¿Qué hay que cambiar en nuestras Fuerzas Armadas?

Como vimos en el artículo anterior de esta serie, Uruguay gasta mucho en Defensa y gasta mal. ¿Qué habría que cambiar entonces? ¿Cómo cambiar de unas fuerzas armadas de soldados multitarea pobres a unas fuerzas armadas profesionales?

Empecemos por afirmar que garantizar la soberanía del país requiere inversiones importantes en diferentes áreas clave. Hace años que todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de contar con OPV (barcos de patrulla oceánicos) para controlar el espacio marítimo y la plataforma uruguaya, así como para poder responder a eventos dentro de la extensión oceánica sobre la que tenemos responsabilidad SAR de socorro (búsqueda y rescate); la necesidad de contar con aviones y helicópteros con capacidad de interceptación aérea y apoyo en búsqueda y rescate; la necesidad de realizar inversiones tecnológicas en ciberdefensa militar (y la necesidad incluso de crear una cuarta fuerza al respecto), etcétera. Pero los recursos son escasos, y como gastamos muchísimo en retirados y pensionistas militares, no tenemos recursos para las inversiones imprescindibles para garantizar una capacidad mínima necesaria de defensa de la soberanía.

A nivel regional hay un ejemplo que deberíamos estudiar con seriedad y al que deberíamos tender: el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) de Argentina. Este fondo fue creado en 2020 (al inicio del gobierno de Alberto Fernández) y a partir de 2023 el 0,8% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional son destinados al Fondef, con algunas condiciones para las inversiones, sobre todo de incentivo de la industria, la innovación y la investigación nacional. Uruguay, adaptando la propuesta a su realidad, debería apuntar más bien a lo regional, hacia una integración y compatibilización con los sistemas militares de Argentina y Brasil, nuestros principales socios y vecinos. Por ejemplo, en vez de utilizar los tanques que Brasil deja de usar (los M41), invertir en el mismo tipo de tanques que incorporan ellos (los Leopard), o estudiar la posibilidad de incorporar dos o tres cazas Gripen de los producidos en Brasil mediante su acuerdo con Suecia. Y apuntar a la interoperabilidad entre nuestras propias fuerzas (por ejemplo, en sistemas informáticos, de comunicación, armamento y vehículos compatibles).

Claro que en el caso uruguayo, la creación de un fondo de ese tipo tiene que estar vinculada a una reducción importante del déficit de la Caja Militar, incompatible con una defensa eficaz de la soberanía. No hay otra forma razonable de realizarlo. No es sostenible que las Fuerzas Armadas gasten la mitad de sus ingresos en retiros y pensiones. El sistema político que permitió y promovió esa irracionalidad en el gasto debe buscar y encontrar las formas para que se vuelva a un cauce razonable. La capacitación o desplazamiento de militares de edades mayores hacia actividades con menor exigencia física a la considerada óptima para los combatientes puede ser un camino a explorar. España incluso ha legislado un sistema de recapacitación hacia el mundo civil habilitando salidas profesionales que permiten completar la vida laboral y acceder a la jubilación ordinaria.

Los diferentes gobiernos posdictadura han preferido mantener militares multioficio en lugar de militares profesionales, porque sale más barato en el corto plazo (los cinco años de gobierno) recurrir a esa “mano de obra excedente”, aunque salga muy cara en el largo plazo debido al alto costo de retiro de los militares (cuentas que pagarán otros gobiernos), recurriendo a veces al “cuentito” de que es un mecanismo que disminuye la desocupación.

También hay algunas tareas no militares que inflan el gasto militar, como por ejemplo las tareas policiales de Prefectura (puesta en la órbita de la Armada durante la militarización del país en los 70) y Policía Aérea, así como las tareas naturalmente policiales (control de ingreso y egreso de civiles al país, investigación de delitos, crímenes, ingreso ilegal de mercaderías, entre otras). Deberíamos plantearnos que estas tareas fueran asignadas a su lugar natural: el Ministerio del Interior.

