La crisis de 2002: la caída del proyecto “Uruguay plaza financiera”

En este año, al cumplirse 20 años de la crisis de 2002, han aparecido en diversos medios de prensa notas y reportajes sobre el tema. Pero hay algo que me preocupa sobremanera: ¿qué composición se puede hacer un joven que busque informarse sobre lo que realmente fue esa crisis? Porque, por un lado, como en el libro de George Orwell 1984, en el que había un ministerio dedicado a reescribir la historia (torciéndola a gusto del poder), se va a encontrar con muchas notas y bibliografía en las que le contarán que fue “algo así como una casualidad” a la que nos arrastró la crisis de Argentina. La “mala suerte”. Algo que nos pasó “de rebote”, digamos.

Por otro lado, también encontrará muchos artículos sobre la salida de la crisis: Llas negociaciones, la madurez del sistema político, la madurez del movimiento sindical, etcétera. Todo cierto y valorable.

Pero, ¿y el análisis de las causas?

Seguramente no escuché ni leí todo (pido disculpas). Pero he visto poco sobre las causas de la crisis y demasiado sobre la salida.

Por eso me permito este aporte. Para que las nuevas generaciones se preocupen de escuchar y leer las diversas visiones, pero también para que profundicen en lo que para mí es la verdadera causa que generó la crisis de 2002 –para muchos la peor de la historia del país–.

Desde mi punto de vista, y el de muchos, lo que demuestran los hechos y los documentos es que lo que se derrumbó en 2002 fue el modelo de “Uruguay plaza financiera” nacido en la dictadura y continuado (y en algún caso profundizado) durante los cuatro gobiernos posteriores del Partido Colorado y del Partido Nacional (Sanguinetti 1, Lacalle Herrera, Sanguinetti 2, y Jorge Batlle). Por las dudas: esto no equivale de ninguna manera a equiparar los gobiernos dictatoriales con los elegidos legítimamente por la ciudadanía. Hay un océano de diferencia y legitimación. Pero sí hubo continuidad en el modelo.

Así que basado en datos y documentos, cito sólo algunos ingredientes que, desde mi punto de vista, prueban que no fue “casualidad ni mala suerte” lo de 2002.

La libre circulación de metales preciosos

Creo que es importante analizar en especial algunas de las determinaciones tomadas en el período de la dictadura, cuando explícitamente se definió ubicar al país como plaza financiera. Cabe aclarar que hay una gran diferencia entre las actividades financieras y lo que creo que realmente se hizo, que fue generar un paraíso fiscal, o un paraíso del secreto bancario, o un centro con poco control del lavado de activos.

Ejemplo de ello es el Decreto 570/979, del 4 de octubre de 1979, firmado por el dictador Aparicio Méndez, que en su visto expresa, explícitamente, dicho objetivo: “Visto la política actual del gobierno, orientada a consagrar a la República como plaza financiera internacional [...]”. Por este decreto se determinó la libre circulación de oro y otros metales preciosos en el territorio nacional, sin necesidad de formular declaración ni cumplir con trámite alguno. Léanlo. Es una joyita.

También les recomiendo leer El enjuague uruguayo – Secreto bancario y tráfico de drogas, de Samuel Blixen. Allí podrán encontrar (páginas 24 y 25) que hasta el Departamento de Comercio de Estados Unidos se preocupó de investigar cómo Uruguay se convirtió en el segundo abastecedor de oro para la industria joyera en Estados Unidos. Estamos hablando de toneladas. Miles de kilos de oro exportados con origen en nuestro país. Y eso pasó durante y después de la dictadura: 1983 (21,4 toneladas); 1984 (31,9 toneladas); 1985 (34,6 toneladas); 1986 (37,8 toneladas).

¿Cuántas de esas toneladas se producían en “minas uruguayas de oro” para convertirnos en el segundo exportador mundial de oro a Estados Unidos? Estoy seguro de que todos acertarán la respuesta correcta.

Las SAFI

Otro tema que no debería faltar en el análisis de la historia del país y del “proyecto” Uruguay plaza financiera son las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión). Y su mayor desarrollo no fue precisamente en la dictadura. Voy a citar una fuente insospechada de “animosidad antineoliberal”: Les recomiendo el artículo del suplemento Qué Pasa del diario El País del 10 de abril de 2016, titulado “El peso de ser la Suiza de América”, subtitulado “Panamá Papers: Uruguay, el gran mediador”. Allí se sostiene, entre otras afirmaciones:

