que lo obtenido para los soldados es fruto de su participación en el gobierno de esta coalición de derechas. Intentará, de esta manera, fidelizar votos de gente pobre que ha sido convencida de que su destino en la vida está ligado al cuartel, a sus beneficios y a su cultura.
Nosotros, desde la izquierda, debemos dejar de pensar que hay que intentar que los cuarteles se vuelvan de izquierda, mientras vemos cómo hacemos para que esos oficiales nacionalistas y de derechas no convenzan a la tropa de que estamos en su contra.
Ellos llevan ventaja, en lo cultural, en la tradición de una institución de tantos años y por la que tantas generaciones de pobres han pasado. Pero no es admisible el discurso de que porque uno está a favor de la disolución del Ejército o de su reducción, está en contra de la tropa, de los soldados. Eso es como decir que por querer abolir la esclavitud se está en contra de los esclavos.
Alejandro Zavala es militante de Ir y El Abrazo, Frente Amplio.