Por el derecho a la educación, desde la dignidad del trabajo docente

Al enviar al Parlamento su mensaje de Rendición de Cuentas, el gobierno la llamó “la rendición de la educación y la ciencia”. Es asombrosa la confianza que se llega a depositar en el marketing para disfrazar con consignas lo que sucede en la realidad. Porque lo cierto es que el proyecto del gobierno trajo a la educación y la ciencia una política de subinversión, congelamiento y recortes. Para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se asignan 30 millones de dólares, cuando se estima que entre 2020 y 2021 perdió alrededor de 150 millones. Para el sistema científico se asignan 14 millones de dólares (diez de los cuales serán administrados directamente por el Poder Ejecutivo no se sabe en qué proyectos ni con qué criterios), lo que equivale a 0,02% del PIB, muy por debajo de lo que se había prometido. Y no existe ninguna partida incremental para la Universidad de la República (Udelar), principal institución universitaria y científica del país y la que más creció en matrícula en los últimos dos años, mientras su presupuesto de 2019 cayó 5 puntos al día de hoy. Para la Udelar, por si fuera poco, se plantearon dos propuestas de recorte de importante magnitud. Lo llaman “el presupuesto del conocimiento y la educación”, pero es el presupuesto del desconocimiento y la obstinación.

Desconocimiento

El desconocimiento del gobierno es múltiple: de lo que la Udelar hizo, de lo que hace, y de lo podría llegar a hacer si se le dieran los recursos indispensables.

Lo que la Udelar hizo durante la pandemia, en muchas áreas y en todo el país, ha sido notorio por su magnitud y despliegue. La importancia de un sistema universitario y científico fuerte, con capacidades consolidadas y una institucionalidad articulada, se hizo evidente cuando en el mundo escaseaban insumos de testeo esenciales, y el Uruguay los pudo desarrollar. Se trata de fortalezas al servicio de la soberanía nacional y el bienestar colectivo, dos cuestiones que el mercado no puede resolver, sino todo lo contrario. Pero además de los casos más conocidos (el sostén del Grupo Asesor Científico Honorario –GACH–, el estudio de las cepas del virus presentes en el país, la producción de test y el montaje de laboratorios en Montevideo y el interior), la Udelar desplegó muy rápidamente una cantidad de acciones de extensión universitaria y asistencia en torno a problemáticas sociales, sanitarias, económicas, de salud mental, de derechos laborales, de respuesta a la emergencia alimentaria, entre otros temas. Estas acciones fueron igualmente importantes y posibles gracias a la existencia de capacidades académicas construidas y vínculos estables de cooperación con la sociedad. Estas fortalezas son de lenta y compleja construcción, pero de muy rápida destrucción si se consolidan años de desinversión y carestía. Esa es la magnitud de lo que está en juego en este momento.

Al mismo tiempo que la Universidad desplegaba estas acciones mientras mantenía la mayoría de sus cursos en modalidades virtuales generadas en tiempo récord, la matrícula dio un salto histórico. En 2021, más de 20.000 estudiantes ingresaron a la Udelar, lo que significó un crecimiento cercano a 20%, cuando el promedio de crecimiento de los cinco años previos había sido de 4,2%. Si no se acompaña el incremento de la matrícula con más cargos y horas docentes, la relación entre cantidad de estudiantes y docentes se deteriora, con consecuencias muy negativas para la formación y el acompañamiento de trayectorias. La relación de cantidad de estudiantes por docente se viene deteriorando desde 2014, y con este presupuesto se profundiza esa tendencia negativa. En 2021 esa relación cayó a 1,54, la cifra más baja en los últimos diez años.

El mismo año que se disparó la matrícula, el gobierno congeló los salarios universitarios, que perdieron 7,96% de su valor real. Los/as docentes y trabajadores/as, responsables del esfuerzo extraordinario de la Universidad en atención a la crisis y el crecimiento de la matrícula, han sido los grandes olvidados por la política presupuestal del gobierno.

