El Parlamento Nacional, con votos del oficialismo, aprobó semanas atrás la reforma jubilatoria. Luego de un proceso largo de negociaciones que incluyeron, notoriamente, temas que no tienen nada que ver con la seguridad social ni con el sistema jubilatorio uruguayo, estuvieron los votos para aprobarla y hoy es realidad. Es más, aunque se dijo una y otra vez que tendría efectos años después, ya en el Banco de Previsión Social (BPS) circulan directivas y algunos de esos cambios han comenzado a ejecutarse.

Como hemos sostenido durante todo este tiempo, esta reforma es condenatoria hacia las generaciones presentes y futuras de uruguayas y uruguayos. Se exigen más años de edad y se pagarán prestaciones de menor monto que las que habrían correspondido de mantenerse el anterior régimen. Desde el punto de vista del discurso y la cultura que se pretende hegemónica, la ecuación es perfecta: vivimos más, tenemos que trabajar más. Y como hay que reducir el “déficit de la seguridad social”, aunque lo niegan, varios estudios serios demostraron ya lo evidente: se pagarán jubilaciones y pensiones de menor monto, a menos personas y más lejos en el tiempo.

Esto, con ser grave, no es novedoso. Desde la dictadura, con su Acto Institucional 9, hasta el presente las jubilaciones y pensiones han transitado un proceso permanente de deterioro, de caída libre que ha incluido la pérdida del aguinaldo –beneficio para el que aportamos durante toda nuestra vida laboral, por cierto– y la reducción sistemática de los montos de estas. Nadie puede sostener hoy que estas jubilaciones que se pagan permiten siquiera vivir dignamente a millares de uruguayas y uruguayos en el tramo final de sus vidas. Así de simple, así de dramático.

Hubo solamente dos excepciones en todos estos años, estas décadas. La primera, cuando en 1989 más del 72% de la ciudadanía uruguaya votó a favor del plebiscito, promovido por organizaciones sociales de jubilados y pensionistas y agrupaciones políticas de casi todos los partidos, que obligó a los sucesivos gobiernos a que los ajustes de las jubilaciones y pensiones no pudieran ser menores a la variación del índice medio de salarios y se efectuaran en las mismas oportunidades en que se definieran ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.

La segunda excepción, 19 años después, ocurrió cuando en 2008 el gobierno de la época legisló para permitir que miles y miles de uruguayas y uruguayos pudieran acceder a beneficios jubilatorios para los que tenían pleno derecho y a los que no podían acceder.

En el medio de este proceso, en 1996 se realizó la que seguramente haya sido la peor, la más grave y regresiva reforma jubilatoria, que privatizó la seguridad social y creó las AFAP. Con el liderazgo intelectual del doctor Rodolfo Saldain y los votos de la coalición de gobierno de la época, se comenzó a derrumbar el sistema solidario de seguridad social en Uruguay y se lo privatizó parcialmente.

Se llenó el país de promotores y promotoras a las que habían instruido acerca de las maravillas que implicaría para sus futuras jubilaciones integrarse a una u otra AFAP. Espejitos de colores, jubilaciones que permitirían viajar de vacaciones al Caribe y otros destinos hermosos del mundo año a año y tantos cuentos más. Sin embargo, 27 años después de esta reforma escandalosa, construida también desde la comodidad de los escritorios, la realidad fue muy otra y hoy aquellas y aquellos uruguayos que accedieron a la jubilación pueden demostrar con hechos la cruda realidad: las jubilaciones por AFAP suelen ser miserables. Y eso sin contar con que el BPS sigue siendo en exclusividad el responsable de pagar todas las contingencias que desde la gestación hasta el final de la vida afrontamos quienes aquí vivimos: a las AFAP no se les exige nada.

Y algo muchísimo peor. Mercantilizar, privatizar la seguridad social habilitó a transformarla en un “botín de guerra”, como ha quedado demostrado en estas semanas con las escandalosas denuncias realizadas en el Parlamento Nacional por extrabajadoras y extrabajadores de República AFAP, que fueron despedidos sin miramientos cuando intentaron denunciar los hechos de corrupción que en ella se generaban, con jerarcas que adquirían ilegalmente bases de datos para sumar afiliados a la institución.

Y ahora, en este 2023, nuevamente desde la comodidad de los escritorios se diseña una reforma jubilatoria peor que aquella de 1996. Es como el cuento de Mafalda: “Si no te gusta la sopa, dos platos”. El doctor Rodolfo Saldain, otra vez, la lideró. Ahora se universaliza el sistema de AFAP, haciendo que sea obligatorio para todas y todos los trabajadores uruguayos aportar a ellas y, como decíamos al comienzo, se extiende la cantidad de años de edad requeridos y se reduce el monto de las futuras generaciones.

Se juega al achique. Se castiga a las y los trabajadores, se condena a quienes viven de pequeñas changas a tener que esperar aún más años para poder jubilarse, para poder acceder seguramente a lo que en su momento se llamaba “pensión a la vejez”. Se castiga a las mujeres, recortándoles derechos, se castiga a trabajadoras y trabajadores que apenas llegan a los 60 años a poder jubilarse con montos mínimos a que ahora tengan que intentar llegar a los 65 años para poder retirarse.