Una cosa diferente es que la Armada apoye y preste asistencia a Prefectura en el traslado para la realización de sus tareas; o la Fuerza Aérea a la Policía Aérea. Pero la tarea específicamente policial debería ser parte del órgano policial. Al igual que el control perimetral de las cárceles y las tareas de control policial de frontera, que terminan siendo asignadas a las FFAA por su “disponibilidad” de efectivos, en un proceso de retroalimentación perverso que no enfrenta el verdadero problema: el exceso de militares. Como los militares tienen disponibilidad de efectivos, entonces les asignamos cada vez más tareas que no son específicas de su órbita.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, se vanagloriaba en el reciente acto de conmemoración del 212 aniversario del Ejército, el 18 de mayo pasado, de haber contribuido con unas 200.000 horas hombre de trabajo en tareas claramente no militares, como pintar escuelas. Protestando paradójicamente a renglón seguido porque sigue “escuchando propuestas públicas para reducir el ejército”.

Pero, al contrario de lo que plantea la visión ideologizada del comandante, hemos visto que en Uruguay tenemos una tropa mal paga y excesiva en número. La solución obvia de esta mala ecuación pasa por una reducción del número de militares en simultáneo con un aumento en el salario de la tropa, de forma tal que accedan a salarios profesionalmente dignos. El ahorro en los recursos por la disminución de los cargos militares (tropa y oficiales) debe destinarse a un incremento sustancial de los salarios de la tropa para llegar a niveles similares a los de la Policía. Y en vez de tener un Ejército excesivo de militares mal pagos y retirados privilegiados podríamos tener un ejército profesionalmente más eficiente.

No está de más recordarle a Stevenazzi que las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, por ejemplo, tienen un tercio de los militares (en proporción a la población) que tiene Uruguay. Y las de Estados Unidos son un tercio menores que las nuestras. Es un profundo error considerar que la potencia o profesionalización de las Fuerzas Armadas está vinculada al alto número de militares activos (y pasivos, que es el otro gran problema) y no a una relación entre el número de militares y sus capacidades, armamentos y tecnología disponible.

A nadie se le ocurriría vanagloriarse de las capacidades del sistema de salud en Uruguay por la cantidad de horas dedicadas a pintar escuelas por los funcionarios de la salud (que supongo tiende a cero). ¿Por qué se ha naturalizado hacer eso respecto a los militares? Unas FFAA uruguayas profesionalmente serias requieren una disminución considerable del número actual de militares y de las tareas accesorias que se les han encomendado.

Profesionalizar el ejército también implica una selección y capacitación de la tropa a niveles de mayor exigencia. No es coherente que para ser empleado público se requiera el ciclo básico completo, excepto para ingresar a las FFAA, donde el requisito se rebaja a primaria completa. Las exigencias militares de las guerras actuales requieren soldados altamente capacitados para manejar las plataformas y tecnologías que se utilizan en estos tiempos.

Las FFAA no deben ser utilizadas como un recurso para disminuir el desempleo y ocupar a personas con bajo nivel educativo. En todo caso que Uruguay gaste en becas que fomenten a los jóvenes a terminar el ciclo básico educativo, que además en Uruguay es obligatorio. Transformemos becas militares en becas educativas.

Una defensa nacional eficaz y eficiente no pasa por la militarización de tareas inherentemente civiles.

Otro ejemplo de área que debería pasar a la órbita civil es el de la Dirección Nacional de Aviación Civil, cuyo espacio natural es en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Como parte de ese cambio, también debería crearse un sistema de defensa civil, que incluso podría ubicarse dentro del Ministerio de Defensa Nacional, como una estructura civil, partiendo de la base de que la Defensa Nacional no es sólo una tarea militar. La experiencia del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) es una base razonable sobre la que basarse. Quizás los bomberos deberían pasar a integrar esa estructura.

La transformación profunda del sistema educativo militar es otro de los aspectos centrales que debería realizarse. Lo abordaré en el próximo artículo.

Gustavo Scaron fue presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio. Este artículo es el segundo de una serie de columnas del autor sobre las Fuerzas Armadas.