Si el desconocimiento del gobierno es grande respecto de lo que la Udelar hizo y hace con menos recursos y más estudiantes, es aún mayor respecto de lo que se podría hacer para ampliar el derecho a la educación, la democratización de la ciencia y la cultura, y aportar a la construcción de una sociedad mejor. Los ejemplos sobran mirando las capacidades ya existentes que no pueden desplegarse por falta de recursos. En 2020, 348 proyectos de investigación aprobados académicamente no pudieron realizarse por falta de recursos. En 2021, 72 proyectos de extensión universitaria aprobados académicamente tampoco tuvieron recursos para su implementación. Hay nueve carreras nuevas que tienen ya sus planes de estudio aprobados, y están a la espera de recursos para poder llevarse adelante o mantenerse.

Los ejemplos podrían ser aún más numerosos si, partiendo de las capacidades existentes, se apostara a políticas de financiamiento sostenido a la altura de los desafíos sociales, ambientales, productivos, sanitarios, culturales y democráticos que nuestra sociedad tiene por delante. También en este plano, el mensaje del Poder Ejecutivo es muy desalentador.

Obstinación

Así las cosas, la persistencia del gobierno en su política de ajuste se parece a una obstinación ideológica. Pero a diferencia de otras épocas en que las políticas de recortes se justificaban abiertamente apelando a preceptos ideológicos de doctrina neoliberal (por ejemplo: que el “gasto” en educación universitaria era regresivo y que había que atender la demanda expandiendo un mercado), hoy el recorte no se justifica, se disfraza.

Si así sucede, es porque la prueba de la realidad ha marginado al precepto ideológico. Hoy 51% de los estudiantes de la Udelar son la primera generación de su familia en acceder a la universidad. La gran mayoría combina estudio con trabajo. La Udelar tiene una tasa muy alta de captación del total de estudiantes que egresan de enseñanza media. La demanda de becas ha aumentado. La composición social del estudiantado ha cambiado. La democratización del acceso a la educación universitaria se va logrando gracias a diferentes factores, entre ellos dos fundamentales: la persistencia de una política universitaria de acceso gratuito e irrestricto, y la puesta en marcha de una política decidida de desarrollo universitario en el interior. Defender el presupuesto de la Udelar es defender este proceso democratizador, que debería ser un objetivo de primera importancia para toda nuestra sociedad.

La doble postergación salarial

Decimos que los salarios de la Udelar sufren una doble postergación porque: 1) son los más bajos de la región (lo que es relevante en un mundo universitario altamente internacionalizado, con alta densidad de redes y circulación internacional de académicos/as); y 2) son los más bajos del sistema terciario público de Uruguay (en todo el escalafón los sueldos de la Udelar son más bajos que los del Consejo de Formación en Educación de la ANEP y la Universidad Tecnológica, y en los grados de inicio llegan a ser la mitad). La política presupuestal del gobierno profundiza esta situación.

La cuestión salarial en la Udelar es un problema central que afecta al conjunto del quehacer universitario, en tanto desestimula la dedicación a la carrera académica, obliga al multiempleo a quienes la inician, provoca altos índices de renuncias y precariza el trabajo universitario. Un grado 1 con 20 horas semanales gana 17.682 pesos nominales, unos 14.000 líquidos. Hay más de 1.000 docentes grado 1 con 15 o menos horas semanales, lo que implica un sueldo inferior a 12.500 pesos nominales. La estructura salarial de la Udelar está distorsionada: 65% de los cargos docentes son grados 1 y 2 (de los que 58% son mujeres, porcentaje que en el grado 5 baja a 34%). El nuevo Estatuto de Personal Docente, trabajosamente elaborado con el objetivo de garantizar y profesionalizar la carrera docente, si no tiene recursos para implementarse se vuelve un factor de mayor precarización.

