La desregulación en la industria tabacalera: cuando el interés privado le gana al público

Recientemente el gobierno nacional ha dado un paso –o tal vez varios– hacia atrás en materia de políticas de salud con el cambio en la reglamentación antitabaco, permitiendo que los fabricantes ahora puedan volver a incorporar elementos distintivos en los paquetes de cigarrillos. Esta es una decisión inconsulta con especialistas en políticas de salud y con los grupos que trabajan en el estudio, diagnóstico y prevención del cáncer de pulmón y otras enfermedades asociadas al consumo de cigarrillo.

Ante estas decisiones que benefician a sectores empresariales en desmedro del cuidado de la salud de la población sólo podemos pensar: ¡cómo se extrañan las decisiones de Estado! Esas que en materia de salud centraron sus esfuerzos en la prevención de enfermedades y que antepusieron los intereses nacionales frente al poder de las grandes multinacionales.

Gracias a esa decisiva política de Estado que inició el presidente Tabaré Vázquez en materia de prevención de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco, nuestro país es considerado pionero a nivel mundial en la lucha contra el cigarrillo.

¿Y cómo se reconoce una política de Estado bien diseñada y ejecutada? Primero, las políticas antitabaco fueron basadas en evidencia científica, con el rigor que distinguía a nuestro presidente como referente mundial en temas oncológicos, pero también con la sabiduría de haber escuchado a los científicos expertos en la materia. Con esa información en mano, en segundo lugar se tomaron decisiones de política pública y normativas a nivel nacional e internacional. Uruguay fue el primer país en aplicar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, y aprobó la Ley 18.256 que prohibió fumar en espacios cerrados de uso público o lugares de trabajo. Gracias a esas normativas se prohibió que en los paquetes de cigarrillos se hiciesen promociones y se ordenó que se colocasen advertencias respecto de los efectos nocivos del consumo de tabaco.

Y los efectos se hicieron sentir. No soy un especialista, pero desde el sentido común mi generación creció viendo cómo desaparecía ese olor desagradable que quedaba en los lugares cerrados cuando todos fumaban. Eso desapareció y con ello muchas personas dejaron de fumar y comenzaron a tener una vida saludable gracias a esta iniciativa.

Poco tiempo después, la valía de nuestro jefe de Estado se vio a prueba una vez más cuando, en vez de ceder a intereses de poderosas multinacionales, el gobierno de Tabaré Vázquez llevó adelante el litigio contra la firma Phillip Morris y ganó el proceso frente a todos los pronósticos. Con esto Uruguay sentó una vez más precedente a nivel mundial respecto de un Estado que se dedicaba a cuidar a su población y garantizar el derecho más importante de todos, el del acceso a la salud, que es en definitiva la garantía del derecho a la vida.

Hoy el panorama se ve mucho más borroso y no es sólo por el humo del cigarro, sino por las visitas previas, que son de público conocimiento, que jerarcas de la Presidencia hicieron a grupos empresariales vinculados con la industria tabacalera poco antes de aprobar la nueva regulación que les favorece por parte del gobierno de Lacalle Pou. Frente a estos dilemas en que se anteponen intereses de compañías privadas frente al bienestar de la ciudadanía, sólo nos cabe reivindicar el legado del presidente Tabaré Vázquez y pulsar para que vuelvan esas políticas de Estado que nos hicieron sentir orgullosos de lo que un país serio puede lograr.

Andrés Lima es intendente de Salto.