• “La filtración de los ‘Panamá Papers’ reveló que Uruguay cumple un rol clave como intermediario entre el estudio panameño Mossack-Fonseca y quienes pretenden abrir una sociedad offshore. De hecho, es el décimo país del mundo en cantidad de intermediarios. Al menos 298 bufetes y profesionales uruguayos han colaborado con el estudio centroamericano”.
• “Las SAFI fueron creadas por ley en 1948. Los legisladores de la época justificaron su creación diciendo que el país atraía inversiones y competía con Mónaco. En la década del 90 esta modalidad se fortaleció y atrajo a los países vecinos. A tal punto creció en negocios que hacia el 2000 se creaba una SAFI cada dos horas.
• “Las facilidades tributarias y la estricta confidencialidad que brindaban las SAFI le dieron a Uruguay el título de ‘paraíso fiscal’. A buena parte de la población ese rótulo no le importaba; de última, era dinero que ingresaba al país. Pero sobre fines del gobierno de Jorge Batlle comenzaron las recomendaciones de organismos internacionales incitando a Uruguay a modificar su legislación. Las sociedades eran aprovechadas masivamente, sobre todo por argentinos, para tener activos sin identificarse como dueños”.

Aquí podemos ver un ejemplo bien claro en cuanto a la continuidad de algunas políticas generadas durante la dictadura y profundizadas en democracia (con la clara diferencia de legitimación ya expresada).

Durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle hubo dos leyes con respecto a las SAFI que modificaron las ya existentes. El artículo 635 de la Ley 16.170 (Presupuesto) de diciembre de 1990 y la Ley 16.375 de mayo de 1993. Para muchos estas normas ampliaron esta actividad.

Lamentablemente, las famosas SAFI de Uruguay figurarían durante años en muchísimas denuncias internacionales de lavado de activos, y negocios non sanctos de todo tipo. Y también es verdad que, como dice la nota, a muchos no les importaba.

Pero no todos miraban para otro lado. El sindicato del sistema financiero, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), alertaba sobre esta situación. Hay muchos documentos, pero les recomiendo el documento público de AEBU titulado: “Sistema financiero: un asunto de Estado” que fue presentado a todos los candidatos a la presidencia de los distintos partidos en 1999. O sea, una alerta dada previo a la grave crisis de 2002. En la página 26 del documento se señala: “El sistema requiere un salto en materia de contralor y supervisión, adecuando el BCU [Banco Central] a la nueva realidad y a los patrones internacionales. Así también debe expresarse en los cambios legales necesarios para atender la supervisión de los conglomerados financieros que actúan como bancos universales, la banca offshore, los movimientos de capitales y la integración regional”.

Si leen ese material verán diversas alertas, sobre todo acerca de que el BCU debía adecuar el control de una plaza que ya no pasaba sólo por los bancos, sino por conglomerados de los propios bancos y operativas que se hacían aun por fuera del sistema bancario y sobre las que no había control.

Pero la operativa de las SAFI siguió durante años y recién se modificó la legislación sobre ellas en el primer gobierno del Frente Amplio, al votarse en 2006 la Ley 18.083 sobre el sistema tributario. Dicha norma estableció que las SAFI debían adecuarse “preceptivamente” al régimen general de tributación.

Al respecto, otra insospechada fuente argumental, la consultora CPA Ferrere, interpretaba en aquel tiempo: “La reforma tributaria extendió la partida de defunción de las famosas SAFIS. Estas deben dejar de funcionar como tales el 31 de diciembre de 2010”.¹

El volumen de depósitos de no residentes y el manejo del BCU

Otro de los elementos a observar para descartar la hipótesis histórica de “la mala suerte del 2002” es analizar el riesgo que suponía el elevado volumen de depósitos de no residentes. Porque eso también formó parte de la misma política de “plaza/paraíso” en la que, bajo la oferta de un secreto bancario inexpugnable, se fomentó el arribo de miles de millones de dólares fundamentalmente desde Argentina.

En el anteriormente mencionado documento de AEBU, redactado en 1999, el sindicato alertaba: “El sistema bancario uruguayo tiene una tercera parte de los depósitos de no-residentes, lo que determina una importante exposición a factores internacionales”.

Dos años después, en diciembre de 2001, cuando se desata la crisis en Argentina, se puede ver en la información histórica del BCU de la evolución de depósitos que el porcentaje de depósitos de no residentes ya no era un tercio del total; a esa fecha ya estaba cerca de ser la mitad (45% del total, 6.194 millones de dólares de no residentes contra 7.397 millones de residentes).

Es verdad que la chispa pudo ser la crisis argentina, pero vivíamos sentados en barriles de pólvora al lado de una fábrica de fuegos artificiales. Y no por “casualidad”.

El Banco Galicia, según una nota de La Nación del 13 de febrero de 2002, presentaba la siguiente situación particular: “Fuentes del Banco Central (de Uruguay) dijeron que de los casi US$ 1.600 millones de depósitos que tenía en noviembre pasado, sólo 700.000 correspondían a residentes uruguayos”.

