Uruguay ha sido un referente en América Latina en materia de políticas sociales. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un retroceso significativo en un área crucial: el turismo social. El cierre del Sistema Nacional de Turismo Social (SNTS) representó una pérdida irreparable para miles de uruguayos que, gracias a esta iniciativa, pudieron acceder a experiencias vacacionales y mejorar su calidad de vida.

En Uruguay, desde principios del siglo pasado se encuentran los primeros antecedentes y acciones públicas que determinan el descanso de los trabajadores, se establecen las ocho horas de trabajo diario y descansos semanales, las vacaciones pagadas para los empleados de la industria privada y el pago de la licencia anual. Con la llegada del primer partido de izquierda a la presidencia en 2005, recién se implementa una política de turismo social como buque insignia del gobierno en materia de turismo. Se creó y se implementó el SNTS durante quince años. La apuesta que hizo el Estado uruguayo en 2006 con el SNTS fue pensada y proyectada para un largo plazo, con el fin de implementar una política que fuera sostenible en el tiempo. Consensuar y negociar con diversos actores requirió un proceso de planificación continua en la que el diálogo y la construcción de espacios de confianza fueron elementos decisivos.

El SNTS era mucho más que unas vacaciones. Era una herramienta fundamental para contribuir a la reducción de la desigualdad, promover la inclusión y fortalecer el tejido social que durante quince años demostró su eficacia. Al garantizar el acceso a espacios de recreación y esparcimiento para todos los ciudadanos, contribuía a construir una sociedad más justa y equitativa. Y no sólo permitió a miles de uruguayos disfrutar de sus vacaciones, sino que también generó un impacto positivo en las economías locales. Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (20181)1, en más de una década el programa logró alcanzar a 30.000 beneficiarios de 170 localidades que llegaron a 70 destinos, combinando la labor de más de 150 operadores (entre hoteles, restaurantes, compañías de transporte y agencias de viajes) y 200 emprendimientos locales.

Tabla 1. Evolución anual de cobertura (beneficiarios/población objetivo)2 por tipo de programa del SNTS

Programa 2013 2014 2015 2016 2017
Quinceañeras 93,2 90,8 93,6 80,8 90,8
Estudiantil 40,5 54,3 59,8 65,3 78,6
Joven 118,3 182,9 29,2 46,7 117,1
Trabajadores 62,7 69,7 51,5 40,9 52,0
Adultos mayores 27,5 45,8 65,9 50,2 55,8
Paseos por el día n/a n/a n/a n/a 89,3

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2018).

¿Qué argumentos fundamentan un SNTS?

Desigualdad: Al garantizar el acceso a vacaciones para todos, se contribuye a una mayor equidad social.

Desarrollo local: El turismo social genera un impacto positivo en las economías locales, creando empleo y dinamizando la actividad económica en destinos menos conocidos.

Cohesión social: El turismo social fomenta la cohesión social al permitir que personas de diferentes orígenes compartan experiencias y construyan lazos.

Bienestar: El acceso a espacios de recreación y esparcimiento es fundamental para el bienestar físico y mental de las personas.

El cierre del Sistema Nacional de Turismo Social es una decisión que va en contra de los principios de justicia social y equidad. Es un retroceso que nos aleja de los estándares internacionales en materia de turismo sostenible.

Sin embargo, esta política pública fue víctima de un cambio de rumbo ideológico que priorizó los intereses individuales por encima de las necesidades colectivas. Este hecho, a su vez, coincidió con el inicio de la pandemia de covid-19 en el país. El debilitamiento, primero, y el cierre luego del SNTS, no es una cuestión fácil de entender, si uno analiza el programa de gobierno del partido ganador y, cuando en el período pospandemia, se intenta reactivar la actividad turística mediante una apelación al turismo interno y de cercanías.

La decisión de cerrar el SNTS se fundamenta en una visión estrecha y limitada del rol del Estado. Se argumenta que el gobierno no debe intervenir en la economía y que el mercado debe regular todas las actividades, incluso aquellas relacionadas con el bienestar social. Esta postura, que ignora las evidencias empíricas y los beneficios sociales del turismo social, es miope y peligrosa. Para sorpresa de todos, en abril del presente año, el SNTS desaparece con la implementación de un nuevo programa denominado “Turismo para todos”, en el que el posicionamiento es totalmente contrapuesto, con una perspectiva diferente, parcial y liberada al mercado y al accionar del empresariado, bajo el principio de que el Estado no debe subvencionar las políticas de este tipo porque no tiene rédito económico o, tal vez, no tenga un futuro beneficio electoral.

El cierre del SNTS es una decisión que va en contra de los principios de justicia social y equidad. Es un retroceso que nos aleja de los estándares internacionales en materia de turismo sostenible. Es fundamental que la sociedad civil y los actores políticos se movilicen para exigir la recuperación de esta política pública y la implementación de nuevas medidas que garanticen el acceso al turismo para todos los uruguayos.

Es hora de que alcemos nuestra voz y exijamos un turismo más inclusivo y solidario. Nuestros representantes políticos deberán priorizar el bienestar de la población y revertir esta decisión. Podrán articularla con el Sistema Nacional de Cuidados. El turismo social no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestro país.

Rossana Campodónico es docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Claudio Quintana es docente e investigador en la Universidad de la República, fue director de Turismo de Paysandú y de Montevideo fue asesor de la Intendencia de Montevideo.


  1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. (2018). Evaluaciones de Diseño, Implementación y Desempeño (DID). Una herramienta para la mejora continua de los servicios públicos. Sistema Nacional de Turismo Social (SNTS)

  2. Las cifras de cobertura surgen de calcular la ratio entre beneficiarios por programa en cada año y las poblaciones objetivo establecidas en las metas de referencia del año 2017.