Ecuador, el narco y nosotros

La ofensiva de las organizaciones dedicadas al narcotráfico junto con las políticas llevadas a cabo por los últimos gobiernos en Ecuador están llevando al país y al Estado tal como lo conocemos a un serio riesgo, lo que nos debe llevar a reflexionar sobre las causas de la situación actual. Sin pretender explicar la situación de manera acabada, pero utilizando el caso, nos proponemos en principio conceptualizar el problema, intentando demostrar su complejidad en una serie de aspectos intrínsecos al problema mismo.

El ejemplo de Ecuador

Tomamos el caso de Ecuador no sólo por la situación actual, sino porque es útil para ejemplificar el efecto del narcotráfico en un país, mostrando hasta dónde puede llegar si no se aplican a tiempo las políticas adecuadas. ¿Cómo se llegó a esta situación? En primer lugar, no hubo una política clara y persistente con el tema de las pandillas. Con el gobierno de Rafael Correa se había llegado a cierto control, pero el cambio a políticas de desmantelamiento del Estado de los sucesivos gobiernos condujo al desgobierno actual, empeorando las condiciones sociales para las mayorías. Por otro lado, según la mayoría de los informes y análisis de inteligencia, Ecuador pasó de ser un país de tránsito de la droga a un país de acopio, lo que fortaleció la presencia del narco y lo vinculó más a los grandes productores, Colombia y México. Con un Estado débil, con mayor pobreza y mayor presencia del narco, y con un gobierno con un rumbo equivocado, la situación no iba a tardar en complicarse.

El narcotráfico

Ante todo, el narcotráfico es un negocio. Por fuera de la ley, y también justamente por eso, es muy rentable. Desde fines del siglo pasado, pese a los campeones de la DEA y la propaganda de las requisas, no ha hecho más que multiplicar su producción y por ende sus ganancias. Tan grandes, que sólo en 1990 los cárteles en Colombia propusieron pagar toda la deuda externa del país si llegaban a un acuerdo, y aun así seguían con un enorme poder económico. Ahora se multiplicó por muchas veces más, como muestran los datos de todas las instituciones, y, sobre todo, se expandió, lo que muestra el fracaso de las actuales políticas. Pero no se expande de cualquier forma. El ciclo, que comprende el cultivo y la producción, el procesamiento, la cadena de distribución y la llegada al mercado consumidor, al ser ilegal, debe contar con un componente ligado a lo financiero que le permita “lavar”, es decir, legalizar, sus ganancias, y así entrar al circuito legal. El gran beneficiado es, sin dudas, el sistema financiero, que lleva la parte del león en el reparto. Ese sistema financiero se encuentra en los grandes bancos en Estados Unidos, Inglaterra y toda una miríada de paraísos fiscales, que son componentes del sistema financiero mundial.

Por otro lado, el ciclo del narco no se efectúa en un solo país; hay países que producen, otros acopian, hay una cadena de comercialización y un circuito financiero que lo blanquea. Por eso no se percibe la globalidad del negocio desde un solo país, es necesaria una mirada más abarcativa. Por lo anterior, es considerado un fenómeno transnacional, que actúa como cualquier otra multinacional legal, con los mismos criterios de acumulación capitalista, pero fuera de la ley, creando sus propias reglas. Además, y como consecuencia del propio sistema de producción, el narco necesita insertarse de alguna manera en el sistema legal y contar con cierta protección de este, tanto política como legal, y es ahí donde choca con sus limitaciones y con el poder del Estado. Por eso lo quiere débil.

Las políticas de seguridad

La defensa que tiene el Estado es su institucionalidad, la firmeza de sus políticas y sus instituciones. En particular, pero no todas, las políticas de seguridad. De nuevo, este problema no se resuelve con baladronadas ni medidas aisladas. Suenan atractivas para una campaña, pero son totalmente ineficaces como políticas públicas. Es necesario armonizar, desde el gobierno, la política de seguridad propiamente dicha, la política carcelaria y el sistema legal, particularmente el penal. En particular, las dos primeras requieren conducción política, es decir, una serie de directivas que conducen la institución policial y carcelaria y que se derivan de una estrategia general, que se supone deben tener los ministros. Trazar esta estrategia es tarea del gobierno, pues también deben coadyuvar otras instituciones, como por ejemplo aduanas, la secretaría de lavado de activos, la secretaría de inteligencia, etcétera. Queda meridianamente claro que una serie de medidas aisladas entre sí, aun cuando algunas fuesen acertadas, no conforma una estrategia y pierde efectividad. Esta se piensa desde arriba, desde el gobierno y el Estado, y la ejecutan desde los ministerios. La suma de las tácticas no conforma una estrategia.

Cooperación regional e inteligencia

Dado que ningún país está aislado del resto, surge el tema de la cooperación en inteligencia y la posible “ayuda” de un tercer país. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos decidió ayudar y enviar a la comandante Laura Richardson, jefa del Comando Sur, a ver la situación. Una comandante militar en un problema de narcotráfico. Ya hemos visto que en situaciones similares la intervención militar no hizo sino empeorar la situación, como lo demuestran Colombia y México, agravada en este caso por tratarse de un ejército extranjero, que, como es lógico, vela por los intereses de su país, y además sujeto a las leyes de su país.

La inteligencia merece un capítulo aparte, dado que constituyen los ojos y oídos de cualquier fuerza; sin ella, sin información, se actúa a ciegas. Las agencias recopilan información y comparten, en el entendido de que “compartir” significa dar y recibir información. Pero, al igual que las fuerzas extranjeras, responden a los intereses de su país y, sobre todo, a los planes e intenciones que indica para la región, siempre con la misma lógica. Por ello es un grave error, y es la admisión de la impotencia, pedir a una agencia extranjera que se radique en el país, puesto que es el mismo país el que debe procurar su inteligencia y, cómo no, compartirla. Pero siempre en el entendido de que se la posee. Si no, no es compartir, sino mendigar ayuda, lo que no deja bien parado a ningún país.

Puntos para una agenda

De las líneas anteriores se desprende la importancia de una política sostenida en el tiempo, única forma de obtener resultados. Se ha expresado que es necesario un acuerdo en políticas de seguridad y es cierto, pero lo fundamental es en torno a qué gira ese acuerdo, no el acuerdo mismo. Y debe ser un acuerdo político, no meramente técnico, pues sin la voluntad política expresa no hay posibilidades de implementación. Parece evidente que ya existe la conciencia de que nos enfrentamos a un problema multicausal que no se soluciona con medidas policíacas solamente. Es necesario pensar en el largo plazo, con medidas preventivas y sociales, pero también en la situación actual, en el punto de arranque.

La conducción política de los puestos clave con una estrategia a corto y mediano plazo es lo primero a tener en cuenta. El equipo político del Ministerio del Interior debe estar en condiciones, no de participar en la operativa, pero sí de comprenderla. No es la Policía la que debe dictar qué hacer, sino cómo hacer.

Planificación y control territorial son dos tareas fundamentales; hoy la inseguridad campea en varios barrios, a pesar de que la Policía entra a todos. Es necesario terminar con el dominio territorial de las bandas; quien debe dominar el territorio es el Estado, y no sólo con la Policía.

En el mismo sentido podemos hablar de la política carcelaria, hay que definir qué tipo de prisiones y qué tipo de rehabilitación queremos y podemos, y sin discutir en este momento dónde deben ir las prisiones sí debemos definir las políticas.

Un punto final para la inteligencia: tanto desde los organismos del Ministerio del Interior (dirección de inteligencia, inteligencia carcelaria, etcétera) como desde la Secretaría de Inteligencia Estratégica se deben aunar esfuerzos, cada una en su ámbito y nivel, pero coordinadas, en la obtención de inteligencia, tanto en lo interno como con las agencias amigas. Es allí donde se debe compartir la información. Sin ello no puede haber resultados favorables.

El proceso mostrará también si es necesario un adecuamiento del sistema penal y sus necesidades. Pero una cosa se desprende de todo lo anterior: no puede haber éxito sin la definición de estrategias a nivel del gobierno y sin conducción política a nivel ministerial.

Jorge Jouroff es experto en seguridad y defensa.