A casi 50 años del golpe de Estado, observamos con preocupación la vulneración del derecho a la protesta. Las barreras que se ponen hoy a la protesta no son sólo algo que ocurre en Uruguay. Podemos ver estas prácticas de estados que subordinan los derechos humanos a los intereses de la propiedad privada o sectores de poder corporativo por sobre los de la ciudadanía o el ambiente. También se constata una crisis del sistema internacional de derechos humanos, así como la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos. La represión violenta a movilizaciones sociales, el espionaje a quienes se organizan para defender sus derechos, así como la judicialización de quienes ofrecen su opinión crítica cuestionando políticas públicas o el procesamiento a quienes pintan un muro, generan un clima de miedo y restringen el libre ejercicio del derecho a la protesta.
Esto no es un fenómeno nuevo a nivel local, como lo muestra la historia reciente, y se relaciona con la creciente persecución a la disidencia política y social a nivel global en este momento. Según un reciente estudio realizado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina y la organización Paz con Dignidad (Hernández Zubizarreta, González, Ramiro, 2023), existen tres patrones en estas prácticas contemporáneas de limitación de la protesta: señalamiento, represión y eliminación.
En Uruguay tenemos un caso reciente que ilustra esta creciente forma de estigmatización y judicialización a quienes cuestionaron el poder corporativo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y demandan la respuesta del Estado uruguayo ante sus obligaciones internacionales en materia de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura: el caso de quienes protestaron contra la remoción de la jueza Mariana Mota en causas por crímenes de lesa humanidad en 2013. En este caso la protesta social contra una institución del Estado en defensa de verdad y justicia por violación de los derechos humanos en la dictadura fue sancionada en el presente por expresar la necesidad de exigir que el Estado responda por sus crímenes en la dictadura.
El Estado violador de los derechos humanos ayer es el actor principal en la criminalización de la protesta hoy. El mismo Estado que violó los derechos humanos en el pasado es quien tiene el monopolio en el uso de la violencia, la capacidad de adaptar la legislación y la interpretación de las leyes en el presente. Eso permite que sea el Estado quien nuevamente vulnere los derechos de quienes expresan su disidencia política asignando etiquetas asociadas a la dictadura (como la “asonada” o delitos de sedición) y extendiendo el castigo por protestar en democracia a nuevas generaciones.
El Estado violador de los derechos humanos ayer es el actor principal en la criminalización de la protesta hoy.
Un mes atrás, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 4º turno ratificó el fallo judicial que condenó a seis personas por “atentado especialmente agravado” por haber participado en 2013 en una protesta pacífica convocada por el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de ex presos políticos Crysol. Entre estas cinco personas están Eduardo y Diego Jaume, quienes como hijos de un ex preso político heredaron el estigma y la impunidad. Su situación muestra el daño transgeneracional (Scapucio, 2006) de la dictadura y las formas en que la impunidad afecta de forma directa a las generaciones más jóvenes. Quienes eran niños o nacieron después de la dictadura no tuvieron un rol directo en los acontecimientos políticos en los que se produjo el terrorismo de Estado, pero están aún marcados por su legado. Diez años después de la protesta en la SCJ, la Justicia uruguaya ratifica su condena, aunque hace más de 40 años que esperan que los torturadores de su padre sean llevados a juicio. ¿Por qué es tan ciega la justicia para con algunos y tan obstinada para con otros?
Las violencias del Estado afectan directamente a esos niños/as de ayer, así como a los/as jóvenes adultos de hoy. No sufrieron sólo las vulneraciones a sus derechos durante las visitas a la cárcel en dictadura, o el miedo a la represión por expresar diferencias, sino que también sufren hoy el saber que no hay garantías y que la Justicia no funciona igual para todos. La asimetría punitiva entre defensores de los derechos humanos y violadores de los derechos humanos genera descreimiento en la democracia.
El mismo Estado que torturó, encarceló y desapareció gente es el que hoy castiga a quienes defienden el derecho a la verdad y la justicia. ¿Qué justicia queremos? ¿De qué maneras puede la ciudadanía defender sus derechos cuando el Estado no cumple con sus obligaciones? ¿Cómo superar la impunidad cuando el Estado no responde y la sociedad permanece en silencio?
A través de un caso ejemplarizante, como el de los procesados por evitar el traslado de la jueza Mariana Mota, se trata de generar miedo en la población para que no se ejerza el derecho al disenso y la protesta contra decisiones políticas que afectan a la comunidad toda. La criminalización del derecho a la protesta hoy como ayer produce terror, autocensura y limita nuestra participación en los procesos democráticos.
La detención arbitraria, la estigmatización y la intimidación de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión a través de largos procedimientos judiciales obstaculizan la protesta y desalientan la participación social. Defender el derecho a la protesta y a quienes protestan es imperativo en un contexto de creciente conflictividad social. Cuidar la democracia requiere abrir el debate público a voces críticas, asegurar el acceso a la información, a la participación y defender a activistas, colectivos y organizaciones que ejercen sus derechos fundamentales.
Mariana Achugar es docente e investigadora de la Universidad de la República.
Referencias
Scapusio, M (2006). “Transgeneracionalidad del daño y memoria”. Revista Reflexión. 32: 15-19.
Hernández Zubizarreta, J, González, E y Ramiro, P (2023). Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos. Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad.