La extensión del tiempo pedagógico es una política de Estado que tiene antecedentes en su formulación en los años 60 y se viene aplicando en el país desde los años 90, con especial impulso desde 2005. Ahora surge una nueva modalidad que, por sus características institucionales, pedagógicas y de financiación, es de mala calidad educativa.

La extensión del tiempo pedagógico es una política educativa que tiene antecedentes en los años 60, en el informe de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, el Congreso del Pueblo y la CNT.

En la segunda mitad de los 90 se desarrollan las primeras creaciones de escuelas a partir de las denominadas escuelas al aire libre y la elaboración de un proyecto educativo para ellas. Al mismo tiempo, se transforman algunos jardines asistenciales en los primeros jardines de tiempo completo (JTC). En 2005 había 104 escuelas de tiempo completo (ETC) y 32 JTC.

En los años de gobierno del Frente Amplio esta política se intensificó, y a partir de 2010 se agregó una nueva modalidad: las escuelas de tiempo extendido (ETE). Gracias a este empuje en 2020 existían 231 ETC, 65 ETE y 62 JTC, que llegaban a una cobertura de 21,3% de la matrícula en común y a 23,5% en inicial, frente al 7% de 2005.

En educación media, entre 2015 y 2020 se crearon 43 liceos de tiempo completo o extendido y 26 centros educativos asociados con una cobertura de 12% y 9% de las matrículas de Ciclo Básico de Educación Secundaria y UTU, respectivamente.

Esta política se basó en la creación de instituciones que ofrecen formación entre siete y siete horas y media, a partir de la propuesta curricular vigente, incorporando otras actividades vinculadas a dichos planes en modalidad de talleres o actividades complementarias, como pueden ser idiomas, educación física, recreación, artes, lengua, matemática, ciencias sociales y de la naturaleza.

En todos los casos se trata de la institución que acoge a niños, niñas o adolescentes en un tiempo más extendido.

¿Aceleración?

Entre sus políticas educativas para este quinquenio, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se propuso ampliar la extensión del tiempo pedagógico a 40% de los niños y las niñas de los quintiles más bajos (1 y 2), a través de la contratación de instituciones privadas, ya sean estas deportivas, educativas u ONG.

El presidente de la ANEP ha insistido en varios medios de prensa en que es necesario tomar esta medida por la urgencia de atender a los niños más pobres. Sin embargo, la propuesta existe desde el año 2020, pero recién se va a implementar en 2023. Entre tanto, la urgencia no fue tal y la creación de jardines y escuelas de tiempo completo fue la proyectada y financiada en el período anterior. Los previstos por esta administración recién se van a licitar el año que viene, el cuarto año de gobierno.

La nueva propuesta de la ANEP para la extensión del tiempo pedagógico es a través de “intervenciones socioeducativas desde una perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil”, según se señala.

Como no hay proyecto, como sí los hubo escritos y fundamentados para la creación de las ETC1 y las ETE,2 la propuesta tal como fue divulgada genera muchas dudas. Según parece, cada escuela de los quintiles más pobres deberá gestionar actividades complementarias, fuera del horario escolar, con instituciones de la sociedad civil que trabajen en la zona del centro escolar.

Sin embargo, no está clara la implementación. ¿Estas actividades se realizan en la escuela o fuera de ella? En este último caso, ¿quién hace el traslado de niños y niñas? ¿Las maestras, la dirección escolar, las familias? ¿Habrá alguna maestra responsable? ¿Está previsto su salario? ¿Qué tipo de supervisión existirá? ¿Quién es el docente responsable de estas actividades? ¿Estas actividades son voluntarias u obligatorias? ¿Cómo se articulan con la propuesta escolar?

Menos plata, menos calidad

Llegar a 40% de los quintiles 1 y 2 con extensión horaria supone un incremento de matrícula de al menos 15.000 niños y niñas. Según cálculos de 2019, el costo por alumno para extender el tiempo pedagógico era de 43.000 pesos. Por esta razón ya la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria en 2020 había advertido que la meta propuesta requería 587 millones. Sin embargo, a estos efectos, la ANEP solicita algo menos de 57 millones para 2023 y 149 millones para 2024. Es decir, 10% para el primer año y poco más de la cuarta parte para 2024.