El manejo público que se hizo sobre la situación del Galicia por autoridades del gobierno fue terrible.

Cito otro documento que creo es insospechado: el documento para concurso del Banco Central escrito en 2017, entre otros, por Julio de Brun.² Dicen los autores: “De todas maneras, errores en la comunicación de las autoridades uruguayas (de la que se podía inferir que el motivo del rechazo al salvataje de la institución era que sus depósitos eran ‘99% de argentinos’) sembró dudas sobre los depósitos de los no residentes en todo el sistema”.

A partir de allí, la corrida de los depositantes argentinos fue incontenible.

El Citibank y Cadisa, y lo que pasó después con los Peirano

Recomiendo también a quienes quieran interiorizarse en el tema histórico de lo que era el Uruguay plaza financiera, analizar la actividad de “las captadoras de depósitos”. A principios de los 90 AEBU tuvo un grave conflicto con el Citibank. Durante meses, volante en mano, el sindicato denunciaba a quienes ingresaban al local de Cadisa, que era la empresa que captaba depósitos para ser colocados de preferencia en el exterior. Recordarán aquellos volantes con una gran señal de “PARE” en rojo, que abajo decía: “Sr. Cliente. Cuidado con la letra chiquita”. En estos volantes advertíamos a los clientes que eso no funcionaba como un depósito en un banco. Y al mismo tiempo reclamábamos al Banco Central que regulara esa actividad. Si no recuerdo mal, se nos contestaba por parte del BCU que esas empresas no hacían intermediación financiera (captaban pero no prestaban) y por ende no correspondía controlarlas.

No había nada ilegal. Pero había un riesgo enorme.

El BCU desoyó el aviso público del sindicato. Años más tarde, cuando la crisis de 2002, por una operativa similar, muchos uruguayos pagaron carísimo con la pérdida de sus depósitos en el TCB de Gran Caymán, propiedad de los Peirano.

En síntesis

Vuelvo al objetivo de esta nota.

Es sumamente importante que los jóvenes, que las nuevas generaciones, se informen. Que escuchen todas las versiones pero sobre todo que busquen en lo que no es opinable: los documentos y los hechos.

Porque está muy bien que cuando el “Uruguay plaza financiera” estalló se valore el diálogo político que generó fundamentalmente el ministro Alejandro Achugarry; la responsabilidad de la oposición que podía fácilmente haberse dedicado a incendiar la pradera; y la de un movimiento sindical (del que siento orgullo) que jugó un rol fundamental ante una institucionalidad que se bamboleaba. Y dentro de ese movimiento sindical, en particular, el rol que jugó AEBU. Busquen en la prensa en los días siguientes al feriado bancario y el anuncio de cierre de algunos bancos las multitudinarias reuniones en la Intendencia de Montevideo, en clubes, o en locales de todos los departamentos del país en que el sindicato salió a dar la cara (en momentos en que nadie les decía a los ahorristas qué futuro tendrían sus depósitos).

Pero sobre todo profundicen en las causas y en las responsabilidades políticas de cada quién. No para buscar culpas sino para que asuma cada quién la responsabilidad que le cabe. Que expliquen cómo y cuándo llegaron al país la secta Moon (Banco de Crédito), Benhamou (Banco Pan de Azúcar), y los hermanos Rohm (Banco Comercial).

Y no se dejen trampear con las versiones de que todo fue mala suerte o arrastre de la crisis argentina. Y tampoco asuman como válidas las versiones de que “quizás fallaron los controles del Banco Central”.

En definitiva, esta búsqueda de las causas daría para mucho más detalle. Será tarea de las próximas generaciones aprender de lo sucedido para tener cuidado cuando quizás alguien retome la idea del Uruguay plaza financiera. (Aviso: el estudio jurídico del doctor Leonardo Costa advirtió de lo que podrían implicar algunos artículos de la ley de urgente consideración en cuanto al deterioro de los controles sobre lavado de activos).³

Y sobre todo, no olviden lo que dejó esa política económica de casi tres décadas que cuando estalló hizo que miles de trabajadores perdieran su empleo, e hizo que decenas de miles de uruguayos se vieran obligados a tomar la dolorosa decisión de tener que irse del país.

Y lo peor (si es que lo anterior ya no era horrible): según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2004 cerca de 200.000 hogares, alrededor de 1.000.000 de personas, quedaron bajo la línea de pobreza. Y dentro de ese nivel de pobreza quedaron 57% de los niños de entre cero y 6 años. Casi dos de cada tres niños.

Por favor, no olvidemos nunca las causas y las consecuencias que dejó el modelo de Uruguay como plaza financiera.

Carlos Maresca fue funcionario del Banco de Crédito y alterno en el Consejo Central de AEBU durante la crisis de 2002.