Todos los integrantes oficialistas del Senado votaron una “indemnización moral, social y económica” para supuestas víctimas y sus familiares de grupos armados entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. Parece innegable que en la interna del gobierno este proyecto está enlazado con el de la reforma de la seguridad social (votado el mismo día que esta indemnización), que tenía en los cabildantes algunas objeciones (aún las tiene) y que para superar esas diferencias se intercambiaron intereses y se llegó a una negociación, en la que ambas partes perdieron y ambas partes ganaron.
Pero volvamos al proyecto, que contradice lo afirmado en la campaña electoral por el actual presidente, cuando decía que se iba a hacer todo lo posible para encontrar y continuar con la búsqueda de los detenidos desaparecidos. El nombre completo del proyecto es el siguiente: “Víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados, por motivos políticos o ideológicos, entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976”.
El proyecto desde su título habla de “organizaciones armadas” políticas e ideológicas. Nunca define de qué tipo de organizaciones armadas se trata, y este es el punto que los cabildantes querían discutir y colocar en la arena pública. ¿Qué organizaciones armadas existieron en esos años en Uruguay? ¿Quiénes tomaron las armas en ese período definido por el proyecto? Organizaciones de izquierda y de derecha. Las primeras fueron estudiadas en profundidad por Aldo Marchesi en su libro Hacer la revolución. Guerrillas latinoamericanas, de los años 60 a la caída del Muro y también las estudió Eduardo Rey Tristán en su obra A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya 1955-1973. Las organizaciones de derecha y las derechas están siendo estudiadas por diversos especialistas en este momento. Quizá una de las obras fundamentales sea la de Magdalena Broquetas, La trama autoritaria. Derechas y violencia política en Uruguay (1958-1966). Es decir que la academia ya tiene esta cuestión en su horizonte de interés.
Pero claramente esta temática excede a la academia y atraviesa a la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos representan parte de esa sociedad y, por lo tanto, en la sociedad hay grupos que disputan la lectura de la realidad con prejuicios e intereses ideológicos, sin tener en cuenta a los especialistas e incluso negando su saber acumulado durante años.
En este caso lo vemos en este proyecto de ley, pero hace unos meses fue en la bibliografía de un curso de Historia de enseñanza secundaria, cuando se retiraron las obras del profesor e historiador Carlos Demasi y se colocaron obras de un político en actividad como lo es Julio María Sanguinetti. También se puede verificar esta batalla en los nuevos programas de formación docente de la especialidad Historia, que reducen los cursos, especialmente lo que está relacionado con la metodología y la filosofía de la historia, es decir, las disciplinas en las que se comprende y se reflexiona acerca de cómo se produce el conocimiento histórico.
Como decía Pierre Bourdieu (Intelectuales, política y poder) al analizar las luchas entre intelectuales (los entiende en sentido amplio y aquí coloca a escritores, académicos, periodistas, políticos), hay “francotiradores sin balas” que tienen gran poder en la sociedad. Este proyecto de ley, más que una bala, es un misil a la memoria que va directo al imaginario social, en un año en el que se cumplen 50 años nada más ni nada menos que del inicio formal del golpe de Estado en Uruguay.
Como plantea el mismo texto del proyecto en el artículo 6º, se creará una comisión especial que se integrará en 90 días luego de promulgada la ley y que después tendrá seis meses para dictaminar qué hacer con las peticiones que se reciban. Suceda lo que suceda con estas peticiones, el hecho político ya cumplió su función en la sociedad: intenta contradecir lo que ocurrió durante los años previos al golpe y durante el golpe: la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado.
En un año en el que el Estado (a través del gobierno de turno) debería brindar y concentrar todos sus recursos para reparar a la sociedad en su conjunto y particularmente a los familiares que hasta el día de hoy no saben dónde se encuentran sus seres queridos, creará una comisión y destinará recursos que diversifican y corren el centro de la responsabilidad del Estado a crímenes cometidos por ciudadanos que cumplieron una condena muy superior a la que deberían haber cumplido.
Por otro lado, evita discutir y responsabilizar a los que sacaron provecho de esos años de dictadura. No sólo fueron militares los responsables de lo ocurrido en ese período histórico. Hubo empresarios civiles que lograron amasar grandes fortunas a partir de la represión al movimiento obrero, a partir del silenciamiento que se realizó con los estudiantes organizados, a partir de las censuras a expresiones artísticas.
Fueron los mismos que asumieron y dieron elementos para que el gobierno de facto intentara construir un nuevo Uruguay, basado, por ejemplo, en noticias que repetían, sin cuestionamiento alguno, las versiones que daba el gobierno, y por momentos solicitando más medidas represivas, yendo más lejos que el propio gobierno en ocasiones. Estas campañas de prensa y propaganda son anteriores a 1962; a fines de la Segunda Guerra Mundial comenzó una práctica que de forma sistemática colocaba a cualquier integrante del movimiento popular como enemigo. ¿Por qué eran considerados enemigos? Porque lo que planteaban era eliminar la desigualdad y buscaban eliminar la pésima distribución de la riqueza que llevó a la aparición de los cantegriles en Montevideo, en un país que se autopercibía (todavía lo hace en el relato de varios representantes de ese Uruguay) como igualitario.
Esta “aparición” no ocurrió de la nada. Como investigó y plantea de manera original María José Bolaña,1 “Hacia el inicio de los años 50, el estancamiento del sector ganadero, la mecanización de la agricultura, la concentración de la propiedad de la tierra, el desempleo rural y el empobrecimiento de los arrendatarios” llevó a la creación de estos espacios en medios urbanos y suburbanos. Allí se va a alojar la cara oculta del Uruguay modelo, la cara que la memoria del poder ha borrado del imaginario social y en cambio ha intentado instaurar a un Uruguay hiperintegrado con todas las garantías para el pleno desarrollo de un ser humano.
Sin dudas hay una lucha por la disputa de la memoria. Y esa lucha por la memoria no es exclusiva de nuestro país ni de nuestra región. “No sólo a nosotros nos da por rediscutir constantemente; es un hecho común para toda la Europa continental a partir de los años 90 [especialmente] con la aparición de nuevas derechas se dio una eclosión de estas guerras por la memoria”, advierte el historiador Xavier Domenech.2
En nuestro país desde 2019 nos encontramos en una realidad política similar a la descrita en las líneas anteriores. Una coalición de derechas asumió el gobierno y uno de los partidos de esa coalición es la autoproclamada voz de la “militares”. Para ser precisos se debería decir que son la voz de los que apoyaron el golpe de Estado y de aquellos que sostuvieron y aún sostienen que fue correcto todo su accionar.
Haciendo esta jugada de votar este proyecto de ley, la derecha también establece una bruma espesa sobre lo que se venía elaborado desde el Estado acerca de la responsabilidad del propio Estado en todos estos hechos. Es otra vuelta a la década de los 90, cuando ni siquiera se había dado el primer paso (muy tibio) de la Comisión para la Paz.
Relacionado con este intento de instaurar nuevamente la memoria del poder en el centro de la sociedad está un problema central que casi no fue enfrentado desde el fin de la dictadura: ¿qué rol van a cumplir las Fuerzas Armadas en un país como Uruguay?, ¿cuántos efectivos se necesitan para esos fines?
Las acciones sociales y políticas del movimiento popular definirán qué ocurrirá en nuestra sociedad, sabiendo y siendo conscientes de que los defensores del orden establecido son muy poderosos.
Héctor Altamirano es docente de Historia