En los últimos días se han publicado en la prensa varias notas y entrevistas en relación a la situación de la manzana del club Neptuno y a las distintas propuestas para este predio público. Desde la Comisión Derecho a la Ciudad, que participa en la coordinación de colectivos y vecinxs que está construyendo una propuesta comunitaria para dicho espacio, nos gustaría profundizar algunos conceptos y aportar información para una mejor comprensión del problema.
Como primer punto, es importante tener en cuenta que cuando la Intendencia de Montevideo (IM) resuelve demoler el 80% de la infraestructura existente del club para privatizar el suelo y construir torres en una zona disputada de la ciudad, no consideramos que lo que se esté priorizando sea el 20% (una cancha y una piscina) que se va a mantener de estas estructuras. Al ver la presión del capital privado multinacional (Buquebus, Tsakos, Katoen Natie, Skywalker, etcétera) en la zona, más bien parece que la prioridad es incluir la manzana del club Neptuno como parte de este proceso de transformaciones privatizadoras que afecta negativamente al barrio y a toda la bahía, en particular a sus poblaciones más vulneradas.
Esto queda en evidencia cuando desde la IM se plantea como una necesidad construir un estacionamiento “para poder reflotar la infraestructura abandonada del ex hotel Nacional”. El ex hotel Nacional está en manos privadas (Tsakos SA) desde que la Universidad de la República lo vendió en 2007. Hace 16 años que una multinacional viene incumpliendo sus deberes legales de cuidado, dejando en el abandono un pedazo del patrimonio de nuestra ciudad y nuestro país. Sin embargo, el razonamiento de la IM es que el esfuerzo colectivo de los y las vecinas de Montevideo (a través de exoneraciones impositivas, excepciones normativas y pérdida de suelo público) debe estar volcado a resolver los escollos a esta multinacional naviera, que factura cantidades de dinero probablemente inimaginables para cualquiera de nosotrxs.
Es importante tener en cuenta que de la venta del suelo público se destinarían alrededor de 3 millones de dólares a la refacción del 20% del club que quedaría en funcionamiento. Si bien esa suma es importante, no es una suma tan grande en comparación con otros montos, como por ejemplo los 11 millones de dólares gastados por la IM en la realización de las nuevas peatonales, obras que no surgen de las prioridades barriales y que ni siquiera se enlazan con otras propuestas, ya que al mismo tiempo se promueve realizar más estacionamientos y no se limita el ingreso de automóviles, congestionando otras calles. Claramente en un próximo período, con más tiempo y diálogo, podrán analizarse las prioridades presupuestales para la zona y reservar fondos para la puesta en condiciones mínimas de habitabilidad del edificio.
Todos estos proyectos presionan sobre el barrio sin que los y las habitantes podamos tener injerencia en las decisiones que nos afectan. ¿En qué instrumento de planificación urbana se enmarcan? En 2021, a la vez que se anunciaban las peatonales, se comenzaba un proceso de revisión del Plan Especial Ciudad Vieja. La revisión fue encomendada a una consultoría privada extranjera, siendo su trabajo desconocido por la opinión pública. El componente ciudadano de la revisión es no vinculante y fue encargada a la FADU, que realizó una sola instancia pública con poca participación de los habitantes.
Las organizaciones del barrio tenemos experiencia en gestionar espacios y sostener procesos, aún en tiempos duros, pandémicos y represivos como los que nos ha tocado vivir.
Por otro lado, los límites normativos actuales establecen que la altura máxima que podría tener una edificación en esa zona es de 27 metros, mientras que el proyecto en consideración de la Junta Departamental habilita la construcción de una torre privada de hasta 45 pisos, superando ese límite en más de 100 metros, lo que nos parece realmente absurdo. A nuestro parecer esta propuesta reproduce la anomia que se estila en tantas ciudades, que pierden su singularidad bajo la presión especulativa, y no aporta nada a los problemas que hoy afectan al barrio y a Montevideo.
Otro aspecto que nos parece importante remarcar es que en ningún momento los colectivos plantearon que el Neptuno quede como está o vuelva a su estado original. Lejos de esto, lo que las organizaciones barriales venimos manifestando desde 2020, y ante la propia IM en repetidas instancias, es que resulta fundamental que no sigamos privatizando y perdiendo suelo público, y que esa manzana sea reacondicionada para una diversidad de usos. Estos contemplan, por supuesto, la dimensión deportiva (canchas, piscinas, pistas de skate o sala de aparatos), pero también prevén usos culturales (sala de espectáculos gratuita, de grabación, talleres), laborales (espacio de trabajo colaborativo), educativos (cupos para los centros educativos del barrio, escuela popular, biblioteca y mediateca, ludoteca), sociales y comunitarios (espacio de cuidados, huerta, espacio para reuniones y asambleas para organizaciones, espacio de acopio para red de ollas, baños y lavadero para vecinxs en situación de calle, depósito de equipos y materiales, espacio de archivo y puesta en valor de la historia comunitaria local), entre otras.
Las organizaciones del barrio tenemos experiencia en gestionar espacios y sostener procesos, aún en tiempos duros, pandémicos y represivos como los que nos ha tocado vivir. ¿Quién puede tener más interés en que haya verdaderos espacios de oportunidades en el barrio que quienes vivimos en él?
No pretendemos que las soluciones nos caigan de arriba, sino hacernos cargo, como venimos haciendo en nuestro barrio desde siempre. Estos usos imaginados implican una rehabilitación escalonada del espacio, con la única urgencia de apuntalar los lugares más comprometidos para permitir la circulación libre. Recordemos que hay una circulación habilitada, como se comprueba en el uso privado del espacio para filmaciones, por ejemplo.
Estos planteos de la comunidad no responden a “necesidades coyunturales”. Tanto las propuestas educativas, deportivas, culturales, como las que hacen a la solidaridad en torno al hambre que vive gran parte de nuestra población, no son coyunturales. Lo que sí es coyuntural es la urgencia en aprobar un proyecto para el Neptuno. ¿Cuál es el privado que se beneficia de este apuro?
Por otro lado, el daño que provocan iniciativas privatizadoras como estas se extiende por generaciones y es muy difícil de revertir. La trampa del extractivismo, de malvender el “rico patrimonio” de nuestros suelos y comunidades bajo la promesa de que eso nos salvará de la miseria, son los espejos de colores que no podemos seguir aceptando. Al contrario, se profundiza el modelo de segregación y miseria que día a día vemos en el aumento de los asentamientos, colas en las ollas populares y refugios, hambre en los liceos, falta de acceso al agua potable y ruptura de los lazos comunitarios que nos protegen.
Lejos de ser un barrio “muerto”, al que hay que volver a darle vida, Ciudad Vieja es un barrio con una historia y un presente muy vivos, con decenas de organizaciones tejiendo comunidad, con muchas ideas acerca de qué barrio y qué ciudad queremos.
Las comunidades queremos dialogar sobre la cuestión política de fondo, que es el modelo de construcción de ciudad. Puede llevar más tiempo, pero de seguro así se podrán realizar proyectos realmente integrales, donde el centro sea el fortalecimiento comunitario y la participación ciudadana, ya que de eso se trata la democracia, del gobierno del pueblo.
Valentina Ibarlucea, Rodrigo Pérez, Gerardo Suárez y Camilo Zino son integrantes de la Comisión Derecho a la Ciudad.