¿A qué se debe esta disminución? A que se les abonará menos a las ONG o las instituciones que se contraten, lo que acarreará una disminución de la calidad.

Entre 2020 y 2021 la ANEP disminuyó su presupuesto en 150 millones de dólares, acumulados entre 2019 y 2021.3

La disminución del presupuesto educativo tiene consecuencias en la calidad educativa. Las autoridades de la educación buscan remedos para cumplir planes de menor costo.

Para crear dos ETC se requiere construir una y adaptar la que se desdobla. En cálculos muy gruesos y generosos, para hacerlo se requiere aproximadamente un millón y medio de dólares. Esto significa que el recorte de 150 millones de dólares hubiera dado y sobrado para construir la cantidad de ETC necesaria para atender a 15.000 niños y niñas. Si tomamos escuelas de 300 alumnos, serían 50 centros, de los cuales 25 serían obras nuevas. Obviamente, esto hubiera requerido planificación y previsión desde 2020 y no una sujeción a la política fiscal del gobierno.

Pero incluso hay otras posibilidades a partir de la creación de 51 jardines de infantes entre 2020 y 2022. Estos jardines, dado el marcado descenso de la natalidad, tienen cupos disponibles. Esto genera dos opciones. Una es el traslado de matrícula de educación inicial de las escuelas de quintiles 1 y 2 a esos jardines y ocupar los salones para clases de educación primaria o transformarlos en JTC para una mejor atención y educación de niños de 3 a 5 años.

Alternativas de calidad hay, falta la decisión política de destinar recursos para ello.

Menos y peor de lo mismo

La disminución del presupuesto educativo tiene consecuencias en la calidad educativa. Las autoridades de la educación buscan remedos para cumplir planes de menor costo. No es que exista un proyecto de mejor calidad, sino uno más barato.

La complementariedad de la educación pública con instituciones de la sociedad civil no es nueva. Por ejemplo, la política de generalización de los campamentos educativos se desarrolló desde 2008 en instituciones privadas porque la ANEP contaba sólo con dos sedes para campamentos (Minas y Parque del Plata) y con cuatro colonias de vacaciones. Sin embargo, la ANEP nunca delegó en las entidades sociales o deportivas la responsabilidad sobre el cuidado de los estudiantes y el sentido de la propuesta educativa.

También los liceos de tiempo extendido recibieron talleristas contratados por el Ministerio de Educación y Cultura. Algunos de instituciones públicas, otros de cooperativas o asociaciones civiles. Pero estas actividades se realizan en la institución educativa, bajo la dirección y la supervisión de docentes y en el marco de un proyecto educativo.

Lo que se propone ahora implica una desinstitucionalización preocupante y una grave disminución de la calidad de la propuesta educativa.

Según estudios recientes del Espacio Interdisciplinar de la Universidad de la República, el impacto en Uruguay de la pérdida de 56% de las clases presenciales durante el primer año de pandemia tuvo efectos menores a los de otros países, sin embargo, hubo una pérdida en los logros de aprendizaje alcanzados equivalente a 37% de un año escolar en lectura y de 33% en matemática, en alumnos de 3º a 6º de primaria, especialmente en los que provienen de los sectores más desfavorecidos.

La extensión del tiempo pedagógico parece ser una herramienta clave para atender estas pérdidas, que por otra parte no incluyen otras dimensiones, como las conductuales y las socioemocionales, ni las dificultades ocasionadas en los pasajes de inicial a primaria y de primaria a media, ni lo ocurrido en 2021.

Sin embargo, la propuesta realizada por el Consejo Directivo Central (Codicen) a estos efectos parece estar muy lejos de las necesidades de la educación pública después de la pandemia.

Héctor Florit y Luis Garibaldi son maestros.


  1. Véase la resolución 21 del Acta 90, del 24-12-1998, del Codicen. 

  2. Véase “Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria - Quinquenio 2010-2014, de setiembre de 2010. 

  3. Véase la nota de opinión de Walter Fernández Val en la diaria del 20 de julio de 2022: “ANEP y Rendición de Cuentas: retroceso presupuestal”