La mirada de conjunto es muy preocupante: los bajos salarios, la caída de las becas de posgrado, el desfinanciamiento del régimen de dedicación total, y la falta de fondos para garantizar la carrera docente provocan una situación expulsiva de nuestros jóvenes formados y nos hace incapaces de ser un destino para el retorno o radicación de investigadores del exterior.

Una tripartita sin negociación

En este contexto, el Poder Ejecutivo nos convocó tarde a una negociación que no ha sido tal. Lo hizo cuando la Rendición de Cuentas estaba ya en el Parlamento. Lo hizo para intentar imponernos un acuerdo negociado en otro ámbito, que no llega ni siquiera a completar la recuperación salarial perdida desde 2019. Se nos dijo que la propuesta es la misma acordada en la ANEP, pero en el caso de la ANEP se incluye un fondo de inequidades salariales que en la negociación con la Udelar se ha negado. Para la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) este fondo es muy importante, porque permite una distribución progresiva centrada en los grados más bajos. Hasta ahora hemos tenido reuniones tripartitas, pero aún no ha comenzado algo parecido a una negociación. Nos movilizamos para que comience.

Hay recursos, no hay excusas

Ya sin los argumentos ideológicos de los 90, el gobierno apela a argumentos (igualmente ideológicos) que se presentan como simple realismo económico. Entre ellos, el preferido es el del “espacio fiscal”. El espacio fiscal se define por la relación entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. Un análisis de la cooperativa de economistas Comuna arroja que según las propias estimaciones del gobierno, en 2021 el Estado recaudó 421 millones de dólares más de lo que había previsto. En 2022, las estimaciones del gobierno prevén una recaudación de casi 2.000 millones de dólares por encima de lo estimado inicialmente. Es decir que el espacio fiscal se ha ampliado, y esto no se reflejó en el proyecto de Rendición de Cuentas, al punto de que los 226 millones de dólares que se gastarán en 2022 por todas las partidas incrementales de la rendición sumadas son apenas 11% de la recaudación extra. ¡11%! Hay espacio fiscal de sobra, incluso dentro de las metas fiscales del propio gobierno, para financiar el presupuesto universitario.

La “disciplina fiscal” del gobierno tiene sus beneficiarios: los malla oro. En los últimos dos años los depósitos en el país y en el exterior han crecido en más de 10.000 millones de dólares, al mismo tiempo que caen los salarios reales. La excusa del espacio fiscal en un contexto de crecimiento de la economía y la de recaudación del Estado revela su carácter político. Nos movilizamos para que se vuelquen a la educación de los y las jóvenes de nuestro país recursos que existen y se acumulan cada vez en menos manos.

Decimos basta

La docencia universitaria es una profesión y un arte. Es un oficio que requiere preparación, entusiasmo, toda una vida de estudio, largas jornadas de trabajo, la capacidad de organizar la creación humana desde las condiciones que se tengan, y la persistencia para formular nuevas preguntas y horizontes aunque parezcan inalcanzables. Como en cualquier otro oficio, cada día encontramos dignidad en hacer bien nuestro trabajo. En las realizaciones pedagógicas y creativas que logramos junto a nuestros estudiantes, y en el sentido académico, cultural y social de lo que hacemos. La dignidad del trabajo docente se hizo solidaridad y entrega en la pandemia. Desde esa misma dignidad hoy hemos decidido decir basta. Basta de arbitrariedad, maltrato y postergación. La Asociación de Docentes de la Udelar está en conflicto y su Consejo Federal aprobó un amplio plan de movilizaciones. Tomaremos las calles para realizar clases abiertas, actividades culturales, artísticas y científicas, y charlas sobre el papel de la educación universitaria en la construcción de un futuro mejor. Iremos al encuentro de la sociedad para defender, junto a ella, a nuestra Universidad Pública. Porque no nos da lo mismo.

Héctor Cancela es presidente y Agustín Cano es secretario general de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR).