Mucho se ha escrito sobre la crisis del agua que estamos viviendo y sus consecuencias. Sin embargo, me resulta curiosa la falta de comprensión, no sólo de la población y del periodismo en general, sino también del sistema político honesto sobre algunos hechos.

Tengamos en cuenta que durante la crisis el gobierno comenzó a denominar al agua que ya no era potable “agua bebible”, estableciendo por decreto nuevos niveles mucho más altos de sodio, cloruros y trihalometanos. Con esto se quería indicar que, si no se tenía algunas vulnerabilidades, el agua podía beberse por cortos períodos sin mayor riesgo, o algo así, pero manteniendo los valores de potable para cuando se pudiera volver a ellos.

Para definir el concepto de manera sencilla, se considera agua potable aquella que puede ser utilizada para beber y cocinar, con independencia de la edad, el estado nutricional, comorbilidades, etcétera, durante toda la vida de la persona (más allá de que investigaciones científicas recientes arrojen un manto de dudas respecto de la veracidad de tal definición).[^1]

Hemos visto en los últimos días cómo, a raíz de las últimas precipitaciones de relativa importancia que trajeron el aumento del caudal del río Santa Lucía grande y chico, se ha podido recuperar la calidad del agua que brinda la OSE a los niveles de lo que internacionalmente se considera agua potable. Sin embargo, no sin asombro, observamos que el Ministerio de Salud Pública (MSP) sigue haciendo recomendaciones para poblaciones con cierto grado de vulnerabilidad física, como pueden ser lactantes, mujeres embarazadas y quienes padecen algunas enfermedades crónicas, para que no tomen agua de OSE o lo hagan de forma muy limitada si no pueden comprar agua embotellada.

Dado que luego de las lluvias los niveles de sodio y cloruro nuevamente están dentro de la norma que regula los procesos de potabilización, y asumiendo que los resultados no ocultan otros contaminantes detectados por el laboratorio de la OSE, si la ministra de Salud Pública tiene información que establece que el agua igual puede provocar problemas de salud que justifiquen que se continúe recomendando tomar agua de botella, debiera, porque así le corresponde por ley al MSP, modificar los límites establecidos para agua realmente potable según la norma actualmente vigente o, de lo contrario, está faltando a la verdad con oscuras intenciones al promover el consumo de agua embotellada, que representa un pingüe negocio para algunas industrias que utilizan nuestra agua sin pagar cánones. También podemos pensar que pretende, mediante desinformación, mantener a la sociedad con un alto grado de preocupación, a los efectos de poder justificar el otro negocio (o negociado) para algunos, que es el proyecto Neptuno (ahora denominado proyecto Arazatí, porque Neptuno tiene sabor salado).

Está claro que se ha alumbrado agua de excelente calidad en Montevideo y se podría alumbrar mucho más si se quisiera, comparable con el rendimiento de la planta desalinizadora y más. También se han dejado sin utilizar pozos por aparecer en ellos unos inofensivos Escherichia coli no fecales, presentes en cualquier pozo de balde con el que nos criamos muchos de nosotros, que en todo caso son extremadamente sencillos de eliminar con un simple dispensador automático, como hacen los tamberos en sus establecimientos.

Otra perplejidad me produce lo que ha ocurrido con la planta desalinizadora y su utilización, situación que es de ripley. Las autoridades gubernamentales hablan de darles agua potable a cientos de miles de personas y parece que a casi nadie se le ocurre hacer un cálculo de cuánto consume en promedio un uruguayo y compararlo con el rendimiento establecido por la planta. Para hacerlo fácil al cálculo, los uruguayos consumimos en el orden de 100 litros por día de agua potable (supongamos que nos pusimos a ahorrar como deberíamos haberlo hecho si nos hubieran informado bien). En realidad consumimos bastante más, pero hagamos los cálculos simples, como los puede hacer mentalmente cualquier persona que haya ido a la escuela y obtenido las necesarias “competencias”. Si la planta potabiliza 200.000 litros diarios que piensan mezclar con agua de peor calidad para disponer de 300.000 litros (es decir, 300 metros cúbicos, que es la unidad de medida que se usa para el abastecimiento a la zona metropolitana), a 100 litros por persona, daría para 3.000 personas enviando el agua por la red. O faltan a la verdad, o confunden litros con metros cúbicos, denotando que no obtuvieron en la escuela las “competencias” requeridas. Cuando hablan de 150.000 personas, estarían hablando del consumo de agua como bebida (dos litros), pero eso no se puede distribuir de forma diferenciada por la red. Es decir, no hay manera de mandar a la red solamente esta agua desalinizada para beber.

Entonces, ¿para qué se compró esta planta? ¿Para hacer ver que en el momento más álgido de incertidumbre para la población de la zona metropolitana se estaban haciendo cosas importantes?

Cuando están diciendo que van a abastecer a la población que tradicionalmente recibía agua de la Laguna del Cisne, que son decenas de miles, ¿a nadie se le ocurre hacer una pregunta sobre esa información inconsistente? ¿O al menos incluir un comentario sobre ella por lo menos en la misma nota de prensa, cuando se analiza un comunicado oficial u oficioso? Además, nosotros nos preguntamos muchas otras cosas, como ser: ¿qué objetivo tiene instalar la desalinizadora en la Laguna del Cisne, cuya agua no es salobre?; ¿para dar agua a quién?; ¿con qué objetivo?

Lo de la desalinizadora ha sido falaz y ha ocurrido de tal manera que parece una nube de humo premeditada. En primer lugar, se informó que iba a ser una planta basada en un diseño de la Universidad Tecnológica (UTEC) que se fabricaría en Estados Unidos. Finalmente, resulta que sólo hicieron algunas recomendaciones de ajuste, como en cualquier compra del Estado, y fue diseñada y fabricada en Estados Unidos. Al mismo tiempo, cuando seleccionaban las especificaciones del catálogo de productos de la empresa, no fueron capaces de prever las medidas máximas para consultar si se podía reducir 15 cm (nunca supimos si en alto, ancho o largo) para traerla usando esos actualmente poco útiles y viejos Hércules, que compramos de a pares para hacer algún viaje a la Antártida.

Ahora que la planta ya llegó, luego de un largo, azaroso y oneroso viaje por mar, se informa que el “supuesto diseñador” -asesor en la compra de la planta, que trasciende que es un profesor de la UTEC que vive en Europa- tiene que estar presente no se sabe bien para qué, dado que también va a venir personal de los fabricantes. Aunque podría pensarse que dado que se trata de una planta portátil, por lo tanto posiblemente estándar, para ponerla en funcionamiento, seguramente basta con que algún ingeniero local estudie el manual. Para sorpresa, también ahora nos enteramos de que los fondos para la adquisición son de la propia UTEC y que en el futuro volverá a la universidad (en dos años) y servirá para investigación. Entonces, ¿para qué se compró esta planta? ¿Para hacer ver que en el momento más álgido de incertidumbre para la población de la zona metropolitana se estaban haciendo cosas importantes?

En esos meses, yo sólo he visto a un diputado de la oposición hacer preguntas inteligentes en relación con este carnaval de noticias falaces y humo. También he visto el llamado a silencio de Edgardo Ortuño, integrante del directorio por la oposición, para echar luz sobre este carnaval de ambigüedades y verdades a medias. No sé si lo hará por vergüenza ajena o por intentar mantener el prestigio de la empresa, pero, sea lo que sea, continúa habiendo una campaña de desinformación pública, lanzada por las autoridades de gobierno, que me siento en la obligación de denunciar.

No me olvido, a su vez, de que a raíz de tratar de justificarse por el tirón de orejas que nos pegó la Organización de las Naciones Unidas por nuestro manejo displicente del agua, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, señaló que eso se debía a una campaña internacional que algunos vienen haciendo en el exterior para desprestigiar a Uruguay. Como a muchos les consta que he sido entrevistado por numerosos medios de prensa internacionales por esta crisis, recojo que el mensaje es una amenaza más, que por provenir del ministro de Defensa y comandante en jefe del Ejército que hace creer que dirige, es de una gravedad inusitada.

Daniel Panario es doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua y profesor del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República.

  1. Lukowicz C. et al. 2018. Metabolic effects of a chronic dietary exposure to a low-dose pesticide cocktail in mice: sexual dimorphism and role of the constitutive androstane receptor. Environmental Health Perspectives. 126:067007, doi:10.1289/EHP2877.