Mientras tanto, se mantienen cuantiosas exoneraciones fiscales a empresarios, a multinacionales, a los grandes terratenientes que amasan fortunas exportando soja, por citar tres ejemplos muy claros. Y si faltaba algo, en las negociaciones para alcanzar los votos, a último momento se incorporan por el costado más beneficios a la oficialidad militar, cuya caja es insolvente merced a los escandalosos beneficios que tienen los oficiales superiores por sobre el personal militar subalterno y el resto de la población uruguaya, lo que los ha convertido en una verdadera casta.

Y se miente. Se miente descaradamente, un día sí y otro también, aseverando que no hay alternativas para reformar la seguridad social. En efecto, desde enero de 2021 duerme el sueño de los justos en un cajón de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), cuyo trabajo lideró el mencionado doctor Saldain, una propuesta integral de reforma que se denomina “El sistema de seguridad social en el Uruguay del siglo XXI”, elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que incluso está disponible en el propio portal web de la CESS y en el de la ATSS. Ese proyecto fue presentado, explicado y fundamentado en el último Congreso del PIT-CNT, donde fue aprobado por unanimidad, y hoy es una propuesta de todo el movimiento sindical uruguayo. Y así procedimos en dicha ocasión, al comparecer a la CESS, en donde la respuesta ha sido un escandaloso silencio.

La seguridad social nos acompaña a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Consagra un conjunto de derechos tan vitales, tan importantes, que afirmamos categóricamente que la transforman en un derecho humano fundamental. Esos derechos no pueden estar en riesgo una y otra vez también en función del signo del gobierno de turno.

¿Por qué un plebiscito en 2024?

Por eso desde ATSS y otros sindicatos impulsamos la realización de un plebiscito para reformar la Constitución y consagrar así esos derechos. Como lo hicieran las asociaciones de jubilados y pensionistas en 1989, como lo lográramos en 1992, frenando la ley de privatización de las empresas públicas, como en 2003 fue la Federación Ancap y en 2004 los trabajadores de OSE (FFOSE) que impulsaran el plebiscito que reformó la Constitución y puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay, las y los trabajadores del BPS, junto al movimiento sindical, las organizaciones sociales y las agrupaciones políticas que estén dispuestas a acompañarnos, vamos a llevar adelante esta nueva consulta popular para que el pueblo, una vez más, sea el que decida.

Son tres los pilares que desde el movimiento sindical estamos proponiendo incorporar en una papeleta a ser plebiscitada en las elecciones nacionales de 2024: garantizar un mínimo de protección social para las personas mayores, establecer que no se podrá aumentar por encima de los 60 años la edad jubilatoria y la eliminación del régimen de AFAP.

El movimiento sindical uruguayo ha asumido, desde comienzos de este siglo, una postura clara, contundente y permanente en rechazo a la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFAP) y en favor de reformar estructuralmente la seguridad social en base a principios de solidaridad y universalidad.

Desde el VIII Congreso, realizado en 2003, hasta el XIV Congreso, llevado adelante en noviembre de 2021, sistemáticamente esta ha sido la postura unánime del movimiento sindical uruguayo. Ha llegado la hora, entonces, de que sean los hechos los que garanticen a la ciudadanía el acceso universal y solidario a beneficios de la seguridad social que han sido gravemente dañados con esta nueva reforma.

El debate en el movimiento sindical al día de hoy

Un conjunto de 14 organizaciones sindicales, entre las cuales está la ATSS -el sindicato de los trabajadores del BPS- impulsamos una moción por la que se propone dar todos los pasos necesarios para reformar la Constitución de la República y así eliminar el régimen de AFAP, establecer como inmodificable los 60 años como edad para alcanzar la jubilación y la fijación de un monto mínimo de prestaciones (jubilaciones y pensiones) que garanticen un piso de protección social a la población uruguaya.

Nadie, ninguna organización sindical se ha pronunciado aún en forma contraria a esta alternativa. Sin embargo, en la última Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, representantes de dos organizaciones hermanas propusieron una moción alternativa mediante la cual, por la vía de los hechos, desandaríamos caminos que ya hemos recorrido muy extensamente. Su propuesta fue, simplemente, abrir un debate, como si no tuviéramos ya más que suficiente elaboración colectiva durante más de dos décadas.

Este tema se laudará en ese ámbito en el próximo mes de julio. Está llegando la hora de la verdad. No se puede seguir simplemente emitiendo declaraciones, sino que es tiempo de afrontar en forma definitiva este nuevo despojo que se le ha hecho a la ciudadanía. No podemos estar a merced de los gobiernos de turno y su mayor o menor cercanía con las órdenes que emanan desde las organizaciones internacionales de crédito o directamente desde las empresas privadas calificadoras de riesgo para ver cómo se perjudica a las uruguayas y los uruguayos todos.

La propuesta, que lleva la firma de 14 sindicatos integrantes de nuestra central obrera contiene lo necesario para aportar soluciones inmediatas para las condiciones de vida material de los más desposeídos de la sociedad, hace caer, vaciando de contenido, a la ley recientemente aprobada de reforma jubilatoria y, lo que entendemos fundamental, permite proyectar una imprescindible alternativa de alcance y concepción integral en materia de seguridad social para el Uruguay, con los contenidos que desde el año 2003 viene promoviendo el PIT-CNT en forma permanente.

Porque no puede pasarnos más, en nuestro país, que se aprueben reformas jubilatorias elaboradas desde la comodidad de un escritorio para que las sufran las uruguayas y los uruguayos, muy especialmente los que menos tienen, los que tienen una vida llena de privaciones y los que vivimos de nuestro trabajo.

Karina Sosa es presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social