Una conocida frase de José Pedro Varela afirma que “los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno: y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática”.
El concepto de compartir los espacios como mecanismo de integración democrática es un concepto esencial no sólo a nivel escolar. La separación de la educación militar y la civil, profundizada durante la dictadura y con muy pocos cambios en la etapa posterior, no es buena para la fortaleza democrática, ni para la fortaleza militar, ni para la educativa. La vinculación y la retroalimentación entre los sistemas civil y militar son fundamentales para la fortaleza de ambos y para la fortaleza de la democracia.
Cualquier país medianamente serio tiene una importante relación entre sus estructuras militares y las universitarias, tanto a nivel educativo como a nivel de investigación científica y tecnológica. La dinámica de esas relaciones es clave en la defensa nacional porque permite una retroalimentación fundamental tanto en términos de disuasión como en caso de guerra. Una estructura militar seria precisa estar muy vinculada a la formación del conocimiento tecnológico y científico, y viceversa. Muchas veces se ignora que el desarrollo militar es una fuente importante de avance científico. Que ambas comunidades tengan vínculos escasos afecta tanto a la defensa como a la investigación.
El conocimiento y el dominio de la tecnología son una de las claves en que se basan las Fuerzas Armadas más avanzadas del mundo. Las guerras del presente y del futuro tienen un componente fundamental de virtualidad, con operaciones de manejo psicológico en el que la inteligencia artificial ya juega un papel clave, de armas autónomas o robóticas (drones aéreos, marítimos y terrestres) y cibernética (que incluye espionaje, vigilancia, manipulación de la información o ataques a infraestructuras críticas). Una defensa nacional creíble implica un fuerte desarrollo de las capacidades nacionales para hacer frente a estas amenazas y poder neutralizarlas o al menos minimizar su impacto. No es posible desarrollar una defensa de ese tipo sin una fuerte interrelación entre la comunidad científica y la militar.
El cipayismo (ese término que tanto le gusta mencionar al senador Guido Manini Ríos) de las dictaduras militares en América Latina, fomentado por potencias extranjeras interesadas en debilitar nuestra soberanía, ha producido y alimentado un distanciamiento importante entre ambas comunidades, lo que a su vez debilita las capacidades de la defensa nacional, así como las de la investigación nacional. La dictadura uruguaya, entre los muchísimos daños que provocó, incluyó un profundo daño a esa relación, que aún hoy perdura.
Han pasado casi 40 años desde la recuperación democrática y el poder civil casi no ha impulsado ninguna acción en el campo de la educación militar, fuera de convalidar las decisiones producidas por las propias fuerzas.
De nosotros depende revertir profundamente ese distanciamiento estudiando la realidad de otros países. En particular, el reciente ejemplo argentino, con la creación, en 2014, de una Universidad de la Defensa Nacional (Undef), es un modelo que deberíamos considerar seriamente, así como la fuerte vinculación entre las carreras militares y civiles en España o en Estados Unidos (donde alrededor de 75% de los oficiales militares provienen de la educación universitaria civil). También pensar en transformar el modelo actual de liceos militares hacia un modelo integrado con la educación secundaria mediante la creación de una orientación (o materias optativas según el modelo que se vislumbra con la actual reforma educativa) en algunos liceos públicos dirigida a aquellos estudiantes que se inclinen por seguir una carrera de servicio público (militares, policías, funcionarios públicos en general), de manera que estos mundos tengan una mayor proximidad, una convivencia mucho mayor que la actual.
Han pasado casi 40 años desde la recuperación democrática y el poder civil prácticamente no ha impulsado ninguna acción en el campo de la educación militar, fuera de convalidar las decisiones producidas por las propias fuerzas. La muy buena iniciativa del general Gerardo Fregossi de revisión de los programas de Historia que se imparten en el Ejército en 2020 es un ejemplo de la ausencia de iniciativa del mando civil en la materia.
La integración de la educación militar al sistema de educación público es un proceso de ida y vuelta que precisa retroalimentaciones. A 50 años del golpe de Estado es un tiempo más que suficiente de una autocrítica militar, desde sus mandos, a la violación constitucional que realizaron las Fuerzas Armadas y la ruptura democrática de 1973. Asumir responsabilidades por el ataque a la educación en general y a la universitaria en particular, así como la utilización de torturas, vejaciones, violaciones y desapariciones que las Fuerzas Armadas realizaron en ese período, en las antípodas del concepto artiguista de “clemencia con los vencidos” y de los conceptos de derechos humanos vigentes en esta época. Y un compromiso tajante con el “nunca más” al terrorismo de Estado. El mando civil de las Fuerzas Armadas también ha fallado en dar esa orden a los comandantes, que, entre otras cosas, contribuiría mucho a vencer las resistencias hacia lo militar que aún perduran en el sistema educativo público.
Si queremos tener una defensa nacional seria y eficiente debemos fortalecer fuertemente la integración de lo militar a la comunidad en todas sus facetas; no sólo en el plano educativo, también en el plano de la salud militar. Sin duda que la existencia de un hospital militar es imprescindible para la preparación de los equipos médicos que participan o puedan participar en situaciones bélicas o en misiones de paz de Naciones Unidas; pero la opción de que allí también se atiendan las familias de los militares es un exceso que las “aprisiona”, no habilitando la libertad a que puedan optar por el sistema de su preferencia. Aunque esa libertad sí la tienen aquellos militares cuyo cónyuge tiene un empleo civil que le permite acceder al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Tanto los familiares como los retirados deberían incorporarse al SNIS o al menos permitir optar por atenderse en uno u otro sistema de acuerdo a sus preferencias. Un cambio de esa naturaleza también contribuye a la integración de los militares a la comunidad, a romper la lógica de una comunidad cerrada en sí misma desde el ingreso hasta la tumba.
Lo mismo en el caso de las “cantinas militares”, esa cadena de supermercados militares que se parece tanto a aquellos pagos en “vales” que hacían algunas empresas en el pasado y que obligaban a los trabajadores a comprar en sus propias “cantinas”. El funcionamiento de ese sistema no es gratis, implica inversiones y militares trabajando en su funcionamiento. Con el ahorro del costo que ese sistema implica, se puede aumentar los salarios de la tropa dándoles la libertad de comprar donde quieran. Si el Estado entiende conveniente tener una cadena de supermercados populares, como los que tuvo en alguna época con Subsistencias, que lo haga para todos los uruguayos, no sólo para algunos.
Superar estas y otras limitaciones del actual sistema militar es clave para una defensa nacional efectiva y creíble.
Gustavo Scaron fue presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio. Este artículo es el tercero de una serie de columnas del autor sobre las Fuerzas Armadas.